25 años de neoliberalismo en el Perú

 

25 años de neoliberalismo en el Perú

Análisis de la Constitución Política de 1993

Manuel Benza Pflücker

Biblioteca del Congreso del Perú 343 B38 Benza Pflücker, Manuel Germán 25  años de neoliberalismo en el Perú. Análisis de la  Constitución Política de 1993 / Manuel Benza Pflücker. – Lima: [s.n.], 2018.               148 p.; 20 cm.                                                                             ISBN: 978-612-00-3928-1           CONSTITUCIÓN, 1993 / DEMOCRACIA / NEOLIBERALISMO / ECONOMÍA DE MERCADO /  MODELOS ECONÓMICOS / IDEOLOGÍAS POLÍTICAS / DERECHO CONSTITUCIONAL / PERÚ / SIGLO XX

Manuel Benza Pflücker                                                                                                                                        

25 AÑOS DE NEOLIBERALISMO EN EL PERÚ. ANÁLISIS DE LA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1993

Diseño de carátula:  Omar Garay

Corrección ortotipográfica y de estilo:  Ricardo Ramírez

Diagramación:  Tarea Asociación Gráfica Educativa                                                                                      Coordinación general:  Jessica Andrade

Autor-editor

©  Manuel Benza Pflücker                                                                                     

       Grau 170, Int. D, Miraflores

      Primera edición, noviembre de 2018

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, incluido el diseño tipográfico y de portada, sea cual fuere el medio, sin la autorización expresa del titular de los derechos.

Impreso en Tarea Asociación Gráfica Educativa                                                                                     

Pasaje María Auxiliadora 156, Breña                                                                                                                    Publicado en noviembre de 2018                                                                                                           

Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2018-18778           Tiraje: 1000 ejemplares

Mi especial agradecimiento a mi esposa Soledad Llatas Arteaga, y a mi hijo, Manuel Benza Llatas, por su apoyo incondicional a la publicación de este libro.

                                                         

A mis padres,

María Luisa Pflücker de Benza y

Capitán de Navío Manuel Benza Chacón, quienes me inculcaron dignidad  y espíritu social

 

Índice

Presentación

Alberto Quintanilla Chacón                                                      11

Capítulo I

Gestación y orientación de la Constitución Política

del Perú de 1993                                                                 13

Capítulo II

Antecedentes                                                                     31

Capítulo III

Reflexiones en torno a las ideas de base del liberalismo

político y del liberalismo económico                                       45

Capítulo IV

El Consenso de Washington                                                 51

Capítulo V

La Constitución peruana de 1993 y su acervo neoliberal             63

Capítulo VI

Neoliberalismo y democracia                                                95

Capítulo VII

Resumen corregido y aumentado                                         123

Bibliografía                                                                    141

 

Capítulo I

Gestación y orientación de la constitución

Política del Perú de 1993

L

a Constitución Política del Perú fue promulgada el 29 de diciembre de 1993. Producido el golpe de Estado del 5 de abril de 1992, la Organización de Estados Americanos (OEA), poco después “de-

plora” débilmente el golpe, lo cual le otorga legitimidad internacional al gobierno fujimorista. No toma ninguna medida de castigo económico. Luego de un mes del golpe de Estado, el expresidente Alberto Fujimori se compromete en sesión de la OEA en Bahamas, a convocar el Congreso Constituyente Democrático (CCD) para cambiar la Constitución, asunto que cumplió. El 22 de noviembre del año del golpe se efectuaron las elecciones al Congreso Constituyente Democrático (CCD), luego de una campaña electoral asimétrica que no otorgó a los adversarios de la propuesta de Constitución neoliberal oportunidad de defender sus posiciones.

El Movimiento Nuevo Perú, principalmente impulsado por el economista Guillermo Aznarán (luego decano del Colegio de Economistas y decano de la Facultad de Economía de San Marcos, recientemente fallecido) y por mí, nunca fue invitado, ni como movimiento político ni por intermedio de los dos dirigentes fundadores del mismo, a alguna entrevista televisiva que permitiese explicar nuestros puntos de vista contrarios al contenido neoliberal que ya se vislumbraba: era una programación de TV controlada por el Gobierno. Hoy sigue siendo el gran capital, a través de sus lobbies y operadores, el que decide los límites de un debate político, incluido en muchos casos, a quiénes se invita, o no, a cada debate.

La proximidad entre el golpe de Estado y la convocatoria a una

Asamblea Constituyente nos muestra que la razón principal de dicho golpe de Estado era la redacción de una nueva Constitución a la medida del “Consenso de Washington” (CW), documento que le fue entregado en Nueva York a Fujimori, presidente electo, por autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de Norteamérica y el Banco Mundial, instituciones controladas por dicho país, días antes de prestar juramento a la Presidencia del Perú. El CW había sido confeccionado pocos meses antes por los organismos mencionados, a cargo de John Williamson y representantes del establishment que mencionaremos.

En noviembre de 1989, el Instituto Internacional de Economía llevó a cabo una conferencia bajo el título “Latin American Adjustment: How Much Has Happened?”. En ella, John Williamson (profesor de dicho instituto) presentó un resumen sobre las que él consideraba las principales reformas que era necesario formular en Washington para restablecer el crecimiento económico de América Latina. Cuando se convocaron las elecciones generales en el Perú, fue el candidato Mario Vargas Llosa el abanderado de dichas ideas, mientras que el candidato Alberto Fujimori se opuso a ellas en ambas vueltas electorales. Gran parte del electorado aprista y de izquierda, sin mediar un pacto con Fujimori, votó contra Vargas Llosa precisamente para evitar las privatizaciones y el shock.

La visita del presidente electo Fujimori a Nueva York y su sujeción al CW es clave para entender su gobierno y el de todos los que lo siguieron (Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y, ahora, Martín Vizcarra), todos regidos por la misma Constitución neoliberal. A mi juicio, la de mayor liberalidad económica del mundo y en la que el Estado tiene el rol menos protagónico en la tuición de la sociedad: la de mayor liberalización económica de la economía, lo cual ha estimulado un cambio en la cultura política de un significativo sector de la población, convirtiendo en “normal” o “natural” la percepción de la privatización de servicios públicos básicos, la oferta y la demanda como único mecanismo de fijación de precios, las tendencias a la especulación, y a la inserción subyugada del Perú al poder económico y político transnacional.

Alberto Fujimori puso en operación las ideas del CW en forma ortodoxa, con ello implementó el programa de su contendor en la segunda vuelta, Mario Vargas Llosa, traicionando el sentido del voto popular que le dio el triunfo. El candidato Fujimori había prometido varias veces en su campaña electoral no privatizar empresas públicas y no producir un shock en la economía (abrupta y significativa alza de precios de todos los bienes y servicios) para combatir la hiperinflación que dejaba el Gobierno de Alan García. Inmediatamente después que asumió el poder aplicó las mismas políticas que habían sufrido un fracaso estrepitoso en Argentina y Brasil. El presidente de Brasil, Fernando Collor de Mello, propuso medidas radicales para controlar la inflación, como el fin de la fijación de precios, las que a largo plazo se mostraron ineficaces, adoptando el “Consenso de Washington”. Collor de Mello fue vacado de la Presidencia de Brasil poco después mediante el procedimiento de impeachment.

Las mismas políticas neoliberales aplicó Carlos Menem, principalmente desde 1990, en Argentina. Las bases de dichas políticas eran la implementación de una economía de mercado, la reducción al mínimo del rol del Estado, la privatización de las empresas estatales y el despido de miles de trabajadores que fueron perdiendo derechos laborales. El fracaso de la política económica de Menem fue total y devino en un repudio popular que acabó con su gobierno.

Anterior a estas dos experiencias fue la del neoliberalismo en Chile, impuesto por Augusto Pinochet dictatorialmente desde que asumió el poder mediante el sangriento golpe de Estado de setiembre de 1973, acompañando el autoritarismo político con medidas neoliberales hasta el cambio de rumbo en la política económica que su Gobierno tuvo que adoptar a fines de 1982, cuando fracasaron las políticas sugeridas por Friedrich von Hayek y Milton Friedman, visitantes de Chile en 1977 y 1981 el primero, y en 1975 el segundo (fundadores del movimiento neoliberal en 1947). Pinochet gobernó desde 1973 hasta 1990. En resumen, tres experiencias de aplicación de políticas neoliberales habían fracasado en América Latina antes de que Fujimori las aplicara en el Perú.

Las declaraciones de Friedrich von Hayek al diario El Mercurio de Chile, el 12 de abril de 1981, son muy elocuentes:

Mi preferencia personal se inclina a una dictadura liberal y no a un gobierno democrático donde todo liberalismo está ausente (...). Desafortunadamente las democracias están concediendo demasiado poder al Estado. Esta es la razón por la cual soy muy cuidadoso en distinguir entre «democracias limitadas» y «democracias ilimitadas». Y obviamente mi elección es por las «democracias limitadas» (...). Una dictadura puede ser un sistema necesario para un período de transición.

En un simple análisis del texto, cuando dice “liberalismo” se refiere a “neoliberalismo”.

El dilema sobre neoliberalismo y/o democracia es, a mi juicio, el más importante de las democracias modernas. A mi entender, el neoliberalismo contradice la democracia o la limita, la distorsiona y, en última instancia, la impide, trabando las instituciones estatales, contribuyendo a que la lógica de la oferta y la demanda se introduzca como criterio de asignación de recursos por parte del Estado, sustituyendo el concepto y la práctica de servicio por los del lucro, y, a la vez, introduciendo la mayor corrupción en las instituciones estatales en nombre de una supuesta democracia.

Democracia y neoliberalismo son en sí mismos términos contradictorios en la medida en que la lógica excluyente del mercado es de por sí incompatible con la lógica integradora de la democracia^[1].

Analizar la Constitución peruana sin tener en cuenta su direccionalidad neoliberal impide comprender la propia Constitución.

Los resultados de las elecciones al CCD en 1992, otorgaron 44 escaños (49.3%) a la alianza fujimorista Cambio 90-Nueva Mayoría. Dicha cómoda mayoría se fortaleció con el apoyo de otras fuerzas neoliberales: el PPC con 8 escaños, el FIM con 7, el Movimiento Renovación, (liderado por Rafael Rey, aliado del fujimorismo) con 6, la Coordinadora Democrática con 4, y Solidaridad y Democracia (SODE) con 1. En resumen: 70 votos neoliberales contra 10 no expresamente neoliberales. El 20% de la población votó viciado y el 4% en blanco Para casi una cuarta parte del electorado no se contabilizó el voto efectivo. El Movimiento Nuevo Perú en el que participé quedó fuera, siendo el que más votos obtuvo entre los excluidos. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), controlado por Fujimori y Montesinos, manipuló los resultados.

El CCD se diseñó para 80 constituyentes que debían redactar la nueva Constitución en pocos meses. El CCD se inauguró el 1º de enero de 1993 y concluyó su trabajo el 27 de agosto del mismo año. En realidad, menos de siete meses de labor efectiva, lo cual indica que el texto no fue debatido seriamente, ni antes de las elecciones ni durante el período de sesiones. Lo que quiere decir además que se trató, en lo sustantivo, de una aprobación de mero trámite^[2].

La Constituyente de 1979, en cambio, fue integrada por 100 miembros que debían redactarla en un año. Sus integrantes fueron: 37 de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), 25 del Partido Popular Cristiano-PPC, 12 del Frente Obrero Campesino Estudiantil y Popular (FOCEP), 6 del partido Socialista Revolucionario (PSR), 6 del Partido Comunista peruano (PCP), 4 de la Unidad Democrática y Popular (UDP), 4 del Frente Nacional de Trabajadores y Campesinos (Frenatraca), 2 del Movimiento Democrático Peruano (MDP), y 2 del Partido Demócrata Cristiano (PDC). La alianza APRA-PPC conformó una mayoría, contando adicionalmente con los 2 votos del MDP. Pero la bancada de las izquierdas sumó 26 votos, contando para la mayoría de las votaciones con los 2 votos de la Democracia Cristiana (DC).

El PPC y un porcentaje de los votos apristas eran claramente neoliberales, por lo que la alianza mayoritaria fue conservadora más no neoliberal. En todo caso, se trató de una Asamblea con equilibrio suficiente como para dar (como dio, efectivamente) una Constitución (la de 1979) que concilió puntos de vista divergentes y resultó ideológicamente equilibrada, resultado de un debate serio y plural. A propósito de lo dicho, Pedro Planas opina:

Toda Constitución, por antonomasia, debería ser una norma de consenso, en tanto se trata de un pacto institucional de carácter supragubernamental, ubicado más allá de la tendencias eventuales de un partido mayoritario o del gobierno de turno”^[3]. Claramente, la Carta de 1993 no fue una Constitución de consenso. La organización de toda la Constitución de 1993 obedece a una lógica neoliberal, tanto en lo que respecta a derechos, como al régimen económico y la estructura y atribuciones del Estado. Todo debe facilitar la agilización de la interlocución entre el gran capital y el Estado. ”El neoliberalismo, que es la nueva orientación del capitalismo norteamericano-europeo desde 1975 (y de todas sus zonas de influencia directa e indirecta) con la era Reagan y Thatcher, desde 1980 en América Latina y 1990 en Europa del Este ha implicado un retiro del Estado en tanto cogestor de la economía (….) por las exigencias del gran capital para agilizar la interlocución entre la representación del Estado con los tenedores de dicho gran capital, crecientemente concentrado. El gran capital requiere de ágiles negociaciones^[4].

La Constitución de 1993 contiene 206 artículos y 16 disposiciones transitorias, desplegados en 6 Títulos y 20 Capítulos.

Cualitativamente, implican la creación de una serie de figuras constitucionales no incluidas en la Constitución de 1979, organizadas detrás de la lógica dominante neoliberal. La mayoría de esos contenidos, además de no ser debatidos en forma concienzuda en el CCD, no eran conocidos por la población pues no hubo debate público.

Se buscaba una aprobación apresurada. El golpe neoliberal se había producido y sus consecuencias transformaron el país hasta los resultados que hoy se muestran, que serán expuestos más adelante. Este golpe no se puede entender sino en el contexto coyuntural del 5 de abril de 1992 y la subsiguiente redacción e imposición de la Constitución Política del Perú, vigente a la fecha 26 años, desde fines de 1993 hasta la fecha en que escribo este capítulo: 2018.

El Gobierno de Fujimori arguyó que la principal razón que lo impulsó a perpetrar el golpe de Estado del 5 de abril de 1992 era la de facilitar la lucha antisubversiva así como tomar medidas para reactivar la economía. Esa argumentación la sigue repitiendo el fujimorismo hasta hoy. No solo se cerró el Congreso sino que se intervino el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Consejo Nacional de la Magistratura y el Tribunal de Garantías Constitucionales. Se llegó al extremo de intervenir el Colegio de Abogados de Lima (a pesar de no ser un organismo estatal).

Se “negoció” la línea editorial de canales de televisión y de diarios de circulación nacional. Algún tiempo después se intervino la Contraloría y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el que, a la postre, quedó dividido entre JNE, Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y Registro Nacional de identificación y Estado Civil (RENIEC). El CCD no fue un órgano democrático que posibilitara un acuerdo equilibrado entre las distintas tendencias ideológicas y políticas.

Pedro Planas añade que, con prescindencia de encontrarse (en 1978) en el ejercicio del poder político un Gobierno militar de facto, se presentaron dos condiciones favorables para “el ejercicio genuino del poder constituyente: a) ninguna agrupación política obtuvo mayoría absoluta en la Asamblea y b) no hubo intervención alguna del poder político que obstaculizara la reflexión institucional”^[5].

Como es evidente, ninguna de las dos condiciones señaladas por Pedro Planas se dieron cuando se convocó y desarrolló el CCD del 1993. El fujimorismo tuvo mayoría y el CCD se convocó y se desarrolló durante el Gobierno de Fujimori.

El abogado constitucionalista Enrique Bernales Ballesteros señala:

El argumento del Presidente Fujimori en el sentido de que el Parlamento (electo el 90 y disuelto el 5 de abril del 92) le negó atributos normativos para enfrentar la crisis política y económica del país carece de fundamento (…). Se registran los siguientes datos: quince leyes autoritativas al Ejecutivo, al amparo de las cuales se dictaron 158 Decretos leyes sobre diferentes y trascendentales materias. La más importante de las leyes autoritativas fue la Nº 25327 que debe ser considerada como una Ley marco mediante la cual el Parlamento otorgó facultades al Ejecutivo para que ajustara y pusiera en práctica los lineamientos básicos de la política del período: estabilización económica, pacificación, fomento del empleo y crecimiento de la inversión privada. La Ley 25327 permitió al Ejecutivo expedir 126 decretos leyes, muchos de ellos fuera del Marco legal autorizado^[6].

Nunca Parlamento alguno había autorizado tantos decretos leyes al Poder Ejecutivo de turno. Decretos leyes que fueron gravitantes no solo por su número sino por su contenido, pues muchos de ellos enfilaron a políticas neoliberales que contradecían la Constitución de 1979.

Desde mi punto de vista, la exagerada laxitud del parlamento en el periodo 1990-1992 fue uno de sus mayores errores estratégico-tácticos: demostró una debilidad política que fue claramente aprovechada por el creciente autoritarismo que ya mostraba el Ejecutivo. Quien escribe estas líneas fue diputado nacional de Izquierda Unida (1985-1990) y sostuvo en el Auditorio José Faustino Sánchez Carrión de la Cámara de Diputados, en marzo de 1992, que la debilidad mostrada por ambas Cámaras en lo arriba señalado y en otros asuntos (como la ilegal aprobación del Presupuesto para 1992), podía arrastrar al Gobierno de Fujimori a cerrar el Parlamento. Fujimori, ya que se apoyaba en las Fuerzas Armadas más que en su propio partido.

Cuando se produjo el golpe de Estado del 5 de abril de 1992 se emitió el Decreto Ley Nº 25418, denominado “Ley de bases del Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional”. Según el mismo, los objetivos del Gobierno eran: “pacificación, moralización de la administración de justicia, modernización de la administración pública, lucha contra el narcotráfico, la inmoralidad y la corrupción, desarrollo de la economía de mercado, reorganización de servicios sociales de educación, salud, vivienda y empleo, etc”. (el resaltado es mío). Cuando se leen los objetivos formulados por Fujimori en 1992, estos podrían formar parte de los objetivos del actual Gobierno de Martín Vizcarra y del actual Parlamento, controlado por los fujimoristas 26 años después. La ironía es también, en este caso, una tragedia. Pocos autores que abordan el análisis de la Constitución peruana de 1993 han destacado, en primer lugar, el carácter neoliberal de la misma. Menos aún, en segundo lugar, que dicho carácter sea el que organiza y explica la direccionalidad principal de dicha Constitución.

En otras palabras, no se ha hecho un análisis económico-político de la Constitución de 1993, que, a mi juicio, es fundamental y que, por ello, justifica la necesidad de emprender el presente trabajo. Hay, sin embargo, algunos aportes significativos en ese sentido.

Entre los que señalo en primer lugar, mencionaré al constitucionalista José Palomino Manchego, quien revela algunos de los rasgos fundamentales de la Constitución del 1993.

A nivel de derechos fundamentales, aunque mantiene casi la mayoría de los derechos civiles y políticos se ha suprimido un contingente de dispositivos de carácter social o derechos sociales, económicos y culturales (aproximadamente hay cincuenta artículos suprimidos de raíz). El fundamento de estas supresiones ha sido a través de un razonamiento simple pero comprensible dentro del pensamiento liberal: solo se deben precisar las normas que no tienen “costo económico al Estado”^[7].

Los derechos eliminados son denominados “de segunda generación” por muchos autores y fueron incluidos en la Constitución de 1979 como una consecuencia del consenso alcanzado por constituyentes de izquierda, centro y derecha, composición que no tuvo el CCD, inmensamente constituido por constituyentes neoliberales y, por tanto, de derecha y ultraderecha. Palomino Manchego denomina “pensamiento liberal” al que muchos autores, incluidos yo mismo, denominamos “ideología neoliberal”.

También fue en cierto momento explícito sobre lo señalado, el constitucionalista Enrique Bernales Ballesteros:

Imbuidos como estaban por incluir la actividad económica en el país en el funcionamiento de un neoliberalismo ortodoxo, el gobierno desmontó muchas de las organizaciones laborales de los trabajadores y redujo el costo financiero para el Estado de obligaciones provenientes de derechos adquiridos por los trabajadores en materias económicas (….) En concreto y para lo que se refiere a esta Constitución durante su vigencia en la década autoritaria de los noventa, su aplicación fue fiel a la letra de su texto: neoliberalismo puro en lo económico y abierto sesgo autoritario en el modelo político que consagra^[8].

Coincido íntegramente con lo manifestado por Bernales en la cita. Sin embargo, en el desarrollo del mismo artículo el autor opina, veinte años después de la aplicación de la Constitución del 1993, que la misma ya se ha convertido “en un instrumento útil para la democracia constitucional que se vive en el país”⁹, planteamiento con el cual discrepo.

Constitucionalistas y políticos conservadores opinaron que la principal causa que impulsó a Fujimori a convocar al CCD para elaborar una nueva Constitución fue su pretensión de incluir una nueva Carta que permitiera su reelección. No dudo que Fujimori tuviese esa intención, ratificada por el empeño que tuvo luego en lograr –mediante una “interpretación auténtica”- la re-reelección. Domingo García Belaúnde opinó que ”tenemos a la presente Constitución, la de 1993, escrita fundamentalmente para satisfacer a una persona: el Sr.Fujimori”¹⁰. En el mismo sentido, Lourdes Flores Nano, también neoliberal, dijo que ”la verdadera razón y casi la única (…) para la creación de la nueva Constitución es hacer viable la reelección”¹¹.

Frente a esa lógica exclusivamente jurídico-política, sostengo que una lectura económico-política explica que la necesidad del gran capital de imponer la lógica neoliberal fue la principal motivación para elaborar dicha Constitución.

Más que solo saturar el significado y el contenido de la democracia con valores del mercado, el neoliberalismo ataca los principios, las prácticas, las culturas, los sujetos y las instituciones de la democracia entendida como el gobierno del pueblo¹².

Una lectura económico-política de la Carta de 1993 nos permite constatar que su principal objetivo fue y sigue siendo el de consagrar

mulgación a la fecha”; Pensamiento Constitucional, 18, 2013, p. 6. (El resaltado es mío).

9        Bernales Ballesteros, Enrique; op. cit., p. 5.

10     García Belaúnde, Domingo; citado por Mc Farland, María, artículo publicado en el New York University Journal of International Law and Politics, vol. 33, 2, 2001, p. 8.

11     Flores Nano, Lourdes; citada por Mc Farland, María, op. cit., p. 8.

12     Brown, Wendy; El pueblo sin atributos. La secreta revolución del neoliberalismo; Editorial Malpaso, Barcelona, 2016, p. 1

legalmente la inserción de la economía peruana en el sistema capitalista neoliberal globalizado, y que las secuelas más evidentes han sido y son la profundización del modelo primario-exportador, el crecimiento de la informalidad, la imposibilidad de diversificación económica (incluida la industria), la apertura ortodoxa al libre mercado y un mayor sometimiento al gran capital transnacional.

La reelección de Fujimori era el mejor “candado” que se podía ofrecer al gran capital extranjero para asegurar un programa autoritario de largo aliento de privatizaciones y de eliminación de la soberanía nacional, condición indispensable para la inserción en la lógica transnacional del capital.

En el epílogo del libro Nueva estructura del Estado peruano, que terminé de escribir en 1993 y fue publicado el mismo año, advertí de la nociva tendencia que ya era perceptible en ese momento:

La aceptación significativa de algunos mitos neoliberales. La “mitología” neoliberal plantea, por ejemplo, que la anhelada prosperidad solo se alcanzará cuando se acceda a la total libertad del mercado, que la competencia nos otorga igualdad de oportunidades a todos, que la crisis actual se debe a la dilación en la aplicación de políticas de liberalización absoluta del comercio, del mercado, etc^[9].

La trama constitucional es esencialmente neoliberal y su impronta se ha trasladado a instituciones y leyes, a cosmovisiones y comportamientos. Se ha trastocado la lógica de enunciación y defensa de derechos por la lógica de generar las condiciones para el lucro, sobre todo del capital transnacional pero también del comportamiento ciudadano, cada vez más alejado de la participación, de la solidaridad y del conocimiento y defensa de los derechos^[10] de sí mismos y de todos.

Uno de los pocos políticos y constitucionalistas peruanos que identificó el carácter nocivo de la Constitución de 1993 es Francisco Eguiguren. En agosto del 2011, siendo Ministro de Justicia, declaró a RPP Noticias:

La Constitución de 1993 obstaculiza la transformación del país (…) su techo ideológico es el de un Estado subordinado al interés privado (…) en esa línea que el Estado no tiene por qué verse, desde una visión ideológica anacrónica, subordinado al interés individual, porque éste, en la actividad económica, está guiado por un afán de lucro y ganancia individual¹⁵.

Luego de una larga reflexión sobre la Constitución de marras, ayudado por la lectura de varias constituciones de otros países, así como de los aportes de varios autores, considero que no es posible emprender una reforma parcial de la Constitución: la lógica neoliberal de la misma no solamente está en el Título III, Del régimen económico, Capítulo I, artículos 58-65 (título o temática inexistente en todas las constituciones que he consultado), sino en la formulación de los derechos de las personas (Título I, Capítulo I, Artículo 2), De los Derechos Sociales y Económicos (Título I, Capítulo II, en particular en los artículos 11 y 13, relativos a salud y educación); en fin, de casi todos los Títulos y Capítulos, con pocas excepciones que haré explícitos.

En cuanto al “núcleo económico neoliberal”, que se ha convertido en lo más preciado para el gran capital, preferentemente transnacional, considero que son los artículos 58, 60, 62 y 63, los que le otorgan un carácter explícitamente neoliberal, conforme a la concepción que los fundadores del neoliberalismo conceptúan.

la época en que se generó cada una. Los derechos de la primera generación fueron- y continúan siendo- los clásicos derechos civiles y políticos; los de la segunda generación emergen como derechos sociales, económicos y culturales (o derechos sociales, en conjunto) con el constitucionalismo social del siglo XX; los derechos de la tercera generación atisban, incipientemente, desde hace escaso tiempo, e incluyen el derecho a la paz, a la cultura, a un medio ambiente sano, a la comunicación e información, etc. Podrían denominarse derechos colectivos”.

15 Eguiguren, Francisco; declaraciones a RPP Noticias, 1º de agosto del 2011.

Son los artículos que en la Constitución de 1993 le dan un sentido específico a lo que la propia Constitución denomina “Economía social de mercado”. Los artículos del régimen económico, serían para algunos constitucionalistas, como el argentino Germán Bidart Campos, que parece que acuñó el término ”contenidos pétreos”; es decir, cláusulas que “si bien pueden reformarse, no pueden alterarse, suprimirse o destruirse”^[11], en este caso porque otorgan sentido al conjunto de la Carta de 1993. Cualquier neoliberal ortodoxo peruano defiende esa posición, a mi juicio deleznable pues contradice el principio de la soberanía popular.

Fue el economista y sociólogo alemán Alfred Müller-Armack el creador del término-concepto “economía social de mercado”, el cual es sinónimo, para dicho autor, de “economía de mercado”,^[12] al postular que la economía privada es libre, promueve el libre comercio en todos los casos y limita la intervención del Estado hasta el extremo de la anulación de derechos fundamentales. Es por lo menos muy intrigante que el señor Müller-Armack fuese, antes de escribir este libro luego de la segunda guerra mundial, un pensador que perteneció al Partido Nazi (NSDAP) y dirigió, por encargo de ese partido, el Instituto de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Münster.

La Constitución de 1993 no considera en este importante extremo el bienestar general. En efecto, el artículo 58 de la Constitución dice, rotundamente: “La iniciativa privada es libre”. Si tan solo en nuestra Constitución estuviese escrito: “La economía privada es libre. Dicha libertad está condicionada por el interés general”^[13], entonces el equilibrio entre la libertad individual de propiedad y el disfrute social de dicha iniciativa sería posible. Pensemos, por ejemplo, en los derechos al agua, a la naturaleza, al acceso igualitario a las diversas manifestaciones culturales, a la información democrática, plurilingüe y multicultural, etc. La formulación del artículo 58 de la Carta de 1993, además de rotunda, es antidemocrática y antinacional.

El principio de subsidiariedad del Estado (artículo 62) reduce en la práctica política que se impuso desde el año 1993, la intervención pública a aquello que es supletorio a la iniciativa privada; o sea, aquello que la iniciativa privada no quiere o no puede convertir en posibilidad de lucro^[14]. La construcción y administración de escuelas o postas de salud rurales, por ejemplo. Pero fallos del Tribunal Constitucional y decisiones del Indecopi se sustentan en el principio de que la iniciativa privada es libre y en el del rol subsidiario del Estado. La falta de capacidad del Estado para cobrar impuestos justos, equivalentes a los que pagan los pequeños propietarios, se ve imposibilitada directamente por el Artículo 62 e indirectamente, por el 63. Esta incapacidad redunda en falta de recursos para satisfacer necesidades básicas. El capital nacional se ve ante la imposibilidad de competir con el transnacional y extranjero por el artículo 63, por lo demás, único en el mundo.

La actual Constitución es perjudicial a la democracia y al pueblo peruano cada día. Eso intentaré demostrar en el contenido de los próximos capítulos.

En resumen, mi posición: es absolutamente necesaria para la construcción de una sociedad más democrática y más justa, pues no hay democracia sin justicia, la sustitución de la Constitución del 93 por otra, mediante una Asamblea Constituyente donde el consenso prime y no la imposición de una aplastante mayoría neoliberal.

Una nueva Constitución donde el principio de la solidaridad reemplace al de la subsidiaridad, el bien común y el desarrollo sostenible sean horizontes posibles, el Estado no sacrifique su función tuitiva y promotora del bienestar de todos en función del afán de lucro de minorías, la libertad de género se garantice, el trabajo se dignifique, la ciencia, la tecnología y la innovación se posibiliten en beneficio de cada ciudadano y de la Nación.

El daño económico, político y cultural que la actual Constitución causa al pueblo peruano es significativo. Así mismo, la tendencia notoria al debilitamiento de las instituciones del Estado y a la corrupción de las mismas, no puede ser comprendida sin tener en cuenta la lógica impresa por la Constitución.

Debo agregar que la Constitución de 1993 fue ratificada mediante referéndum el 31 de octubre del mismo año. La consulta popular se produjo sin haber mediado un debate pluralista en la televisión.

Fujimori planteó la ratificación de la Carta Magna como una consulta que ponía en consideración la opinión de la población sobre su propio gobierno. En ese momento, Fujimori gozaba de una popularidad que bordeaba el 70%. Casi nada se explicó en esos medios, controlados o autocensurados, sobre el contenido de la Constitución. A pesar de todos los elementos que deben estar en juego en una elección tan importante, estos no se dieron, favoreciendo con ello al Gobierno de Fujimori.

El resultado del referéndum, a pesar de la manipulación mediática, fue muy ajustado: 52% a favor y 48% en contra. Las circunstancias en que se produjo el proceso electoral de consulta popular fueron fraudulentas.

Al final del libro que concluí en 1993, ya citado, expresé:

Dada la composición predominante de congresales (resultante de las elecciones) y examinando las propuestas (o la carencia de ellas) creemos improbable que la nueva Carta Constitucional se oriente al diseño de una nueva estructura del Estado que de paso al auténtico ejercicio de la democracia. Por el contrario, tememos que las tendencias actuales nos conducen en el sentido equivocado. Por lo demás, creemos que en relación al régimen económico es imperativo un debate profundo (….) Nos comprometemos en este empeño^[15].

Veinticinco años después, abordo el cumplimiento de mi palabra empeñada con los mismos ideales de servicio a la comunidad y desde la misma perspectiva humanista, cuestionadora de la ideología neoliberal.

 

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antecedentes

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a ideología neoliberal se instituye formalmente en el siglo XX, a partir de 1947, con la conjunción de ideas de aquellos que se reunieron en Mont Pèlerin (Vevey, Suiza) a mediados del año 1947, por iniciativa de Friedrich von Hayek, quien reunió a 36 pensadores, economistas, sociólogos y políticos, predominantemente alemanes y austriacos.

De dicha reunión surgieron dos instituciones: la Mont Pèlerin Society y el Anuario ORDO, palabra que buscó sintetizar un título muy largo: Jahrbuch fúr die Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft (que traduzco libremente como: Anuario para la ordenación de la economía y la sociedad).

Se trataba y se trata -pues dicha asociación sigue existiendo hoy- de promover el neoliberalismo económico en el mundo, lo que implica la reducción del rol del Estado en los procesos económicos, el favorecimiento del libre comercio, la libre circulación del capital financiero, la privatización de empresas estatales, la flexibilización laboral y la institucionalización de la oferta y la demanda como único mecanismo para la fijación de precios de cualquier bien o servicio.

Estas y otras reglas para el funcionamiento de la economía y de la sociedad han tenido y tienen un enorme impacto en todo el mundo, sintetizando las características de la actual etapa del capitalismo. La globalización de la economía (principal, aunque no exclusivamente en el plano financiero) debe entenderse como una globalización neoliberal.

Como resultado de la presión de los intereses del capital, muchos Estados han adecuado sus legislaciones a la globalización neoliberal.

En casos extremos, las constituciones de algunos países han incorporado la lógica neoliberal al funcionamiento de sus respectivos regímenes económicos y sociales, además de crear o suprimir instituciones estatales, reglas jurídicas e instituciones, acordes a dicha ideología.

Por estas razones, el análisis de las constituciones y leyes no puede ni debe restringirse a los aspectos puramente jurídico-políticos, sino relacionarse a la economía política, concretamente, a la mayor o menor presencia de la lógica neoliberal en dicha normatividad.

Al haberse sancionado la Constitución peruana vigente desde 1993, luego de la aplicación de políticas neoliberales en Brasil, Argentina y Chile, y luego de la elaboración del Consenso de Washington (CW), elaborado en esa ciudad capital de los Estados Unidos de América (EUA), en el año 1989, por instituciones controladas por ese país, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, un cabal análisis de dicha Constitución solo se puede emprender a partir de la comprensión del neoliberalismo y de sus derivaciones institucionales y legales.

En efecto, un integral análisis de las instituciones jurídicas y políticas así como de la lógica que orienta la Constitución peruana de 1993, no debe prescindir de tomar en cuenta el sentido de la construcción neoliberal y su condicionamiento ideológico en el rol del Estado y, por tanto, del régimen económico, de la estructura del Estado y de la concepción de los derechos, sobre todo sociales, económicos y culturales. Estos asuntos atraviesan y le otorgan una unidad de sentido a toda Constitución y son los que, principalmente, nos dan indicios sobre las particularidades de la Constitución peruana de 1993.

En pocas palabras: no es posible una cabal comprensión de la Constitución vigente en el Perú de hoy (2018) sin la comprensión de los contenidos neoliberales de la misma.

Ese enfoque en el análisis de la Constitución peruana, quizá la más neoliberal del mundo, es el que voy a desarrollar en los próximos capítulos. Desarrollaré los contenidos del Consenso de Washington en el siguiente capítulo.

Juzgo importante en el presente libro analizar brevemente algunas ideas de varios pensadores que son anteriores a la iniciación del neoliberalismo como ideología, en 1947:

 

•  Bernard de Mandeville, Países Bajos (1670-1733)

El egoísmo como virtud en la vida socio-económica. En su obra La fábula de las abejas, Mandeville desarrolla la tesis de la utilidad social del egoísmo. Según ella todas las leyes sociales resultan de la voluntad egoísta de los débiles de sostenerse mutuamente para protegerse de los más fuertes.

Si hay un libro en la historia del pensamiento que destaque de otros no sólo por la originalidad de su contenido sino por el originalísimo modo en que tuvo lugar su producción, es La Fábula de las Abejas de Bernard de Mandeville. La realización de esta obra comprende un período de veinticuatro años y su germen primitivo fue un poema que no llegaba a treinta páginas y llevaba por título El panal rumoroso: o la redención de los bribones^[16].

Su tesis principal es que las acciones de los hombres no pueden ser separadas en correctas o incorrectas, y que los vicios privados pueden contribuir al bien público mientras que las acciones altruistas pueden en realidad destruirlo. Esta concepción de la vida social, tomada de la vida en un panal de abejas, el autor asume que esa realidad es perfectamente trasladable a la de los seres humanos. Este médico afirma que los vicios de los ciudadanos particulares son elementos necesarios al bienestar y a la grandeza de una sociedad.

Por lo que a mí toca diré, sin la menor consideración al amable lector ni a mí mismo, que concibo al hombre... como un compuesto de varias pasiones y que todas, a medida que se las provoca y van saliendo a la superficie, lo gobiernan por turno, quiéralo o no^[17].

Esta manera de entender al individuo y a las sociedades humanas explicita, de una manera poco común (pues muchos, aunque coinciden, no lo explicitan tan claramente) la idea que la economía puede impulsar la inmoralidad y ello puede ser provechoso económicamente. “El recorrido por las motivaciones de los actos humanos le da a Mandeville la prueba de que no hay en ellas el menor asomo de virtud, pero sí egoísmo, mentira e hipocresía en abundancia”^[18].

Egoísmo e inmoralidad no solamente son “efectos colaterales”, como se diría en el lenguaje actual, sino naturales y convenientes económicamente.

A mi juicio, pocos siglos después, estas ideas forman parte o son muy tomadas en cuenta por los economistas y pensadores neoliberales.

•  Vincent de Gournay, francés (1712-1759)

Uno de los fundadores del liberalismo económico. Generalmente, diversos autores consideran a De Gournay como pensador fisiócrata. Fisiócratas clásicos como Quesnay y Turgot, enfatizaron que la propiedad de la tierra era la base de la riqueza económica. De Gournay, de acuerdo en términos generales con el pensamiento fisiocrático, tomó distancia de los demás fisiócratas en este punto, pues consideró a la industria y al comercio también como fundamentos de la riqueza.

La fisiocracia  es una escuela de pensamiento económico que se desarrolló, principalmente, en el siglo XVIII fundada por François Quesnay en Francia. Afirma la existencia de una ley natural por la cual el buen funcionamiento del sistema económico está asegurado sin la intervención del Estado. El origen del término fisiocracia proviene del griego y quiere decir «gobierno de la naturaleza».

El economista De Gournay acuñó la frase Laissez faire, laissez passer, le mond va de lui mème (tradicionalmente traducida como “Dejar hacer, dejar pasar, el mundo va por sí mismo”), que sirvió y sirve de guía al actual pensamiento neoliberal.

Fue un adversario de la intervención del Estado en los procesos económicos. También formuló la idea por la cual el mercado era guiado por una supuesta mano invisible, lo que conduce a plantear que cualquier intervención del Estado es perniciosa para la economía y la sociedad. Los neoliberales de nuestra época son adversarios de la intervención del Estado en la economía y partidarios, por tanto, de la teoría de la mano invisible.

Los fisiócratas se convirtieron en los paladines del liberalismo económico, del libre cambio y de la no intervención gubernamental en los asuntos de la economía. También, del individualismo económico, pues creyeron que la armonía del orden natural se traducía en la armonía de los intereses individuales y los de la sociedad^[19].

El libre cambio y la no intervención del Estado en los asuntos de la economía son recogidos hoy por los neoliberales.

•  François de Quesnay, francés (1694-1774)

Médico, líder del pensamiento fisiocrático. Quesnay, médico personal del rey Luis XV, publicó el Tableau Économique en 1758, acompañado de un suplemento Maximes Générales du Gouvernement Économique d’un Royaume Agricole.

Es considerado como el pensador fisiócrata por excelencia y principal difusor de dicho pensamiento económico.

Seguidor de la teoría del “orden natural”, consideró que ello justificaba, por sí solo, la riqueza obtenida por el propietario, sin tomar en cuenta el trabajo del ser humano como factor fundamental en el proceso de generación de dicha riqueza.

El excedente agrario sobre los costes de producción es un don que brota gratuitamente de la naturaleza; ésta origina la creación física de bienes cuyo producto neto (o excedente) es la base que sustenta a toda la sociedad^[20]. 

La ley natural “más ventajosa” es “conseguir la mayor satisfacción con el menor gasto, con la menor fatiga”. Es por esto que se opuso a las barreras aduaneras, pues estas impiden el libre desarrollo de la economía y hacen más complicadas las actividades económicas. También en relación a este principio económico decía que cada persona debía actuar individualmente por su bienestar propio y de esta forma se alcanzaría las metas de la sociedad. Defendió la libertad del comercio pues es la política más justa, segura y útil para la nación.

Individualismo y libre comercio, ideas que subsisten y forman parte del neoliberalismo de nuestros días.

•  Jacques Turgot, París (1727–1781)

Fue un político y economista francés, cofundador de la escuela de pensamiento económico conocida como fisiocracia, considerada como la primera escuela económica propiamente tal que haya existido en la historia, tenía como principal bandera de lucha el eliminar al máximo la intervención estatal.

Su premisa básica era que se debía, ante todo, respetar el orden natural. Para los fisiócratas, los intereses individuales se armonizan espontáneamente, al igual que la naturaleza, por lo que la autoridad estatal debe incidir lo menos posible en la economía. Como señalé, el orden natural, es un “principio básico de la escuela fisiócrata. La naturaleza, regida por la ley natural, es la que debe gobernar todas las instituciones humanas. El nombre de fisiocracia, extraído del griego, tiene precisamente este significado: fisis=naturaleza y cracia=gobierno”^[21].

El interés individual coincide siempre con el interés general en el mercado libre. El interés individual, que en una sociedad desigual es manejado por el propietario, tiende a menospreciar al salario de los trabajadores. “Los salarios, tanto de los labradores como de los obreros, se determinan en el mínimo de subsistencia debido a la competencia entre ellos mismos; como el trabajador no tiene más que sus brazos, se ve obligado a vender su esfuerzo a cambio de un salario con el que “no se gana más que la vida”^[22].

Aquello de identificar el interés individual con el interés general como principio “ordenador” de la economía y de la sociedad juega un rol fundamental en la ideología neoliberal contemporánea. También la propuesta de eliminar al máximo la intervención estatal en los procesos económicos.

•    Adam Smith (1723 –1790)

Economista y filósofo escocés, considerado el mayor exponente de la economía clásica. Es autor de la obra An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations, conocida como La riqueza de las naciones (1776), acerca del proceso de creación y acumulación de la riqueza, temas ya abordados por los fisiócratas, pero sin el carácter científico de la obra de Smith. Fue, para muchos, el primer estudio completo y sistemático sobre el tema.

A la obra de Smith se la conoce como el principal aporte a la economía moderna. Estudia la división del trabajo, la moneda, el mercado, naturaleza y origen de la riqueza, precio de las mercancías, beneficios, acumulación de capital, etc.

Sustenta su pensamiento, como los fisiócratas, en la idea de un orden natural, proyectando tal idea al concepto más elaborado y con mayores consecuencias de “sistema de libertad natural”, es decir, que el libre ejercicio del interés individual favorece al interés general, al bien común, mediante la libre empresa, libre comercio y libre competencia.

A diferencia de los fisiócratas, afirma que la libertad de mercado requiere de un complejo de instituciones estatales que la garantice, siendo, en este aspecto, un antecesor directo de los pensadores neoliberales de dos siglos después.

Proscritos enteramente todos los sistemas de preferencia o de restricciones, no queda sino el sencillo y obvio sistema de la libertad natural, que se establece espontáneamente y por sus propios méritos. Todo hombre, con tal que no viole las leyes de la justicia, debe quedar en perfecta libertad para perseguir su propio interés como le plazca, dirigiendo su actividad o invirtiendo sus capitales en concurrencia (en este contexto, se refiere a competencia o competición) con cualquier otro individuo o categoría de personas^[23].

En el sentido que se señala en la cita precedente, su esfuerzo científico es también, a mi juicio, una construcción ideológica.

Su ataque a los capitalistas, referidos a su afán monopólico y a su constante “conspiración contra el público” es más una requisitoria moral que una crítica al funcionamiento del capital, que como Marx señala posteriormente, tiende, por lógica intrínseca, a concentrarse y centralizarse en unos pocos acaudalados y, como contrapartida, conduce al desempleo y a una depreciación de salarios de los trabajadores.

•    John Locke, médico inglés (1632- 1704)

Considerado como uno de los más influyentes pensadores del empirismo. Su formación como médico lo conduce -como en otros casos ya citados- a considerar que la propiedad privada corresponde al propio metabolismo humano.

El fin principal -y podríamos decir único- del gobierno debiera ser la defensa de la vida y la libertad para poder asegurar la propiedad.

Locke planteó que la propiedad es anterior al Estado y que éste surge precisamente para asegurarle a cada persona que su propiedad estará protegida. Es considerado como uno de los principales pensadores que forman parte del liberalismo clásico.

Locke sostuvo una defensa de la propiedad privada en su libro Ensayo sobre el gobierno civil, en el que postuló que todo hombre nace con determinados derechos naturales que el Estado debe proteger. En primer lugar, el derecho a la propiedad privada. Su concepción del mundo, sustentada en el “orden natural”, deriva en su planteamiento por el cual la sociedad está gobernada por un conjunto de leyes naturales, tal como en el universo.

Esto lo condujo a postular que es la ley natural, y no una ley humana, la que debe fijar las tasas de interés y el valor de las monedas.

En otras palabras, una justificación del origen “natural” del libre juego de la oferta y la demanda. Y la pretensión de considerar un absurdo que la autoridad pretenda fijar reglas de juego en la economía.

Esta teoría, que puede ser comparada con la de la “mano invisible” que conduce el mercado, es parte de la concepción neoliberal actual.

A mi juicio, es anticientífica y se aproxima a la de una creencia religiosa, o si se quiere, a ”una supersticiosa exaltación del mercado”^[24].

•  David Ricardo, economista inglés (1772- 1823)

Un liberal ortodoxo, partidario de políticas económicas que impulsen el crecimiento económico en base a garantizar a los capitalistas altos márgenes de beneficio. Plantear el crecimiento como objetivo y no el desarrollo, es parte del lenguaje y de la acción de los neoliberales de nuestros días. Existe la creencia en el pensamiento neoliberal que el crecimiento por “chorreo” va a beneficiar a todos. Eso se ha demostrado que no es cierto.

Asegurar altos márgenes de beneficio para tratar de lograr dicho crecimiento es parte también del discurso y de la acción neoliberal que ha conducido a la apertura de la economía a capitales -externos a cualquier precio, en el supuesto que el ansiado crecimiento construido, en este caso, sobre el modelo primario-exportador- va a generar condiciones para la mejora del nivel de vida de toda la población, pasando por alto que vivimos en una economía desigual (América Latina es la región más desigual del mundo).

David Ricardo planteó que los salarios no podían -ni debían- elevarse sobre el nivel de la mera subsistencia.

En su obra más importante, Principios de Economía Política y Tributación (1817), expone teorías basadas en sus estudios sobre la distribución de la riqueza. En lo concerniente al comercio internacional, enfatizó la importancia de la especialización de los países en determinados bienes de exportación y defendió la libre competencia. Según este autor, un país debe especializarse en mercancías que le otorguen ventajas comparativas, tesis que lo condujo a defender el libre comercio.

Los Tratados de Libre Comercio (TLC) actuales son una parte del contenido esencial del neoliberalismo. Sus impulsores fundamentan la necesidad de los TLC, principalmente por la búsqueda de facilitar la inversión extranjera en nuestro país y las recíprocas facilidades que el capital nacional debe recibir cuando invierta en aquel país con el que firmó el TLC. Lo cierto es que esa apertura a las inversiones extranjeras se sustenta, a su vez, en la estimulación del crecimiento económico, que es la “medida” por excelencia, del éxito económico de un país gobernado por neoliberales. Y es cierto que sin crecimiento económico no hay desarrollo posible. Pero también es cierto que el crecimiento es una condición indispensable más no suficiente para el desarrollo. El crecimiento sin equidad tiende a favorecer el aumento de la desigualdad y a consolidar un modelo primario-exportador con poca intensidad en creación de mano de obra y sin planificación posible.

La estructuración de nuestras economías bajo la teoría de las “ventajas comparativas” como una verdad absoluta, ha conducido a la economía peruana a renunciar a toda diversificación y a una dependencia nociva de la exportación de minerales

Ricardo defendió la tesis de que los salarios reales tienden “de forma natural” hacia un nivel mínimo, que corresponde a las necesidades mínimas de subsistencia de los trabajadores. Cualquier incremento en los salarios por encima de este nivel provoca que las familias tengan un mayor número de hijos y por tanto un incremento de la población, y el consiguiente aumento de la competencia por obtener un empleo hará que los salarios se reduzcan de nuevo a ese mínimo.

Una tesis despiadada que, sin duda, se está aplicando en la economía neoliberal peruana.

•  Jean-Baptiste Say, economista francés (1767-1832)

Un pensador liberal de gran significación para su época y, a mi juicio, con influencia en las ideas neoliberales actuales.

En su libro más influyente, Tratado de economía política, sentenció que “los particulares fabrican a menos costa que el Gobierno”^[25] (usaba indistintamente los términos Gobierno y Estado), idea-fuerza que señala su afán privatista de todo tipo de propiedad, aunque hace la salvedad de que el Estado es necesario para la construcción de caminos, puertos e infraestructura que apoye la producción privada^[26].

Hizo hincapié en el impacto negativo que, según él, producen los impuestos sobre la labor empresarial y la creación de riqueza, impacto que se ve reflejado a lo largo del proceso de producción y del crecimiento económico, puesto que los impuestos redundan en una reducción de producción que resulta en reducción de demanda en un círculo vicioso negativo para todos.

Con este aserto, contribuyó a la idea neoliberal, muy difundida modernamente, de la exoneración de impuestos. Asunto que en el Perú, por ejemplo, condujo a la defensa de la exoneración de impuestos por siempre, consagrada en la Constitución de 1993, art. 62: “Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones contractuales de cualquier clase”.

Planteó que los productos se cambian por otros productos: el hombre es insaciable y siempre quiere más; por lo tanto, para poder intercambiar mercancías por dinero, y este a su vez por otras mercancías, necesita en primer lugar vender mercancías por dinero. El dinero es solamente un facilitador de cambio. La consideración de la insaciabilidad del hombre como un hecho natural, tiende a justificar la acumulación de capital sin límite, lo que conduce a aceptar la condición inevitable de la desigualdad económica y de las enormes desigualdades también sociales que se dan en nuestro medio.

•  Herbert Spencer, sociólogo inglés (1820-1903)

Intentó desde la teoría evolucionista de Charles Darwin establecer las leyes generales del progreso humano, trasladando la “supervivencia del más apto” al plano social desde lo biológico.

Las consecuencias de este error son varias. Se justifica así la conquista de un pueblo por otro, pueblos subyugados como consecuencia de la selección natural, sin alternativa histórica para ellos, su destino es ser colonizados y sucumbir. Afirmó que los pobres eran pobres porque eran biológicamente inferiores, los negros eran esclavos como resultado de la selección natural, los blancos superiores por ser los más aptos. 

Spencer era más bien adepto del “liberalismo”, de la no intervención del Estado (una de sus obras, aparecida en 1850, lleva el título El derecho a ignorar al Estado).

Defendió la idea de que el Estado no debe intervenir en los procesos económicos por ser nociva, intrínsecamente, cualquier intervención. Tal como apunta el neoliberalismo actual y precisa el Consenso de Washington.

El darwinismo social tiende a justificar la lógica del dominio de los más fuertes sobre los más débiles. Las políticas sociales que tiendan a revertir dicha tendencia, no solamente no se justifican, sino deben ser desterradas.

La “naturalización” del dominio y de la desigualdad social es parte de la cosmovisión neoliberal.

 

caPítulo iii

reflexiones en torno a las ideas de base del

liberalismo Político y del liberalismo económico

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a distinción entre liberalismo político y liberalismo económico es muy importante. Hay varios autores de diversas especialidades que identifican liberalismo económico con liberalismo político.

Algunos han escrito, airados, sobre el “equivocado afán” de distinguir entre ambos.

Está muy generalizada en la actualidad la distinción semántica entre los dos liberalismos, distinción que incluso aparece en algunos tratados de teoría política, llegándose a concebir posiciones antagónicas detrás de cada uno de ellos. Uno designaría la filosofía política de la libertad y del progreso intelectual; esta acepción liberal sería aceptada generalmente y hasta reivindicada como parte de la ideología de las fuerzas políticas más “progresistas”. El otro, el liberalismo económico, no ha tenido tanta suerte. Se le han imputado todos los males existentes en las sociedades capitalistas^[27]. 

Las revoluciones europeas, generalmente producidas por una alianza de facto entre sectores populares y burgueses contra monarquías absolutistas, que devinieron en el control del poder político y económico por las respectivas burguesías y que se produjeron, mayoritariamente, entre 1789 y 1848 dieron lugar a un nuevo tipo de Estado que los historiadores denominan “liberal”. La ideología que sustentaba estos regímenes es el denominado liberalismo. Algunos autores consideran que tales términos se usaron por primera vez, en idioma castellano, a propósito de la Constitución de Cádiz de 1812.

Por Estados liberales, se consideran aquellos sustentados en constituciones en las que impera la vigencia de las libertades individuales en la medida que se consagraron derechos individuales, civiles y políticos (derecho a elegir, a ser elegido, a reunirse, a las libertades políticas, etc).

Por extensión, luego de la Constitución de Querétaro de 1917 (México, la primera en llevar al Derecho positivo los derechos sociales) y la Constitución de Weimar de 1919 (que incorpora con mayor rigor los derechos económicos), se denominó Estado liberal a aquellos que, incorporando dichos derechos, continuaron construyendo su estructura de poder del Estado en base al principio de la independencia y equilibrio entre sí de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para evitar cualquier tiranía. Con el transcurso del siglo XX, liberalismo político significó respeto y promoción de las libertades ciudadanas y, antes que ello, vigencia de los derechos y deberes ciudadanos, consagrados primero por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (Asamblea Nacional de Francia, 1789) y, luego, más desarrolladamente, en la Declaración de los Derechos Humanos (Naciones Unidas, Diciembre de 1948).

Algunos juristas hacen hincapié en que el Estado Liberal solo puede imperar cuando hay “Estado de Derecho”, concepto que merece un debate aparte. Únicamente nos detendremos en el tema de la división de poderes como elemento central de un “Estado de Derecho” en las democracias liberales. 

Fueron Locke y, sobre todo, Montesquieu quienes plantearon esta clásica división. El poder y las decisiones no debían concentrarse para evitar la tiranía. Así pues, debían existir órganos de poder distintos que se controlarían unos a otros, todo articulado en un sistema de equilibrios y contrapesos. La división de poderes se convirtió en un puntal básico de las Revoluciones liberales porque atacaba de lleno una de los pilares de la Monarquía absoluta^[28].

Manuel Benza Pflücker

Locke no coincide con Montesquieu (que fue posterior) en la concepción de los tres poderes como iguales e independientes porque subordina al poder legislativo los otros dos. Es, por tanto, Montesquieu quien traza la división de poderes que fue y sigue siendo uno de los pilares del “Estado de derecho” en las democracias liberales.

Para llegar a la postulación de los tres poderes independientes y autónomos entre sí, Montesquieu partió de su afán de asegurar lo mejor posible la libertad política. Con este objetivo, “el sistema jurídico distribuye el poder del Estado en tres órganos: el Legislativo, representante de la voluntad general del pueblo que expresa a través de las leyes; el Ejecutivo, encargado de dar cumplimiento a dicha voluntad, y el Judicial, que juzga los delitos y las diferencias entre particulares”^[29].

Al utilizar como foco el tema del sistema jurídico para Montesquieu, la autora citada, Claudia Fuentes, anota que: “El principio de distribución jurídica correspondería a una forma de organización moderna en la que las funciones del Estado se relacionan con instituciones y no con clases sociales”^[30].

De esta manera no aborda, sino que separa lo político de lo económico, asimilando de paso las ventajas económicas de la monarquía existente en ese tiempo a las ventajas que hoy, y por extensión, tiene el discurso de quienes predican democracia y justifican, al mismo tiempo -esgrimiendo la entelequia liberal de Montesquieu- ventajas antidemocráticas al capital extranjero, nacional, o en alianza, sin que por ello consideren que están atentando contra la democracia.

Mi posición, y la de muchos, es la de considerar que debe de defenderse la democracia y la división de poderes, pero que, siendo la democracia un “tipo ideal” en el sentido que otorgó a este concepto Max Weber (un horizonte que sirve de referencia hacia el futuro, pero que nunca se alcanza), la lucha por alcanzar mejores niveles democráticos no solo es político-institucional, sino económico y cultural.

Considero, por ello, que junto a este liberalismo político, el Estado burgués del siglo XIX hasta nuestros días está asentado en el liberalismo económico: un conjunto de teorías y de prácticas al servicio del gran capital, antes predominantemente de origen industrial y, hoy, financiero y transnacional.

La esencia del liberalismo económico fue la no intervención del Estado en los procesos económicos, sociales, financieros y empresariales. Hoy, y desde 1947, se le denomina “neoliberalismo”.

Se puede comprender por ello que el tránsito del liberalismo económico, que se forjó desde el siglo XVIII y se fortaleció hasta comienzos del siglo XX, hacia el neoliberalismo formalmente creado como ideología dominante, no fue traumático: se dio de manera pacífica.

Las ideas de Mandeville, Gournay, Quesnay, Turgot, Adam Smith, Locke, David Ricardo, Say, Spencer y otros, fueron antecedentes asumidos en mayor o menor medida por los neoliberales de nuestra época, que ajustaron las ideas precedentes a la ideología neoliberal que pretende aplicar las nociones económicamente liberales precedentes al presente, más complejo y mundializado.

La aseveración de que el neoliberalismo es profundamente destructivo para el carácter y el futuro de la democracia en cualquiera de sus formas tiene su premisa en un entendimiento de éste, el neoliberalismo, como algo más que un conjunto de políticas económicas, una ideología o una reconfiguración de la relación entre el Estado y la economía. Más bien, como un orden normativo de la razón que, a lo largo de tres décadas, se convirtió en una racionalidad rectora amplia y profundamente diseminada, el neoliberalismo transforma cada dominio humano y cada empresa —junto con los seres humanos mismos— de acuerdo con una imagen específica de lo económico. Toda conducta es una conducta económica, todas las esferas de la existencia se en-

Manuel Benza Pflücker

marcan y miden a partir de términos y medidas económicas, incluso cuando esas esferas no se moneticen directamente. En la razón neoliberal y en los dominios que gobierna, sólo somos homo oeconomicus, y lo somos en todos lados, una figura que por sí misma tiene una forma histórica específica^[31].

El núcleo de las ideas económicas de los autores citados fue recogido por los neoliberales Ludwig Von Mises, Friedrich Von Hayek, Walter Eucken, Alfred Müller-Armack, Heinrich Von Stackelberg, Wilhelm Röpke, Karl Popper, Milton Friedman, Fritz Machlup, Friedrich Lutz, Daniel Villey, Margaret Thatcher, Román Escolano, Luis de Guindos, Emmanuel Macron y otros en América Latina, como Hernán Büchi, Carlos Boloña, Domingo Cavallo, Salinas de Gortari, Vicente Fox, Felipe Calderón, Pedro Pablo Kuczynski, Carlos Menem, Fernando Henrique Cardoso, Mauricio Macri, Nicolás Dujovne, Iván Duque, Alberto Carrasquilla, Jorge “Tuto” Quiroga, César Gaviria, Mauricio Cárdenas, José Ramón Valente, Hernando de Soto y otros, entre jefes de Estado, ministros e ideólogos.

Por último, los conceptos de liberalismo y, por ende, de neoliberalismo, parten de lo que les da origen y sustento: el concepto de libertad. Por razones puramente instrumentales vamos a utilizar ambos conceptos derivados de libertad, pero no porque aceptemos que la libertad se da “naturalmente” o proviene de “leyes naturales”. En ello acepto explícitamente el raciocinio de Friedrich Engels, quien en el Anti-Düring, precisa:

La libertad no reside pues en una soñada independencia de las leyes naturales (…); la libertad consiste, pues, en el dominio de nosotros mismos y de la naturaleza exterior, basado en la conciencia de las necesidades naturales; es por tanto un producto del desarrollo histórico (…) cada paso dado en la senda de la cultura será un paso dado en la ruta de la libertad.^[32]

De ello se deriva que las libertades no sean concedidas por igual a todos los ciudadanos, sino que su ejercicio real dependa de la ubicación que individuos y grupos tengan en cada estructura de poder económico-social.                                                                

caPítulo iV

el consenso de WashinGton

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a formulación del llamado “Consenso de Washington” se debe a John Williamson, economista norteamericano, quien redactó el documento titulado Lo que Washington quiere decir cuando se refiere a reformas de las políticas económicas,  en 1990. El escrito plantea diez temas de política económica en la línea de la ideología neoliberal, en los cuales, según el autor, “Washington” está de acuerdo en su afán de promover el crecimiento de las economías latinoamericanas y de países que ellos llaman “emergentes” y que, a mi juicio, deben denominarse subdesarrollados. “Washington” significa, en este contexto, el aparato político-económico-intelectual, integrado por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Departamento del Tesoro de EUA, el Congreso de los EUA, la Reserva Federal, altos cargos de la Administración y grupos de expertos.^[33]

La compulsión de expansión del capital a mercados latinoamericanos requería y requiere para los grandes capitales mineros, financieros y especulativos, un marco de condiciones propicias a dichas inversiones que aseguren la estabilidad, integridad y libertad de las mismas. Ello implicaba e implica para los inversores de dichos capitales la operación de reformas en la administración de los Estados, de manera que puedan otorgar seguridades y ventajas a dichas inversiones de capital.

De esa necesidad surgió el “Consenso de Washington”, un documento que, al ser llevado a la práctica por los países receptores, tiende a limitar la soberanía de los mismos.

¿Por qué los países latinoamericanos se acogieron y se acogen a dichas condiciones, condicionantes de sus propias políticas internas?

Por un lado, es cierto que muchas administraciones no ofrecían o no ofrecen condiciones de estabilidad económica. Pero, por otro lado, la presión por el crecimiento, aunque sea bajo modelos extractivos y primario-exportadores, fue y es aceptada por varios países para obtener soluciones temporales al enorme subempleo y al desempleo, así como a los visibles déficits en infraestructura vial y de servicios básicos. En muchos casos se recurre al déficit monetario para solventar sueldos y otros gastos urgentes.

Las corrientes de capitales que llegan a países en desarrollo como los latinoamericanos vienen atraídas por ciertas condiciones domésticas del país receptor, que intenta adaptarse al paradigma de los mercados eficientes, condensado en el Consenso de Washington y que propone la apertura y liberalización económica, la privatización de empresas públicas, la desregulación de mercados y un fuerte manejo macroeconómico a indicadores como el de la inflación. Durante los 90, la afirmación de tales políticas fue la clave para asegurar el ingreso y la sostenibilidad del capital externo. Es así como los países de la región comenzaron a implementar cambios de vasto alcance cuyo objetivo final era recortar el papel histórico del Estado en la promoción del desarrollo y además, modificar el balance tradicional entre los mercados nacionales

y el mercado internacional. Frente a esta tendencia, algunos países fueron más complacientes que otros^[34].

La dominación económico-financiera de parte del “centro” (economías desarrolladas dominantes) hacia la “periferia” (economías subdesarrolladas dominadas) del capitalismo se incrementa, ya no solamente por la asimetría de poder y la división internacional del trabajo (el centro produce manufacturas relativamente más caras que la periferia, que produce principalmente materias primas), sino por la intervención directa del FMI y del BM en nuestras economías, lo que genera alivio temporal al costo de la sujeción de las mismas a las condiciones impuestas por el Consenso de Washington.

Los países latinoamericanos se vieron obligados a adoptar rigurosos programas de ajuste económico para, además de alcanzar la estabilidad económica y social, responder a los compromisos de la deuda internacional. Los países deudores podían acceder a nuevos dineros provenientes de los organismos multilaterales de crédito y también la de la banca comercial, siempre y cuando, implementaran un profundo plan de reformas tendientes a una mayor apertura comercial, la liberalización de los mercados financieros nacionales y de los flujos de capital con el exterior, así como la reducción del papel protagónico del Estado como agente económico, con el fin de favorecer el emprendimiento privado.

Se consideraba prioritario reducir el déficit fiscal y controlar los devastadores procesos hiperinflacionarios que habían afectado a gran parte de los países de la región. De esta manera, los organismos multilaterales fueron los encargados de difundir en la región la implementación de medidas neoliberales: reducción del papel público en la economía, disminución de los gastos sociales, privatizaciones, reforma fiscal favorable al capital, desregulación del mercado laboral, abandono de aspectos fundamentales de la soberanía de los Estados, supresión de los controles de cambio, desregulación de los intercambios comerciales, impulso a las operaciones bursátiles (...). Todas estas medidas son aplicadas en dosis variables según la relación de fuerzas sociales^[35].

Las políticas económicas del Consenso de Washington combinan asuntos de “sentido común” con recomendaciones invasivas en relación a las políticas internas dirigidas a facilitar la inversión extranjera, a la liberación comercial y financiera, a asegurar una política sistemática de privatizaciones de manera que bienes y servicios públicos dejen de ser propiedad estatal y se conviertan en propiedad de grandes capitales, principalmente extranjeros y se desregule la economía por parte del Estado.

Dichas recomendaciones son:

1.              Disciplina presupuestaria.

2.              Cambios en las prioridades del gasto público.

3.              Reforma fiscal encaminada a buscar bases imponibles amplias y tipos marginales moderados.

4.              Liberalización financiera, especialmente de los tipos de interés.

5.              Búsqueda y mantenimiento de tipos de cambio competitivos.

6.              Liberalización comercial.

7.              Apertura a la entrada de inversiones extranjeras directas.

8.              Privatizaciones.

9.              Desregulaciones.

10.           Garantía de los derechos de propiedad.

Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el principal problema de la aplicación de las políticas del Consenso de Washington en Latinoamérica es que se trata del subcontinente más desigual del mundo. Tal desigualdad tiende a profundizarse con la aplicación de dichas políticas.

Uno de los ideólogos fundacionales del neoliberalismo, quizá el más ortodoxo, Ludwig von Mises, llegó a considerar al mercado como lo único que podía conducir a mejorar la condición de vida de las poblaciones. Por tanto, toda limitación o regulación del mercado era nociva. La búsqueda del bien común o de la solidaridad como objetivos, los consideró vallas para para mejorar el nivel de vida.

A mi juicio, la lectura de las cinco primeras recomendaciones, que en cualquier contexto, son de “sentido común”, debe hacerse tomando en cuenta las consecuencias casi siempre negativas, de las cinco siguientes. Por ejemplo: las medidas que apuntan a favorecer las inversiones extranjeras directas (IED) tienden a favorecer inversiones con muy baja intensidad en mano de obra y alta intensidad en capital, como es el caso de la gran minería o del capital financiero.

Ello tiende a fomentar el crecimiento del subempleo y, en menor rango, del desempleo, por la particular habilidad de nuestro pueblo para crearse su propio empleo (por lo general, precario y mal remunerado). Ello va en contra de los derechos humanos, y particularmente, de los derechos laborales, que por eso son flexibilizados en favor de las cada vez menos (en términos relativos) empresas formales. La creciente informalidad anula la pretensión de convertir en realidad la recomendación Nº 3.

Según el economista estadounidense Joseph Stiglitz, pues, los objetivos de la política económica no pueden ser reducidos al incremento del PBI. Se deben incluir:

Ø La mejora de los niveles de vida (incluyendo educación y salud).

Ø Un desarrollo sostenible ecológica y políticamente (en el sentido de que las políticas aplicadas puedan resistir las vicisitudes del proceso político).

Ø Un desarrollo igualitario.

Ø Un desarrollo democrático (incluyendo la participación consciente de los ciudadanos en las decisiones colectivas que les afectan de tantas maneras)^[36].

El problema, sostengo, es que no se trata de “añadir” lo que no se puede. Los buenos deseos de Stiglitz no son realizables. Mejores niveles de vida, desarrollo sostenible desde una perspectiva ecológica e institucional, desarrollo igualitario y democrático son buenos deseos incompatibles con la naturaleza y el funcionamiento del “Consenso”.

Mejores niveles de vida para toda la población en sociedades inequitativas que agudizan su inequidad por el Consenso de Washington, es imposible.

Desarrollo sostenible desde una perspectiva ecológica y política cuando lo que se promueve son inversiones mineras que en muchos casos, por la fuerza económica de los lobbies que acompañan a dicha inversión, se transforma en un negocio que tiende a perjudicar el medio ambiente y tiende también a corromper aún más las instituciones estatales que son endebles, tal como se ha comprobado en los innumerables casos de corrupción en que las transnacionales han participado. Sin duda, la tarea del combate a la corrupción es responsabilidad de los Estados receptores de la inversión extranjera, pero no se puede negar que, como repito, en muchos casos, dichas transnacionales han perfeccionado métodos para encubrir sus fechorías al interior de la administración pública de los Estados latinoamericanos y peruano en particular.

Menos aún, es pensable que un conjunto de políticas económicas destinadas preferentemente a favorecer la inversión extranjera, pueda promover desarrollo igualitario y democrático.

Lo que pide Stiglitz es parte de su concepción. Razón tiene el jesuita José María Serrano en afirmar que el Consenso de Washington se ha convertido en una ideología⁴².

ment Economics, 1998, Washington, 1999, pp. 9-10.

42 Serrano, José María; “Consenso de Washington: ¿Paradigma económico del capitalismo triunfante?”, Revista de Fomento Social, Vol. 55, España, 2000, p. 44.

José Antonio Ocampo, un crítico benévolo del CW, sostiene que los problemas fundamentales del “Consenso de Washington” radican en cuatro áreas:

a) su concepto restringido de estabilidad macroeconómica, un tema sobre el cual se han logrado algunos avances en los últimos años; b) su falta de atención al papel que pueden cumplir las intervenciones de política en el sector productivo para inducir la inversión y acelerar el crecimiento; c) su inclinación a sostener una visión jerárquica de la relación entre las políticas económicas y sociales, que adjudica a las segundas un lugar subordinado; y por último, d) su tendencia a olvidar que son los ciudadanos quienes deben elegir las instituciones económicas y sociales que prefieren^[37].

Resalto la cuarta área señalada por este autor porque pone de manifiesto el desdén del CW y del neoliberalismo por el ciudadano y por la democracia.

Como señala la politóloga estadounidense Wendy Brown, hay que comprender al neoliberalismo, como algo más que un conjunto de políticas económicas, una ideología o una reconfiguración de la relación entre el Estado y la economía. Es un orden normativo de la razón que, a lo largo de tres décadas, se convirtió en una racionalidad rectora amplia y profundamente diseminada en el mundo Comparto dichos cuestionamientos, que se sustentan en comprobaciones fáciles de demostrar. Según otros autores, estos y otros problemas “se agudizaron y se evidenciaron cuando ocurrió la crisis de 1994, la cual dejó clara la inoperancia de las reformas y provocó una inestabilidad macroeconómica que afectó a muchos sectores que no fueron tomados en cuenta”^[38].

En décadas recientes, América Latina se convirtió en uno de los escenarios destacados para la instrumentación de las políticas del “Consenso de Washington”. La región adoptó con entusiasmo las políticas de liberalización económica desde mediados del decenio de 1980, y en forma más temprana en algunos países. Ahora, bien, los frustrantes resultados de dichas reformas en la región deben considerarse como una demostración de las debilidades en las que se cimentó el programa de liberalización económica^[39].

Cito a estos importantes autores porque los tomo como base para mi crítica a la puesta en operación del “Consenso”.

A mi juicio, los frustrantes resultados que Ocampo reconoce no se deben a las “debilidades en la que se cimentó el programa de liberalización económica”, como acabo de citar, sino a la aplicación misma del “Consenso”, que, por su construcción, conlleva irremediablemente a condicionamientos estructurales que conducen a mantener y agudizar carencias en la industrialización y por ende en el empleo formal, a la consolidación de una división internacional del trabajo que tiende, ineluctablemente, a la mayor descapitalización de los países que se acogen al “Consenso”, pues el precio internacional de las materias primas que exportamos tiende a ser menor que el precio de los productos manufacturados que importamos.

El propio John Williamson, inspirador del documento del Consenso de Washington, reconoce que, en lo que concierne al mercado laboral, la aplicación del “Consenso” resultó “en una informalidad cada vez más creciente”^[40]. Reconoce también “el decepcionante desempeño de la región (….) la política quedó enfocada en el crecimiento acelerado y no en un crecimiento con equidad”^[41]. Este asunto medular es observado, también, por Martínez y Soto, quienes sobre ello opinan que este afán de crecimiento sin equidad “afectó directamente a la distribución del ingreso y polarizó aún más la brecha entre ricos y pobres, agudizando el problema de la pobreza en América Latina”^[42].

La aplicación del “Consenso” reduce sensiblemente la capacidad política de los Estados a tomar decisiones soberanas, convirtiéndolos en más dependientes y en más dominados por las economías más desarrolladas, tanto en el ámbito financiero como en los ámbitos productivos y de comercio exterior.

Las políticas sociales tienden a recortarse, así como los derechos laborales. La capacidad ciudadana a decidir democráticamente, se reduce, como señala Ocampo en el acápite “c”, anteriormente citado.

El éxito alcanzado en términos de mayor participación en los mercados mundiales y atracción de inversión extranjera directa no se reflejó, sin embargo, en un crecimiento rápido del producto interno bruto (PIB) o de la productividad. De hecho, la tasa de crecimiento promedio en 1990-2003, de 2.6% por año, es inferior a la mitad de aquella obtenida en el período de industrialización dirigida por el Estado: 5.5% por año entre 1950 y 1980^[43].

John Williamson, autor del documento primigenio del Consenso de Washington, se une a Pedro Pablo Kuczynski, luego ministro de Economía del Perú y presidente del Perú, para publicar Después del Consenso de Washington. Relanzando el crecimiento y las reformas en América Latina, y, por ese solo hecho, los autores ponen en evidencia que el CW, según ellos, había que “perfeccionarlo” pues no logró los resultados esperados. En el texto plantean diez recomendaciones adicionales a las diez del CW, para obtener, según ellos, un “CW extendido”:

Reforma político legal:

Ø  Instituciones reguladoras.

Ø  Anticorrupción.

Ø  Flexibilidad del mercado laboral.

Ø  Acuerdo con la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Ø  Códigos y estándares financieros.

Ø  Apertura “prudente” de la cuenta capital.

Ø  Regímenes de tipo de cambio no intermediados.

Ø  Redes de seguridad social. Ø Reducción de la pobreza.

De las diez medidas planteadas, las que ocupan el primer, segundo, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo lugar, están dirigidas a orientar a los Estados hacia generar leyes e instituciones que aumenten o aseguren las tasas de ganancia del capital.

La tercera, novena y décima, son la simple proclamación de “buenos deseos” muy generales que no se pueden llevar a cabo.

En el contexto de la reducción del rol del Estado y de la generalización de la lógica del lucro, la corrupción tiende a aumentar y la lucha contra ella a dificultarse.

Lo mismo aplica para la ampliación de la seguridad social: los menguados recursos económicos, institucionales y legales del Estado y de la población, mayoritariamente informal y con trabajos precarios explican, en gran medida, porque no hay esas “redes de seguridad social”.

La reducción de la pobreza por el mecanismo del “chorreo” a partir del crecimiento (cuando este se produce) se ha dado limitadamente.

Las políticas económicas neoliberales no están orientadas a la redistribución equitativa de la riqueza.

En pocas palabras, el Consenso de Washington y su pretendida “extensión” (que ya se aplicó parcialmente en el Perú) es una de las herramientas fundamentales de consolidación de las políticas neoliberales.

 

caPítulo V la constitución Peruana de 1993 y su acerVo neoliberal

A.  Algunas consideraciones sobre una Constitución

Hay muchas definiciones sobre lo que es una Constitución. En la lógica del liberalismo político, la primigenia formulación, de enorme valor histórico, es la del artículo 16 de la “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano” de 1789: “Una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución”.

Para los efectos de lo que expongo es pertinente la definición que plantea Marcial Rubio:

La Constitución puede ser definida como aquella norma legal que declara los derechos más importantes de las personas, que organiza el poder del Estado señalando quiénes lo ejercen y con qué atribuciones, y que por ello mismo es la norma legal suprema del Estado. Esto último quiere decir que ninguna otra norma se le puede oponer porque automáticamente deja de ser aplicable, es decir, de tener fuerza jurídica ^[44].

Derechos de las personas que han evolucionado en las constituciones desde los derechos individuales hasta los derechos sociales, económicos, culturales y de tercera generación o colectivos. La Constitución no determina en todos sus extremos, pero sí condiciona el tipo de sociedad que se quiere o niega la que los constituyentes rechazan. Héctor Cornejo Chávez era muy consciente de ello en el debate constituyente de 1978-1979.

Hay que cambiar el sistema. Después de haber tenido el sistema capitalista siglo y medio de oportunidad, ensayemos otro camino, porque ese, ciertamente, no es el camino que nos conduce al desarrollo. ¿Y cuál es el otro camino que queda?: crear otro tipo de empresas, dándole al Estado una intervención mayor que antes (…), intentemos eso, un Estado más vigoroso y una empresa social diversificada con predominio del trabajo.(…) Yo no veo porque razón vamos a ocultar la necesidad nacional de que se intente ahora una vía de desarrollo basada en una presencia estatal más grande y una presencia de las empresas sociales, mucho mayor^[45].

La empresa social a la que se refiere en la cita Héctor Cornejo Chávez, no es propiedad estatal sino propiedad de los trabajadores, autogestión o cogestión y distribución de las utilidades entre todos.

La definición precedente la formuló Marcial Rubio poco después de haberse aprobado la Constitución Política del Perú de 1979. Asuntos como el equilibrio de poderes, el control del poder político-formal, la democracia como medio y fin fundamental para sustentar la teleología de la Constitución o el valor del derecho positivo los considero implícitos en la definición que Rubio formula.

No se incluye ni en esta ni en otras definiciones de este u otro autor consideraciones que relacionen el poder con el rol del Estado. Ese rol ha cambiado desde la cada vez mayor influencia de la ideología neoliberal en varias constituciones posteriores a 1947. Mejor dicho, el rol del Estado se ha transparentado, se ha “desnudado” desde el momento en que el rol económico del Estado ha sido un protagonista real pero oculto tanto en el marco de las políticas de Estado como en los preceptos para el funcionamiento de las instituciones del mismo, que le hacen a la vida cotidiana de las sociedades que cada Estado pretende regular.

Algo de esto fue advertido por Diego Valadés cuando afirma:

En términos generales el Estado se encuentra en un proceso de repliegue con relación a tareas que le eran y le son consustanciales. El papel de árbitro de conflictos, de equilibrador de los intereses y fuerzas sociales y de distribuidor eficaz de la riqueza, se va diluyendo paulatinamente^[46].

Se trata de referirse a un Estado cuyo rol ya no debería seguir siendo definido como lo hicieron los liberales. Se trata, en realidad, de un aparato jurídico-político condicionado por el poder económico, pues siempre estuvo controlado por lo que el filósofo italiano Antonio Gramsci llama “bloque histórico.” Al respecto, Gramsci supera interpretaciones marxistas sobre el Estado que ubican a éste como epifenómeno o como instrumento neutral susceptible de usarse por cualquier clase social.

En el contexto del bloque histórico, el Estado no sólo es un aparato de dominación de una clase por otra, sino que refleja la síntesis coerción-consenso y la síntesis hegemonía-dominación que caracterizan el ejercicio del poder político.

 

...la estructura y las superestructuras forman un ‘bloque histórico” (…) tenemos que el aporte fundamental de Gramsci no consiste en la distinción estructura-superestructura, sino en el vínculo orgánico entre ellas. Y es fundamental por su gran utilidad en el análisis y la actividad políticos. En efecto, negar la primacía de la estructura o de la superestructura, afirmando la unidad dialéctica de ellas, evita los errores del economicismo y del ideologismo (…) La importancia que en el pensamiento gramsciano tiene la sociedad civil implica la relevancia de la difusión de una concepción del mundo (ideología) en la sociedad por parte de la clase dirigente. A las clases “auxiliares” o “aliadas”, tal difusión se dará por adhesión, mientras que las clases subalternas serán absorbidas^[47].

Es obvio que en una definición no podrían incluirse aspectos o elementos que demandan de un mayor desarrollo. Aspectos, por ejemplo, derivados de la naturaleza del poder, es decir, del poder político, económico, social y/o cultural. En consecuencia, de las diversas dimensiones que deben tomarse en cuenta para la democracia.

Muchos señalamos (….) que no basta un sistema electoral periódico para que haya verdadera democracia y que, por el contrario, un verdadero sistema democrático es aquel en el cual se consigue lo siguiente: democracia económica, entendida como una adecuada distribución de la riqueza entre todas las personas en función de su trabajo aportado y de sus necesidades, democracia social, entendida como una situación en la que cada persona pueda vivir en solidaridad con los demás, sin marginaciones o postergaciones educativas o culturales, y sin la explotación de unos hombres por otros o por el Estado, democracia política que implica la plena vigencia de los derechos de la persona (…) y la verdadera y cotidiana participación de todo el pueblo en la toma de decisiones políticas, en algunos casos mediante representantes (…) y en otros casos directamente (…)^[48].

Estoy de acuerdo con Rubio en lo citado: supera un enfoque liberal clásico con la salvedad que lo que él discierne, evidentemente, se refiere al ámbito del “deber ser“ y no de la realidad. Cobra validez aquí el concepto de “tipo ideal” de Max Weber, en el entendido que la democracia es precisamente un tipo ideal, una construcción que se refiere a un horizonte.

La Constitución estadounidense federal de 1787 (o su precedente más cercano, la del Estado de Massachusetts de 1780), la Constitución de Francia de 1789; y otras, como la de México de 1917 (que fue la primera en el mundo en incorporar derechos sociales y económicos) y la de Weimar de 1919, fueron referentes para las que vinieron después en América Latina y España: todas incorporaron un listado de derechos y plantearon la separación y autonomía de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tomando esto último de Montesquieu, Rousseau Stuart Mill y otros autores seguidores del liberalismo político.

El Estado social y democrático de Derecho, lo más avanzado del constitucionalismo, tiende a ser ignorado, superado o, en la práctica, desvirtuado, por la realidad y por las constituciones (en algunos casos más explícitamente que en otros), pues la formalización positiva o la realidad concreta de la aplicación de políticas neoliberales dieron paso a poderes económicos que no podían y no pueden ser frenados por la institucionalidad del Estado, un Estado significativamente restringido y frecuentemente avasallado por el gran capital.

La institucionalidad del Estado, por tanto, y la construcción y viabilidad de una sociedad democrática no se hace posible con expandir el mercado y llamarlo “democracia” bajo la forma de una crítica al Estado. “La apropiación neoliberal de la idea de democracia tiene que ver con expandir el mercado y llamarlo Democracia”^[49].

Los poderes fácticos (poderes de hecho, no elegidos) tienen tal fuerza, que tienden a condicionar las decisiones (de distinta manera pero con parecidas consecuencias) de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los Organismos Constitucionalmente Autónomos (OCA en adelante) que son en su mayoría, incorporados a América Latina en el siglo XX, como la Defensoría del Pueblo (Ombudsman, originaria de la Carta Magna de Suecia-1809), los Bancos Centrales de Reserva, los órganos recaudadores de impuestos (SUNAT, en el Perú), la Contraloría de la República, los órganos de conducción y fiscalización de procesos electorales (Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales-ONPE y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil -RENIEC, en la Constitución peruana de 1993), los Gobiernos subnacionales, en el caso peruano, regiones y municipios que reciben una parte significativa de sus ingresos de parte del Gobierno; es decir del Poder Ejecutivo y, concretamente, del Ministerio de Economía^[50].

Es decir, el condicionamiento económico no solamente se refleja en el rol del Estado sino, por extensión, en la estructura y funciones del mismo.

B.   Rol del Estado

El rol del Estado es importante para la caracterización de la orientación de cualquier Constitución.

El rol del Estado en la Constitución del 93 se define claramente por su retracción: es un Estado subsidiario que solamente interviene en los procesos económicos para suplir al interés del capital privado cuando este no interviene o no podría intervenir.

Los gobiernos deben disminuir al Estado a su mínima expresión y dejar en manos del sector privado la mayor parte de su gestión aun cuando se trate de “servicios universales” (como el acceso al agua potable o a la electricidad). El Estado debe ser un mero facilitador de los negocios del sector privado (estabilidad) un regulador ocasional de los excesos del mercado (programas de alivio a la pobreza)^[51].

El Informe final de la Comisión de Investigación de Delitos Económicos y Financieros (CIDEF), comisión del Congreso de la República del Perú presidida por el congresista Javier Diez Canseco, entregado en junio del 2002, hizo una esforzada labor que esclareció los métodos ilegales y fraudulentos a los que había recurrido el Gobierno de Alberto Fujimori, su ministro de Economía Carlos Boloña Behr y un conjunto de funcionarios y empresarios ligados a dicho Gobierno para forzar la privatización de casi todos los activos del Estado peruano.

Boloña había declarado que ”no existen razones técnicas para que el Estado tenga empresas”. En el período estudiado, la comisión declaró:

Hasta la fecha se han transferido mediante varias modalidades más de 228 empresas públicas al sector privado ,que han significado ingresos del orden de $9,221 millones, de los cuales sólo $6,993 han ingresado al Tesoro Público. Del total de ingresos al Tesoro Público se han gastado $4,363 en el período 1992-2000. Este gasto ha sido incluido en los presupuestos anuales sin tener en consideración que su origen era la venta de los activos del Estado Peruano.

Con el desmoronamiento del Gobierno de Fujimori, a fines de noviembre del 2000, Boloña declaró que de lo recaudado por las privatizaciones solo quedaban en las arcas fiscales $543 millones de dólares. En el 2001 ese dinero se redujo a $223 millones de dólares. Una privatización que obedeció a razones ideológicas (Boloña estudió en la Universidad de Iowa) pero también a la rapiña de los privatizadores y compradores.

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 62: ”Solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional”. El principio de la solidaridad, que es fundamental para la vida en comunidad, fue trocado por el de la subsidiariedad, que alude a un rol del Estado supletorio en lo económico y social.

Uno de los ideólogos fundacionales del neoliberalismo, quizá el más ortodoxo, Ludwig von Mises, llegó a considerar al mercado como lo único que podía conducir a mejorar la condición de vida de las poblaciones. Por tanto, toda limitación o regulación del mercado era nociva. La búsqueda del bien común o de la solidaridad como objetivos, los consideró vallas para para mejorar el nivel de vida.

Tan ilimitada era su adhesión al mercado absoluto que llegó a afirmar que “bajo la égida del mercado libre e inadulterado, el problema de la pobreza surge tan sólo en relación con quienes, por razones fisiológicas, no pueden ganarse la vida”^[52].

Afirmó en la misma lógica:

No se puede achacar a las potencias occidentales la pobreza de las masas coloniales. Los europeos invirtiendo enormes sumas hicieron sin ellos mismos, desde luego, directamente proponérselo cuanto estaba en su mano por elevar el nivel de vida de aquellos pueblos^[53].

Si la Constitución de 1979 se sustentó en los principios de primacía de la persona humana, en que todos los hombres son iguales en dignidad y derechos, en que la familia es célula básica de la sociedad, en que el trabajo es deber y derecho de todos los hombres, en que la justicia es valor primario de la vida en comunidad, en que el ordenamiento social se cimenta en el bien común y la solidaridad humana, explícitos en el preámbulo de dicha Constitución, pues la Carta de 1993 no manifiesta explícitamente ningún propósito, pero se deduce fácilmente: se trata de favorecer al capital, más aún, al gran capital (que suele ser transnacional) en el supuesto neoliberal que la mayor inversión de capitales generará crecimiento económico, que a su vez mejorará el nivel de vida de todos los peruanos.

Crecimiento económico que, para darse, implicó e implica pérdida de trabajos formales y subsecuente crecimiento superlativo de trabajadores informales, además de la merma relativa en la producción industrial nacional, la consolidación de un modelo primario-exportador, la reducción significativa en la inversión estatal en servicios esenciales (salud, educación, vivienda, etc.), tendencias a la concentración de capital, inversión de gran capital en sectores intensivos en capital y no en mano de obra, tasas de interés abusivas en la banca privada, aumento de la “naturalización” de tendencias especulativas y abusivas en la sociedad (tendencias que aproximan al delito, la corrupción y al abuso en las relaciones sociales y culturales). En suma, ”un retroceso para el ejercicio de los derechos económicos, sociales e incluso culturales de las grandes mayorías”^[54].

La mención de los derechos que, habiendo sido formulados en la Constitución de 1979 no aparecen en la de 1993, ayuda a comprender, sin duda, la orientación de ambas constituciones y la que los constituyentes del CCD otorgaron a la de 1993: restricción y/o anulación de derechos, sobre todo aquellos que demandaban un rol protagónico del Estado en la tuición de los ciudadanos. Ayuda, también, a comprender carencias, deficiencias y ausencias que hoy son notorias en la sociedad peruana. La mención pormenorizada de los derechos que contenía la Constitución de 1978-1979 en relación a su eliminación en la carta de 1993 no pretende la defensa de cada uno de los planteamientos de la Carta de 1978-1979. Pretende mostrar hasta qué punto la ideología neoliberal que orienta la Constitución vigente prescinde de los derechos sociales, económicos, culturales y colectivos (entre ellos los de las minorías y los ambientales) para imponer la lógica del mercado, desamparando al ciudadano y anulando la democracia.

Los artículos sobre derechos de la Constitución de 1979 no recogidos en la de 1993 serán mencionados. Su sola eliminación ya tiene un sentido: se tiende a eliminar compromisos del Estado para cautelar derechos y abrirse, como ninguna otra Constitución en América Latina y Europa, a la lógica del gran capital.

Del Título I, Derechos y Deberes fundamentales de la persona, se cambia el enunciado de dicho Título por el De la Persona y la Sociedad.

Contenía el Título I de la Carta de 1979 varios capítulos: Capítulo I, De la Persona; Capítulo II, De la familia; Capítulo III, De la seguridad social, salud y bienestar; Capítulo IV, De la educación, la ciencia y la cultura; Capítulo V, Del trabajo. Los cuales estaban desarrollados en los artículos 1 al 57.

En la Carta de 1993 el Capítulo I se denomina Derechos fundamentales de la Persona y desaparece la enunciación de los capítulos II, III, IV y V.

El contenido de los 57 artículos que consagraban derechos de la persona, familia, seguridad social, salud, bienestar, educación, ciencia, cultura y trabajo de la Carta de 1979 se reduce a 29 en la Carta de 1993. Algunos se recogen, otros se liquidan total o parcialmente. Hay, pues, un significativo recorte de derechos en este Título I.

En el Capítulo I se eliminan los derechos de la persona a alcanzar un nivel de vida que le permita asegurar su bienestar y el de su familia, no hay delito de opinión, toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa y razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse y ser asesorado con un defensor de su elección desde que es citado o detenido por la autoridad, nadie puede ser obligado a prestar juramento ni compelido a declarar o reconocer culpabilidad en causa penal contra sí mismo, ni contra su cónyuge, ni sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley ni sometida a procedimientos distintos a los previamente establecidos, ni juzgada por tribunales de excepción o comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera que sea su denominación^[55].

El Capítulo II, De la familia, que contenía 7 artículos, es recogido parcialmente en únicamente dos (el 4 y el 5) en la Carta de 1993, con el agravante del artículo 11 de la nueva Carta, por la que el Estado no garantiza la salud sino “el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones”, lo que ha abierto paso a la creciente privatización de los servicios de salud y a la merma presupuestal del Estado en este rubro fundamental.^[56]

El Capítulo III, De la seguridad social, salud y bienestar, que contenía en la Carta de 1979 un total de 9 artículos, es liquidado en la Constitución de 1993 y de su contenido se rescatan parcialmente tres artículos.

Resalto aquí algunos elementos fundamentales que fueron suprimidos: Todos tienen derecho a la protección de la salud integral y el deber de participar en la promoción y defensa de su salud, la de su medio familiar y de la comunidad^[57]; el Estado reglamenta y supervisa la producción, calidad, uso y comercio de los productos alimenticios, químicos, farmacéuticos^[58] y biológicos; el Estado atiende preferentemente las necesidades básicas de la persona y de su familia en materia de alimentación, vivienda y recreación; la ley regula la utilización del suelo urbano, de acuerdo al bien común y con la participación de la comunidad local; el Estado promueve la ejecución de programas públicos y privados de urbanización y de vivienda; el Estado apoya y estimula a las cooperativas, mutuales y en general a las instituciones de crédito hipotecario para vivienda y los programas de autoconstrucción y alquiler-venta. Concede alicientes y exoneraciones tributarias a fin de abaratar la construcción. Crea las condiciones para el otorgamiento de créditos a largo plazo y bajo interés. La persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad. Las entidades que sin fines de lucro prestan los servicios previstos en este régimen, así como quienes tienen incapaces a su cargo, no tributan sobre la renta que aplican a los gastos correspondientes; tampoco las donaciones aplicadas a los mismos fines. Las pensiones de los trabajadores públicos y privados que cesan temporal o definitivamente en el trabajo son reajustadas periódicamente, teniendo en cuenta el costo de vida y las posibilidades de la economía nacional.

El Capítulo IV, De la educación, la ciencia y la cultura, contenía 21 artículos. En la Carta de 1993 se rescatan en lo fundamental dos de ellos, y parcialmente, uno más. Se suprimió, como en el caso de la salud, el derecho a la educación y a la cultura, inherentes a la persona. Con el agravante que en el artículo 13 de la nueva Carta de 1993 no se señala que el Estado garantiza la educación, sino “que el Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza”. Este articulado debe relacionarse con el fenómeno creciente de la privatización de la educación, que en todos sus niveles es ostensible, así como la merma relativa del presupuesto estatal para dicho servicio fundamental del Estado.

Adicionalmente, se suprimió de la Constitución de 1979 la formulación de conceptos vinculados a principios y a derechos fundamentales vinculados a la educación: La educación tiene como fin el desarrollo integral de la personalidad. Se inspira en los principios de la democracia social, el Estado garantiza a los padres de familia el derecho de intervenir en el proceso educativo de sus hijos, promueve la integración nacional y latinoamericana, así como la solidaridad internacional. Corresponde al Estado formular planes y programas; y dirigir y supervisar la educación con el fin de asegurar su calidad y eficiencia según las características regionales, y otorgar a todos igualdad de oportunidades, el régimen administrativo en materia educacional es descentralizado.

Así mismo, la educación impartida por el Estado (…) se complementa con la obligación de contribuir a la nutrición de los escolares que carecen de medios económicos y la de proporcionarles útiles, el Estado garantiza la formación extraescolar de la juventud con la participación democrática de la comunidad, las empresas están obligadas a contribuir al sostenimiento de centros de educación, las escuelas que funcionan en los centros industriales, agrícolas o mineros son sostenidas por los respectivos propietarios o empresas, el Estado reconoce, ayuda y supervisa la educación privada, cooperativa, comunal y municipal que no tenga fines de lucro, ningún centro educativo puede ofrecer conocimientos de calidad inferior a los del nivel que le corresponde, la comunidad y las universidades se coordinan en la forma que la ley señala, el Estado preserva y estimula las manifestaciones de las culturas nativas, así como las peculiares y genuinas del folklore nacional, el arte popular y la artesanía.

El Estado promueve el estudio y conocimiento de las lenguas aborígenes. Garantiza el derecho de las comunidades quechua, aymara y demás comunidades nativas a recibir educación primaria también en su propio idioma o lengua, los medios de comunicación social del Estado se hallan al servicio de la educación y la cultura. Los privados colaboran a dichos fines, el Estado promueve la educación física y el deporte, especialmente el que no tiene fines de lucro. Les asigna recursos para difundir su práctica, en cada ejercicio se destina para educación no menos del 20% de los recursos ordinarios del presupuesto del gobierno central^[59], la investigación científica y tecnológica goza de atención y estímulo del Estado. Son de interés nacional la creación y la transferencia de tecnología apropiada para el desarrollo del país, el profesorado en carrera pública en las diversas ramas de la enseñanza oficial. La ley establece sus derechos y obligaciones, y el régimen del profesorado particular, el Estado procura la profesionalización de los maestros.

Del Capítulo V, Del Trabajo, la Carta de 1979 tenía 16 artículos referidos a este rubro. En la Carta de 1993 se reducen a 7 (del 22 al 29) y se agrega uno más, el 42, que reconoce los derechos de sindicalización y huelga de los servidores públicos, pero prohíbe explícitamente este derecho a los funcionarios del Estado con poder de decisión, a los que desempeñan cargos de confianza o de dirección, así como los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

Los eliminados se referían a que el Estado reconoce al trabajo como fuente principal de la riqueza, el trabajo es un derecho y un deber social, corresponde al Estado promover las condiciones económicas y sociales que eliminen la pobreza y aseguren por igual a los habitantes de la República la oportunidad de una ocupación útil y que los protejan contra el desempleo y el subempleo en cualquiera de sus manifestaciones.

En toda relación laboral queda prohibida cualquier condición que impida el ejercicio de los derechos constitucionales de los trabajadores o que desconozca o rebaje su dignidad, el trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de protección por el Estado, sin discriminación alguna y dentro de un régimen de igualdad de trato, a nadie puede obligarse a prestar trabajo personal sin su libre consentimiento y sin la debida retribución, el trabajador tiene derecho a una remuneración justa que procure para él y su familia el bienestar material y el desarrollo espiritual, el trabajador, varón o mujer, tiene derecho a igual remuneración por igual trabajo prestado en idénticas condiciones al mismo empleador, la ley organiza el sistema de asignaciones familiares en favor de los trabajadores con familia numerosa, todo trabajo realizado fuera de la jornada ordinaria se remunera extraordinariamente.

La ley establece normas para el trabajo nocturno y para el que se realiza en condiciones insalubres o peligrosas, los trabajadores tienen derecho a descanso semanal remunerado, vacaciones anuales pagadas y compensación por tiempo de servicios, también tienen derecho a las gratificaciones, bonificaciones y demás beneficios que señala la ley o el convenio colectivo, la ley determina las medidas de protección a la madre trabajadora, el Estado estimula el adelanto cultural, la formación profesional y el perfeccionamiento técnico de los trabajadores, para mejorar la productividad, impulsar el bienestar social y contribuir al desarrollo del país, corresponde al Estado dictar medidas sobre higiene y seguridad en el trabajo, el Estado reconoce el derecho de estabilidad en el trabajo^[60].

El trabajador solo puede ser despedido por causa justa, señalada en la ley y debidamente comprobada, se reconoce al trabajador a domicilio una situación jurídica análoga a la de los demás trabajadores, el Estado propicia la creación del Banco de los trabajadores y de otras entidades de crédito para su servicio, el Estado reconoce a los trabajadores el derecho a la sindicalización sin autorización previa, la huelga es derecho de los trabajadores, el Estado reconoce el derecho de los trabajadores a participar en la gestión y utilidad de la empresa^[61], los derechos reconocidos a los trabajadores son irrenunciables (...) Todo pacto en contrario es nulo.

De los artículos 64 al 71, De los derechos políticos, se consignan 8 artículos en la Carta de 1979, los cuales, por excepción, no solo son recogidos sino cualitativamente mejorados en la Carta de 1993, cuando se incorporan las figuras del referéndum, de la iniciativa legislativa, la remoción o revocación de autoridades y la demanda de rendición de cuentas. Se otorga el voto a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional (aunque no pueden postular a cargos de elección popular).

De los artículos 97 al 99, De la inviolabilidad del territorio, suelo, subsuelo, dominio y soberanía marítima y del espacio aéreo, es reemplazado por el artículo 54 en la Carta de 1993. En este como en otros temas, importa la real posibilidad de cumplir con la letra de la Constitución de 1993, pues lo aprobado se contradice con uno de los artículos que organizan toda la Carta de 1993: el artículo 58. Si la iniciativa privada es libre, sin condicionamientos, entonces la pesca dentro de los límites señalados es libre para los barcos cada vez más sofisticados y grandes que provienen del extranjero. Ello no solamente atenta contra la alimentación proteica de los peruanos sino contra la soberanía y jurisdicción proclamada por el artículo 54.

La enumeración que se ha hecho de los derechos que la Constitución de 1979 formulaba hasta el artículo 57, y que no están en la de 1993, no solo reafirman, repito, el carácter neoliberal de esta última, sino que desmiente a aquellos autores que afirman que los cambios entre una y otra Constitución no fueron muchos ni relevantes, o que si en algún momento se pensó por algunos que había que sustituir la Constitución de 1993, ahora ello ya no se justifica^[62]. Al respecto creo que cuando algo no es justo ni conveniente para el pueblo peruano, siempre es necesario bregar para cambiar lo injusto.

Tal como he señalado, prosigo en citar los derechos que se han eliminado, que estuvieron vigentes en la Constitución de 1979 y ya no están en la de 1993.

Continúo con los artículos 64 al 71, De los derechos políticos. No han sido considerados en la Constitución de 1993 los artículos 70 y 71 de la Carta de 1979, referidos al acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación. El Estado no da trato preferencial a partido político alguno. Proporciona a todos acceso gratuito a los medios de comunicación social de su propiedad, con tendencia a la proporcionalidad resultante de las elecciones parlamentarias inmediatamente anteriores, durante las campañas electorales, los partidos inscritos tienen acceso gratuito a los medios de comunicación social de propiedad del Estado.

De los artículos 79  al 88, Del Estado y la Nación, de la Carta de 1979, se advierte que el artículo 79 precisaba que la República del Perú es democrática y social, independiente y soberana, basada en el trabajo. El artículo 43 de la Carta de 1993 repite la formulación pero omite “basada en el trabajo”. En el mismo sentido, el artículo 80 de la Constitución de 1979 es reproducido por el 44 en la de 1993, pero en esta última se omite  que el bienestar general también se basa en eliminar toda forma de explotación del hombre por el hombre y del hombre por el Estado. El artículo 88 de la Carta del 1979, que decía que el Estado rechaza toda forma de imperialismo, colonialismo, neocolonialismo y discriminación racial; además de ser solidario con los pueblos oprimidos del mundo, fue suprimido. En el mismo sentido, el artículo 80 en la de 1979 es reproducido por el 44 en la de 1993, pero en este último se omite  que el bienestar general también se basa en eliminar toda forma de explotación del hombre por el hombre y del hombre por el Estado.

El Título II, Capítulo II, De la nacionalidad, que se desarrollaba en los artículos 89 al 96, ha sido suprimido en la Carta de 1993 en sus ocho artículos y sustituido por dos artículos, el 52 y 53, del Título II. El artículo 91 decía que adquiere la nacionalidad peruana el extranjero mayor de edad, domiciliado en la República por lo menos dos años consecutivos, que solicita y obtiene carta de naturalización y renuncia a su nacionalidad de origen. Dicho plazo mínimo de dos años desaparece en el artículo 52  de la carta de 1993, que no demanda plazo de residencia y solo se refiere a residencia en el Perú.

Entre los artículos suprimidos está el 92, que decía que los latinoamericanos o españoles de nacimiento domiciliados en el Perú pueden naturalizarse, sin perder su nacionalidad de origen, si manifiestan expresa voluntad de hacerlo. Así mismo, que el peruano que adopta la nacionalidad de otro país latinoamericano o la española no pierde la nacionalidad peruana.

En el Título II, Del Estado y la Nación, Capítulo III, Del territorio, de la Carta de 1979, se desarrollaba en los artículos del 97 al 99. Fue copiado literalmente por el artículo 54 de la Carta de 1993. Se eliminó en su integridad del Capítulo IV, De la integración, el artículo 100, que decía que el Perú promueve la integración económica, política, social y cultural de los pueblos de América Latina, con miras a la formación de una comunidad latinoamericana de naciones^[63].

También se eliminaron otros que consideramos significativos, como la los artículos 110 al 117 y la modificación del 115. Fueron eliminadas, entre otras, las siguientes formulaciones:

•       El régimen económico de la República se fundamenta en principios de justicia social, orientados a la dignificación del trabajo como fuente principal de la riqueza y como medio de realización de la persona humana.

•       El Estado promueve el desarrollo económico y social mediante el incremento de la producción y de la productividad, la racional utilización de los recursos, el pleno empleo y la distribución equitativa del ingreso.

•       Con igual finalidad, fomenta los diversos sectores de la producción y defiende el interés de los consumidores. Me referiré a otros artículos del Título III, Capítulo I más adelante.

El Título III, Capítulo II, De los recursos naturales, tenía seis artículos que han sido sustituidos por tres en la Carta de 1993, que mutilan contenidos  anteriores. También me referiré a ello más adelante.

En el Título III, Capítulo III, De la Propiedad, cabe subrayar la supresión total del artículo 124 de la Carta de 1979.

•       La propiedad obliga a usar los bienes en armonía con el interés social. El Estado promueve el acceso a la propiedad en todas sus modalidades.

•       Eliminación de parte del 125. La posibilidad de expropiar con fines de reforma agraria, remodelación de centros poblado o para aprovechar fuentes de energía.

•       La sustitución del artículo 128, los bienes públicos cuyo uso es de todos, no son objeto de derechos privados por el artículo por el segundo párrafo del artículo 73 de la Carta del 1993,que a tono con el resto de su contenido dice que los bienes de uso público pueden ser concedidos a particulares conforme a ley, para su aprovechamiento económico.

El Título III, Capítulo IV, De la empresa (que incluye desde el artículo 130 hasta el 137), fue eliminado en la Carta de 1993 aunque algunos artículos han sido recogidos en otra parte.

El Capítulo V del mismo Título, De la Hacienda Pública, que contiene los capítulos 138 al 147, también ha sido eliminado de la Carta de 1993. Ha sido sustituido por el Capítulo IV, del régimen tributario y presupuestal, que añade la atribución del Poder Ejecutivo de regular aranceles y tasas mediante Decretos Supremos.

Quedó eliminado, sin sustitución de ningún tipo, el contenido del artículo 142 de la Constitución de 1979, que indicaba que la tributación, el gasto y el endeudamiento público guardan proporción con el Producto Bruto Interno (PBI).

Lo mismo sucedió con el contenido del artículo 144 de la Carta de 1978-79, que prescribía que la ley especifica las normas de organización, funcionamiento, control y evaluación de las empresas del Estado. El importante rol de los procuradores públicos estaba consignado y definido en el artículo 147. En la Carta de 1993, dicha  institución ha perdido rango constitucional, pues ya no se la menciona.

Del Capítulo VI del mismo Título, De la Moneda y la Banca, que se desarrolla desde el artículo 148 al 155 en la Constitución de 1979, solo el artículo 148 es recogido literalmente en la Carta de 1993, mientras que el artículo 149 parcialmente y el resto eliminados.

El Capítulo VIII del mismo Título, De las Comunidades Campesinas y Nativas, estaba desarrollado en los capítulos 161 al 163. La Carta de 1993 los modifica e incluye en dos artículos: 88 y 89.

•       Se elimina que el Estado propicia la superación cultural de sus integrantes, que promueve el desarrollo integral de las comunidades campesinas y nativas y que fomenta las empresas comunales y cooperativas.

•       Elimina que las tierras de las comunidades campesinas y nativas son inembargables y que queda prohibido el acaparamiento de tierras dentro de la Comunidad.

La vocación latinoamericanista de la Carta de 1979 se hace explícita en el artículo 100^[64], por el cual el Perú promueve la integración económica, política social y cultural de los pueblos de América Latina, con miras a la formación de una comunidad latinoamericana de naciones.

Las bancadas del APRA y de las izquierdas promovieron este artículo. La Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) fue latinoamericanista bajo la conducción de su fundador, Víctor Raúl Haya de la Torre, presidente de la Asamblea Constituyente que dio a luz la Constitución de 1979. Hoy, bajo el mandato de Alan García ha derivado en una fuerza política neoliberal y, por ende, prima en sus dirigentes la ideología de la globalización neoliberal, lo que explica también por qué el APRA defiende la Carta de  1993.

Con el mismo afán latinoamericanista se postuló en la Carta de 1979 (artículo 106), que los tratados de integración con Estados latinoamericanos prevalecen sobre los demás tratados multilaterales celebrados entre las mismas partes. Este artículo fue eliminado de la carta de 1993.

También fue eliminado el artículo 105, que planteaba que los preceptos contenidos en los tratados relativos a derechos humanos tienen jerarquía constitucional. No existe esa explícita ponderación en la Carta de 1993, lo cual sin duda puede interesar a los adversarios de la suscripción del Perú a la jurisdicción de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), que buscan librarse de ser condenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyos fallos son vinculantes para los países signatarios.

Volviendo al Título III, Capítulo I, como lo adelanté señalo que al haberse suprimido los artículos 110 al 117 y modificado el 115 (del Título III, del Régimen Económico), la Constitución de 1993 se fundamenta en la creencia de que el mercado, por sí solo, tenderá a resolver los diversos problemas económicos de los ciudadanos.

En efecto, se ha eliminado toda alusión a la necesidad de fundamentar el régimen económico en principios de justicia social. A saber:

•       A la dignificación del trabajo como fuente principal de riqueza y medio para la realización de la persona humana.

•       Al desarrollo económico y social.

•       Al incremento de la producción y de la productividad.

•       A la racional utilización de los recursos.

•       Al pleno empleo y la distribución equitativa del ingreso.

•       Al fomento de diversos sectores de producción.

•       A la defensa de los consumidores.

•       A la formulación de políticas económicas y sociales mediante planes de desarrollo que regulen el sector público y orienten, concertadamente, la actividad de los demás sectores.

•       Al cumplimiento obligatorio de lo planificado concertadamen-

te^[65], ^[66],  ^[67], ^[68].

•       A la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa: estatal, privada, cooperativa, autogestionaria, comunal^[69].

•       Al deber del Estado de promover la economía, de prestar servicios públicos, de reservar para el Estado o para los peruanos -por interés social o seguridad nacional- determinadas actividades productivas o de servicios^[70].

•       Al deber de armonizar con el interés social la economía social de mercado.

Con respecto a la enunciación de que la economía peruana “se ejerce en una economía social de mercado”, tal como aparece en la Carta de 1993, artículo 58, se asocia a que “la iniciativa privada es libre”. En la Carta de 19778-79 la misma enunciación se asocia a que el Estado estimule y reglamente (la economía social de mercado)  para armonizarla con el interés social. Así mismo:

•       A promover y proteger el cooperativismo, las empresas autogestionarias, comunales y demás formas asociativas.

•       A que el comercio exterior sea libre dentro de la ley, es decir, determinado por razones de interés social y de desarrollo del país.

•       A la cooperación para la búsqueda de un orden internacional justo.

Volviendo esta vez al Título III, Capítulo II, De los Recursos Naturales, como señalé anteriormente, la Carta de 1979 disponía:

•       Que los recursos naturales, renovables y no renovables, sean patrimonio de la Nación: los minerales, tierras, bosques, aguas, todos los recursos naturales y fuentes de energía pertenecen al Estado.

•       La ley fija las condiciones de su utilización por éste y de su otorgamiento a particulares, el Estado.

•       Así mismo, evalúa y preserva los recursos naturales, fomenta su racional aprovechamiento y promueve su industrialización para impulsar el desarrollo económico, al impulso del desarrollo de la Amazonía, y para ello, si se requiere, a regímenes especiales, a crear una institución autónoma para el inventario, investigación, evaluación y control de dichos recursos.

•       Se establece el derecho de habitar en ambiente saludable^[71], ecológicamente equilibrado para el desarrollo de la vida y preservación de la naturaleza y el paisaje^[72].

•       El Estado se obliga a prevenir y controlar la contaminación ambiental^[73].

En el mismo marco, el artículo 124, que pertenece a la carta del 1978-79, Título III, Capítulo III, señala que la propiedad obliga a usar los bienes en armonía con el interés social.

La mención al interés social o al bienestar general no es propio del pensamiento neoliberal: es contrario a dicha ideología. En la Constitución de 1979, en cambio, el concepto se vincula con varias atribuciones del Estado. Está implícito, por ejemplo, en el segundo párrafo del artículo 125, cuando señala que la expropiación por causa de guerra, de calamidad pública, para reforma agraria o remodelación de centros poblados o para aprovechar fuentes de energía, el pago de la indemnización justipreciada puede hacerse en efectivo, por armadas o en bonos de aceptación obligatoria y libre disposición, redimibles forzosamente en dinero.

También cuando en los artículos 127 y 128 se plantea que la ley puede establecer restricciones o prohibiciones especiales para la adquisición, posesión, explotación y transferencia de determinados bienes por su naturaleza, condición o ubicación, y que los bienes públicos, cuyo uso es de todos, no son objeto de derechos privados.

Las consecuencias de la eliminación de este artículo se constatan fácilmente: al quitarlo, se ha favorecido la privatización de playas, calles, parques que eran públicos, caminos, etc.

Francisco Fernández Segado, citando a Marcial Rubio Correa, agrega elementos muy significativos que perfilan la nueva dirección a la que apunta la Constitución del 1993 en relación a la de 1979, cuestionando “la práctica eliminación de todo rastro expreso de las obligaciones sociales del Estado presentes en la Constitución de 1979.

Varios aspectos resultan al respecto especialmente significativos:

A.             La eliminación de la amplia descripción contemplada por el artículo 13 de la anterior Constitución del objeto de la seguridad social, o, si se prefiere, de la cobertura de riesgos a que aquélla debía hacer frente, circunstancia que ahora se obvia mediante una insuficiente referencia a la «protección frente a las contingencias que precise la ley» (art. 10 de la Constitución de 1993).

B.             La supresión de la obligación que en el artículo 18 de la Carta de 1979 asumía el Estado de atender preferentemente las necesidades básicas de la persona y de su familia en materia de alimentación, vivienda y recreación.

C.             La supresión de la importante previsión constitucional (art. 39 de la Constitución anterior) de destinar a educación un mínimo del 20 por 100 de los recursos ordinarios presupuestarios en cada ejercicio.

D.            La desaparición del derecho, anteriormente reconocido, de los trabajadores a las gratificaciones, bonificaciones y demás beneficios que señalen la ley o los convenios colectivos.

E.             La ausencia de toda referencia al deber del Estado de dictar medidas sobre higiene y seguridad en el trabajo, deber previsto por el artículo 47 de la Carta anterior.

F.              La omisión de todo compromiso estatal sobre la necesidad de propiciar la creación de un banco de los trabajadores y de otras entidades de crédito para su servicio, prevista en el artículo 53 de la anterior Constitución de 1979.

La eliminación del Capítulo IV, De la empresa, se inscribe en la lógica del artículo 58 de la Carta de 1993, “la iniciativa privada es libre”; y la del artículo 60, “el Estado tiene un rol subsidiario”. Desarrollaremos más ampliamente esta postura en lo que algunos constitucionalistas denominan “cláusulas pétreas”.

De ese Capítulo IV, De la empresa, que tuvo ocho artículos en la Carta del 1978-79, solo fue recogido el artículo en la segunda parte del artículo 61 de la Carta de 1993, en el Título III, Del Régimen Económico: aquel relativo a los medios de comunicación.

Se eliminó la vinculación empresa-bien común, cuando se planteaba que las empresas, cualquiera sea su modalidad, son unidades de producción cuya eficiencia y contribución al bien común son exigibles por el Estado.

Se eliminó la vinculación entre libertad de comercio e industria con interés social, moral, salud o seguridad pública cuando se planteaba que el Estado reconoce  la libertad de comercio e industria. La ley determina sus requisitos, garantías, obligaciones y límites. Su ejercicio no puede ser contrario al interés social ni lesivo a la moral, salud, o a la seguridad pública.

Se eliminó el rol del Estado en la actividad económica aún en casos de emergencia, cuando se planteaba que en situaciones de crisis grave o de emergencia el Estado puede intervenir la actividad económica con medidas transitorias de carácter extraordinario.

Se eliminó el rol del Estado como promotor de pequeñas empresas o de actividad artesanal (artículo 135 de la Constitución de 197879). Se eliminaron, así mismo, normas constitucionales que obligaban a empresas extranjeras domiciliadas en el Perú a estar sujetas, sin restricciones, a las leyes de la República. También a que en todo contrato que con extranjeros celebren el Estado o las personas de derecho público o en las concesiones que se les otorgan, debe constar el sometimiento expreso de aquellos a las leyes y tribunales de la República y su renuncia a toda reclamación diplomática, con excepción de los contratos financieros.

En todo caso, el Estado y las personas de derecho público pueden, según decía la Carta de 1978-79, someter las controversias derivadas de los contratos con extranjeros a tribunales judiciales o arbitrales constituidos en virtud de convenios internacionales de los cuales es parte el Perú.

Se eliminó en este capítulo, finalmente, la obligación del Estado de autorizar, registrar y supervisar la inversión extranjera directa y la transferencia de tecnología foránea como complementarias de las nacionales, siempre que estimulen empleo, la capitalización del país, la participación del capital nacional y contribuyan al desarrollo en concordancia con los planes económicos y la política de integración^[74].

En definitiva, mientras, como se ha señalado, la Constitución de 1979 postulaba un Estado de bienestar muy  marcado, de apoyo social y vocación promotora en favor de los sectores menos favorecidos; en cambio la nueva Carta de 1993 muestra una notable falta de sensibilidad frente a los postulados básicos que demanda la sociedad en su conjunto y que son mucho más necesarios aún en un país con las enormes desigualdades sociales como presenta el Perú^[75].

El rol del Estado es mínimo para muchos efectos y nulo para otros. La ciudadanía está desprotegida en beneficio del capital. 

Del artículo 138 se ha eliminado la disposición de que la ley determina la preparación, aprobación, consolidación, publicación, ejecución y rendición de cuentas de los presupuestos del sector público así como la responsabilidad de quienes intervienen en su administración.

La orientación neoliberal de la nueva Carta, la Constitución de 1993, implicó cambios institucionales varios.

Uno de ellos, un reforzamiento del presidencialismo y una reducción del Parlamento, que de bicameral pasó a ser unicameral y pequeño. También es pertinente que aquí se incluya la eliminación del Sistema Nacional de Planificación, que como se dijo anteriormente citando a Sánchez Albavera, se hizo por una connotación ideológica.

Resumiendo lo planteado por dicho autor sobre la necesidad del planeamiento estratégico:

A.  Necesidad de una mediación entre el pasado y el futuro para sistematizar la información en conocimiento y convertir a éste en acción.

B.   Necesidad de una mediación entre el futuro y el presente (…) El efecto de los actos de gobierno no se agota en el presente sino que se prolonga en el tiempo.

C.   Necesidad de vislumbrar y anticiparse a las posibilidades del mañana para diseñar con anticipación lo que debe hacerse hoy (…) es mejor la aproximación a la ignorancia.

D.  Necesidad de una mediación entre el conocimiento y la acción. Hay que pensar antes de actuar (…).

E.   Necesidad de anticiparse a las sorpresas y a la volatilidad de los acontecimientos (…).

F.   Necesidad de concertar y coordinar para dar coherencia y superar las discrepancias (…)^[76].

Un parlamento bicameral como el anterior, que tenía 180 diputados y 60 senadores, fue sustituido por uno unicameral de 120 y luego 130 congresistas. Hoy, en el año 2018, el Perú tiene aproximadamente 31 millones de habitantes.

La subrepresentación es tan pronunciada que dicha cámara única constituye el Parlamento más pequeño del mundo en relación a la población del país^[77].

Según Francisco Fernández Segado: “Los rasgos principales” que caracterizaban a la Constitución económica en 1979 eran, en esencia, los siguientes:

1.              Reconocimiento del pluralismo económico, garantizado por el propio Estado, lo que es tanto como decir que la economía nacional se sustentaba en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa.

2.              Proclamación constitucional de un régimen de economía social de mercado en el que la iniciativa privada, que era libre, había de ser estimulada y reglamentada por el Estado con la finalidad de armonizar su ejercicio con el interés social. La fórmula «economía social de mercado» fue consensuada entre el Partido Aprista y el Partido Popular Cristiano^[78] ,(…) no en un sentido neoliberal, sino en el más propio de una economía socializada que mediante instrumentos extra-mercado, como la planificación concertada y el concepto de interés social, permitieran una acción reguladora del Estado que orientara al mercado a cumplir fines que no puede conseguir por sí mismo, pero que, en cualquier caso, habían de dotarle de un horizonte social.

3.              Consagración constitucional del Estado como empresario y como interventor de la vida económica en determinados sectores por causa de necesidad nacional.

4.              Recurso a los planes de desarrollo para que el Estado formulara a su través la política económica y social, planes que habían de regular la actuación del sector público y orientar en forma concertada la actividad de los demás sectores, siendo la planificación, una vez concertada, de cumplimiento obligatorio.

5.              Rechazo constitucional del monopolio y oligopolio en materia de medios de comunicación, circunstancia que se explica, como la doctrina significó en su momento, por los frecuentes abusos producidos en la época militar, al capturar el Estado diarios y canales de televisión.

6.              Por último, papel fundamental en el ámbito socioeconómico del Banco Central de Reserva (BCR), considerado como una especie de motor del sistema económico por cuanto no sólo le correspondía emitir billetes, sino que era de su competencia, así mismo, también la regulación de la moneda, de los intereses, del mercado de divisas y de la actividad importadora y exportadora”^[79].

 

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neoliberalismo y democracia

L

a ideología neoliberal está ganando adeptos activos y pasivos. Muchos, de buena fe, consideran un peligro contradecir los dogmas del “mercado libre”. Una batería de argumentos se usan diariamente en la prensa escrita, en la TV y también por muchos escritores famosos -como el Nobel Mario Vargas Llosa- mediante los cuales se tildan de “populistas” y otros epítetos, cualquier cuestionamiento a los efectos nocivos del neoliberalismo en el mundo.

Últimamente, los fracasos de gobiernos como el de Venezuela son exhibidos como “espantapájaros” para reprimir todo esfuerzo intelectual o político que tienda a buscar o defender mejores condiciones de vida, así como de cautelar los derechos de los ciudadanos mediante un esfuerzo entre el Estado (que debe planificar concertadamente) y los distintos sectores de la sociedad para reducir la pobreza hasta acabarla. Esto implica eliminar brechas educativas, de salud, de acceso a servicios básicos de agua potable, vivienda, vestido, alcantarillado, alimentación, superación definitiva de la anemia en todas las edades, información de calidad, diversas formas de creación y producción cultural, acceso a la lectura y escritura, recreación, comunicación (vial, radial, aérea, marítima, fluvial, televisiva, internet), acceso a libre asociación para diversos fines lícitos, libertad de cuestionamiento, etc.

Es cierto que en el siglo XXI dichas brechas no se reducen y, que incluso tienden a aumentar. Es cierto que el libre mercado no ha sido capaz de contribuir a cerrar dichas brechas y que, en muchos casos, ha contribuido a profundizarlas. Es cierto que millones de personas están al margen de lo que muchos llaman “los beneficios de la modernidad” y que muchos preferimos denominar, los estándares mínimos para la realización de la persona humana.

La mayoría de los hombres y mujeres de nuestro tiempo vive precariamente el día a día, con consecuencias funestas. Algunas patologías van en aumento. El miedo y la desesperación se apoderan del corazón de numerosas personas, incluso en los llamados países ricos. La alegría de vivir frecuentemente se apaga, la falta de respeto y la violencia crecen, la inequidad es cada vez más patente. Hay que luchar para vivir y, a menudo, para vivir con poca dignidad^[80].

Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, vincula el actual ordenamiento económico no solamente con la inequidad sino con conductas antisociales y con la violación a derechos humanos.

Así como el mandamiento de “no matar” pone un límite claro para asegurar el valor de la vida humana, hoy tenemos que decir «no a una economía de la exclusión y la inequidad». Esa economía mata (...) Hoy todo entra dentro del juego de la competitividad y de la ley del más fuerte, donde el poderoso se come al más débil. Como consecuencia de esta situación, grandes masas de la población se ven excluidas y marginadas: sin trabajo, sin horizontes, sin salida. Se considera al ser humano en sí mismo como un bien de consumo, que se puede usar y luego tirar. Hemos dado inicio a la cultura del “descarte” (…). Ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y de la opresión, sino de algo nuevo: con la exclusión queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive, pues ya no se está en ella abajo, en la periferia, o sin poder, sino que se está fuera. Los excluidos no son “ explotados” sino desechos, “sobrantes”. En este contexto, algunos todavía defienden las teorías del “ derrame “, que suponen que todo crecimiento económico, favorecido por la libertad de mercado, logra provocar por sí mismo mayor equidad el poder económico y en los mecanismos sacralizados del sistema económico imperante.(….). e inclusión social en el mundo. Esta opinión, que jamás ha sido confirmada por los hechos, expresa una confianza burda e ingenua en la bondad de quienes detentan Para poder sostener un estilo de vida que excluye a otros, o para poder entusiasmarse con ese ideal egoísta, se ha desarrollado una globalización de la indiferencia.(….) La cultura del bienestar nos anestesia y perdemos la calma si el mercado ofrece algo que todavía no hemos comprado, mientras todas esas vidas truncadas por falta de posibilidades nos parecen un mero espectáculo que de ninguna manera nos altera^[81].

El firme cuestionamiento de Francisco a las políticas neoliberales no ha sido difundido, como algunas de sus actividades a veces triviales. Su cuestionamiento a las teorías del “derrame”, denominadas por otros como “chorreo”, no solo se reduce al hecho que tal teoría jamás ha sido comprobada, sino que ha servido a la mayor libertad del mercado. Su afirmación por la cual señala enfáticamente que esta economía mata, subraya la urgencia de superarla, de sustituirla.

Mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. Este desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera. De ahí que nieguen el derecho de control de los Estados, encargados de velar por el bien común^[82].

Aquí se expone no solamente un alegato contra la creciente desigualdad sino contra la relación entre autonomía absoluta de los mercados -especulación financiera- cada vez menos bienestar general, así como crítica a la orientación neoliberal por la cual se quita rol a los Estados en su papel de garantes del bien común.

La adoración del antiguo becerro de oro ha encontrado una versión nueva y despiadada en el fetichismo del dinero y en la dictadura de la economía sin un rostro y sin un objetivo verdaderamente humano^[83].

La expresión “dictadura de la economía” es particularmente cuestionadora de la economía de mercado, que organiza las instituciones políticas y logra capturar a muchos en la lógica de la cultura del bienestar que funciona como anestesia. La dictadura de la economía atenta contra la democracia, genera una sensación falsa de bienestar y no tiene al ser humano como eje-objetivo.

Finalmente, cito a Francisco cuando relaciona el ordenamiento neoliberal con la creciente inseguridad y violencia, algo que nuestro pueblo reclama como primera medida que todo gobierno debe enfrentar:

Hoy en muchas partes se reclama mayor seguridad. Pero hasta que no se reviertan la exclusión y la inequidad dentro de una sociedad y entre los distintos pueblos, será imposible erradicar la violencia^[84].

El neoliberalismo, pues, es una ideología institucionalizada no solamente en determinadas reglas de funcionamiento económico, sino jurídico, político, social y cultural. Constituye una cosmovisión, una manera de entender la vida de las personas, de las naciones, bajo la égida de la lógica de la libertad del capital, que, como se comprueba, tiende a concentrarse y a convertirse mayoritariamente en capital financiero transnacional.

Al respecto, la antropóloga argentina Cecilia Rossi sostiene:

El neoliberalismo se caracteriza por la preeminencia del mercado como principal organizador de las relaciones sociales. El avance de esta concepción durante el último cuarto del siglo XX dio nuevos lugares al papel del Estado, desplazándolo, del papel que le correspondió en el período histórico previo. Las estrategias neoliberales promocionadas por los Estados actuaron crecientemente como una forma compulsiva que apuntaba a proveer un marco competitivo de interacción social en el ámbito global en las esferas tradicionales de la industria y también en muchos otros campos sociales como salud, educación y en la producción y acceso a los bienes públicos. Desde el punto de vista económico, el diagnóstico se presenta, para el caso de América Latina por ejemplo, como una apertura a la competencia externa, la desregulación de múltiples mercados, la privatización de activos del sector público y como un manejo más prolijo y cuidadoso de las variables fundamentales del ámbito macroeconómico y un nuevo clima de mayor disciplinamiento competitivo que fuerza a los agentes económicos individuales a modificar sus conductas tradicionales y a racionalizar su operatoria corriente en búsqueda de un mayor nivel de eficiencia y competitividad doméstica e internacional^[85]. 

La instalación de la lógica neoliberal en la economía ha tenido y tiene una implicancia cultural muy importante. A propósito de ello, la socióloga mexicana María Guadalupe Ortiz Gómez, señala, en lo que considero un excelente resumen: “Cultura neoliberal, el protagonismo del self”.

Para hacer un análisis de los principales rasgos culturales que se promueven desde el discurso neoliberal debemos tomar como punto de partida las ideas que lo sustentan. Si bien se trata de una gran corriente en la que se aglutinan diferentes perspectivas, existen características comunes que nos permiten conceptualizarla:

A.  Es un discurso basado en la defensa de la libertad (especialmente la de mercado).

B.   Defiende el individualismo y la propiedad privada.

C.   Parte de la idea de que el mercado es el mecanismo más eficiente para la distribución de la riqueza.

D.  Se sostiene en la creencia de que el Estado no tiene responsabilidad social.

E.   Privilegia la defensa del capital en detrimento de los derechos sociales.

F.   Promueve una cultura política y ciudadana que se cimienta en los valores de la autogestión al estilo neoliberal también llamado “emprendedurismo” en el Perú.

G.  Propicia una reificación a grandes niveles (todo es visto como producto intercambiable en el mercado, incluso la cultura y las relaciones sociales).

Tales características nos conducen a identificar un eje importante que, como ya se señaló, tiene que ver con la promoción de una cultura de autogestión (o “emprendedurismo”, en este contexto), limitada en márgenes específicos. La expresión popular, “que cada quien se rasque con sus propias uñas”, resume de manera muy clara la lógica de la propuesta neoliberal. La racionalidad de mercado permea todos los aspectos de la vida social, incluyendo las relaciones sociales”^[86].

Wilhelm Röpke, uno de los fundadores del Grupo ORDO y de la colectividad neoliberal que inició concertadamente su trabajo intelectual desde 1947, denomina “orden mundial liberal”^[87] a lo que aquí llamamos ideología neoliberal.

En su alegato en favor de dicho “orden mundial liberal”, Röpke plantea, que para darse como tal, son dos las condiciones previas para posibilitarlo:

Tiene que existir, en primer lugar, un dinero estable, libre y de circulación general, (….) y es preciso, en segundo lugar, cuidar de que mediante un ordenamiento jurídico inquebrantable (…) de normas, principios y valoraciones, todos los miembros de la sociedad se sepan protegidos por un mínimo de confianza recíproca y por una atmósfera de seguridad y continuidad^[88] .

Hay que reconocer que Röpke entrevió con sagacidad (desde 1952) que el “orden liberal” demandaría libertad de circulación al dinero y al capital (no pidió libertad a la circulación de personas) y un inmutable ordenamiento que genere confianza y certeza de continuidad a dicha libre circulación. Esto último obliga, sin duda, a la redacción de constituciones neoliberales y tratados internacionales que aseguren dicha libertad al capital, reglas de juego que hoy están aseguradas.

Desde 1945 existen el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), ambos con mayoría relativa en manos de cinco países el primero (Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia y Reino Unido); en manos de seis el segundo (Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido), aunque casi todos los países del mundo posean una muy pequeña parte de la propiedad de ambas organizaciones. No se puede dejar de mencionar que uno de los mecanismos más importantes a través del cual opera el BM es el Programa de Ajuste Estructural (PAE) por el cual, el BM interviene en las economías y en las decisiones de los gobiernos deudores o con problemas financieros mediante ajustes (que implican restricciones en planes y presupuestos). También el FMI interviene en decisiones internas que implican ajustes. En ambos casos, las decisiones democráticas, ciudadanas no intervienen.

Muchas otras organizaciones multilaterales, entre la que destaca la Organización Mundial de Comercio (desde 1995) y tratados de diversa índole como el conformado por la Unión Europea: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre,Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía y Suecia. Otros son el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México (de alcance subregional); los tratados económicos y comerciales subregionales en América Latina como la Alianza del Pacífico: México, Colombia, Perú y Chile; uniones bancarias como el Banco Central Europeo, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) con Malasia, Indonesia, Brunei, Vietnam, Camboya, Laos, Birmania, Singapur, Tailandia, Filipinas. Estados observadores: Papúa Nueva Guinea y Timor Oriental.

También tenemos al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC): Australia, Brunei, Darussalam, Estados Unidos, Filipinas, Indonesia, Japón, Malasia, Nueva Zelandia, Corea del Sur, Singapur, Tailandia, República Popular China, China Taipei, Hong Kong, México, Papúa: Nueva Guinea, Chile, Perú, Rusia y Vietnam.

Además, existen acuerdos en la China, Japón y Corea del Sur (o República De Corea); en ASEAN+6: China, Japón, Corea del Sur, India, Australia y Nueva Zelandia; el recientemente firmado Tratado de Libre Comercio de países africanos (marzo de 2018) que involucra a 44 de los 55 países que conforman la Unión Africana.

Así mismo, el Tratado de Agadir (subregional) que abarca a Marruecos, Túnez, Egipto y  Jordania; el GAFTA, Área de Libre Comercio Pan-Árabe que se pactó en 1997 y que luego se decidió iniciar en el 2015: Argelia, Bahrein, Egipto, Irak, Kuwait, Líbano, Libia Marruecos, Omán, Palestina, Qatar, Arabia Saudita, Sudán, Siria, Túnez, Emiratos Árabes Unidos y Yemen.

En el siglo XXI se han multiplicado los tratados de libre comercio subregionales en todo el mundo.

La institucionalidad neoliberal que pedía Wilhelm Röpke se ha multiplicado.

Para construir el orden neoliberal existente, que crece constantemente, se está siguiendo la ruta que Röpke demandaba también en el año 1959: “poner fin con el equívoco juego que se lleva a cabo con el concepto de soberanía”^[89] y proseguir “el método de la economía de mercado, de la integración económica internacional, que implica una restricción de la soberanía político-económica de las naciones en favor del mercado y del libre tráfico internacional de pagos”^[90].

La expansión de la ideología neoliberal no había tenido jamás una escala mundial tan rápida. El neoliberalismo es la actual etapa que asume la expansión capitalista.

Todo lo que podemos decir es que este es un movimiento ideológico a escala verdaderamente mundial, como el capitalismo jamás había producido en el pasado. Se trata de un cuerpo de doctrina coherente, auto-consistente, militante, lúcidamente decidido a transformar el mundo a su imagen, en su ambición estructural y en su extensión internacional^[91].

La ideología neoliberal ha avanzado en amplios sectores sociales también, cómo no, en los sectores pobres y muy pobres. Nuestra crítica a la Constitución de 1993 no es compartida mayormente por una posible mayoría de nuestra población. No solamente porque nunca se han debatido en TV abierta los términos de dicha Constitución, sino porque el debate abstracto es menos potente que la asimilación pasiva y paulatina a una lógica imperante que se vive en concreto, día a día.

Este fenómeno ha sido observado por muchos autores desde diversas perspectivas teóricas e ideológicas. El propio Friedrich von Hayek, uno de los pilares del pensamiento neoliberal, también lo observó.

Parece que tales nuevas ideas (se refiere a las que defienden la economía de mercado) generalmente no penetran en amplios círculos en su forma abstracta, sino más bien a través de su interpretación de determinados hechos^[92].

Un cuestionamiento, a mi juicio necesario, de la Constitución de 1993 no será fácilmente tomado como bandera de lucha del pueblo. Hay una aceptación pasiva del modelo neoliberal que tiene principalmente un carácter político-ideológico aunque también juegue a su favor la percepción de la necesidad de la estabilidad monetaria y la influencia, en ámbitos académicos y periodísticos, de determinada formación académica en universidades de Estados Unidos y, luego, en muchos países, así como la influencia de dicha ideología a través de medios de comunicación vinculados a intereses del gran capital.

De cualquier forma, el factor más poderoso del neoliberalismo continúa siendo su dimensión político-ideológica. Esto es, los gobiernos neoliberales tienen poco prestigio pero en los momentos en los que se plebiscita la estabilidad de la moneda obtienen mayorías electorales. Menem, por ejemplo, a pesar de su imagen negativa, a la hora de las elecciones y con la estabilidad de la moneda en juego se las ingenió para obtener una votación masiva en las elecciones que lo re-eligieron como presidente en 1995 (…). Se trata de una cuestión esquizofrénica: las consecuencias del modelo económico son malas, pero se sostiene que enfrentamos una etapa inevitable, a partir de la cual no se debe retroceder. De allí que las dimensiones político-ideológicas de este modelo sean tan importantes^[93].

Oswaldo de Rivero, diplomático peruano y destacado estudioso de la economía global, autor del Mito del Desarrollo (1996) afirma:

En las universidades de los Estados Unidos y de Europa la enseñanza de la economía ha dejado de ser confiable porque lo que se enseña es la ideología económica que precisamente causó el Crash del 2008 y la actual crisis económica y ecológica global. Esta situación ha llevado a protestar a los estudiantes y organizar un movimiento global llamado: International Student Initiative for Pluralist Economics (ISIPE), que acaba de lanzar un Manifiesto, pidiendo un cambio radical de la enseñanza de la economía.

Todo se originó con las protestas de los estudiantes de economía de Harvard, Cambridge y otras universidades norteamericanas, británicas y alemanas, donde los alumnos acusaron a los profesores de enseñar, como única opción, el modelo de mercado neoliberal que ha llevado al mundo a la crisis. Este movimiento está organizando 41 grupos de protesta en las universidades de Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Rusia, Brasil y otros países.

El argumento central de estos grupos es que la enseñanza de la economía está hoy dominada por un enfoque ideológico y matemático que respaldan la teoría de que el mercado se regula a sí mismo, algo que la realidad ha probado ser totalmente falso.

“El mundo real debe ser traído al salón de clase con un debate pluralista donde participen todas las escuelas económicas”, dice el Manifiesto, pidiendo que se incluya un curso sobre el análisis del crash del 2008 y también otro sobre el cambio climático y seguridad alimentaria, y que la economía se transforme en una ciencia interdisciplinaria donde participe la ciencia política, la sociología y la ecología, para poder comprender los efectos morales y ecológicos de las decisiones económicas.

El Manifiesto termina invitando a los estudiantes de todos los países a unirse al movimiento para crear la masa crítica necesaria para cambiar la enseñanza de la disciplina económica en todo el mundo.

Esta protesta de los estudiantes coincide con el best seller del profesor Thomas Piketty, Capitalismo en el Siglo XXI, una investigación grandiosa de 452 páginas, donde critica a los profesores que siguen usando modelos matemáticos que han sido destruidos por la realidad. Y para ello, Piketty, nada menos, recurre a 200 años de historia estadística para demostrar sólidamente que el capitalismo del siglo XXI ha creado un abismo de desigualdad social en el mundo.

También este movimiento global de estudiantes coincide con el “Movimiento por una Nueva Economía (The New Economy Movement) creado por destacados profesores de economía norteamericanos para revisar los fundamentos de la economía, que como ciencia está en crisis^[94].

El mismo autor señala que:

El Crash del 2008 también ha transformado la economía global con el trillón de dólares, que la Reserva Federal de los EEUU y los Bancos Centrales europeos, le dieron a su banca privada para salvarla de la bancarrota. Esta enorme inyección de liquidez, no solo salvó a los bancos privados sino que los hizo más fuertes, hasta el punto que las finanzas se han convertido en la actividad principal de la economía global. Hoy, el enorme casino financiero de los bancos transnacionales y el lavado de dinero en los paraísos fiscales, es muy superior a las inversiones productivas en la economía global real. La Bolsa de Nueva York está más alta que nunca. Todo el mundo quiere hacerse rico en la bolsa y así cada vez la riqueza en el mundo se concentra en las manos de pocos financistas.

La otra gran transformación de la economía global, debido al Crash del 2008, es que el modesto crecimiento del PBI global, se financia contrayendo una deuda creciente. Hoy la deuda global llega a unos 250 trillones de dólares mientras que la producción global de bienes y servicios, de los países industrializados y de los emergentes, es de solo 83 trillones. Este mediocre crecimiento de la economía global, ligada a una enorme deuda que no deja de aumentar, no es otra cosa que el fracaso del neoliberalismo. También, hoy el mundo es cada vez más turbulento e inestable debido al abismo social que han creado treinta años de políticas neoliberales. Hoy el 1% de la población mundial acapara más del 70% de los ingresos globales^[95].

Uno de los principales fundadores de la Mont Pèlerin Society y del Grupo ORDO, precisamente quien convocó a la reunión en 1947 que instituyó ambos instrumentos fue Friedrich Von Hayek. Él llamó “meros mitos” que no se apoyan en hechos probados, al “crecimiento progresivo del monopolismo, sobre la destrucción deliberada de existencias de mercancías como consecuencia de la competencia (…), sobre la no utilización de descubrimientos beneficiosos, sobre las causas y efectos del “imperialismo” (las comillas son de dicho autor), y,  finalmente, sobre el papel de la industria de armamento en particular, o de los “capitalistas” (nuevamente, las comillas son del autor) en general, en la provocación de las guerras” (...), ”leyenda política” destinada a “desacreditar el sistema económico al que debemos nuestra civilización actual.

Se trata de la leyenda de que la situación de las clases trabajadoras empeoró como consecuencia de la implantación del “capitalismo”^[96] (las comillas son del autor).

A esta larga lista de supuestos mitos que Hayek enumera, habría que agregar otros que han cobrado mucha importancia en los últimos años, como el del calentamiento global y la creciente destrucción medio-ambiental, así como de la creciente dominación-dependencia que la mayoría de las poblaciones de países periféricos del capitalismo padecen desde el centro del mismo, lo que genera una asimetría creciente por la descapitalización de unos en favor de los otros. Menciono dos de los más importantes elementos que caracterizan al capitalismo neoliberal de nuestros días porque también son negados por múltiples autores, políticos y gobernantes neoliberales. Estos últimos elementos, como los anteriores, se dan. No son “mitos” ni “leyendas”.

La lucha ideológica contra los supuestos básicos de las bondades del libre mercado ha arreciado en los últimos años.

El neoliberalismo está agotado como proyecto ideológico y político definido de forma estricta. La posibilidad misma de su continuidad se vincula no tanto al carácter unitario de su proyecto político y si a sus lazos de articulación con el gigantesco proceso de cambio estructural producido en el mundo capitalista. Es decir, con las transformaciones ocurridas en el triángulo institucional del capitalismo (empresas, mercados y Estados), y con las variaciones en el tamaño relativo de cada una de estas tres esferas (...) El proceso que caracteriza estos últimos diez o quince años del desarrollo capitalista es una extensión enorme de los mercados (especialmente de los mercados de divisas y, sobre todo, de finanzas), los cuales expanden su dominio sobre los Estados como sobre las empresas. Comienza el auge del poder anónimo del mercado frente al poder de los ciudadanos de los Estados y de los trabajadores de las empresas. Es en este contexto que debemos situar al neoliberalismo^[97].

La rápida expansión de la lógica neoliberal ha sido del interés de varios autores. Para algunos de ellos, dicha rapidez está asociada al rol de los Estados, permeados por los intereses del capital privado a través de los lobbies y la corrupción que ellos estimulan en autoridades estatales y por el rentismo.

El neoliberalismo no es un proyecto tecnocrático basado en la aplicación desinteresada de una ortodoxia económica, sino un proyecto político donde los intereses y ambiciones de coaliciones rentistas se imponen a la racionalidad económica^[98].

Este enfoque ha sido particularmente explorado en América Latina. La autora citada, Irma sandoval, es mexicana e indaga con mucho detalle los eventos producidos en la orientación de la política económica de México en los últimos 25 años.

La mayor parte de la literatura sobre la economía política de las reformas económicas de las últimas décadas en América Latina, se concentra en explicar las razones por las que ciertos países han transitado por un proceso liberalizador más profundo que otros. La única variación importante para estos autores es el nivel y tipo de liberalización emprendida. Este enfoque limita el alcance de las conclusiones al eliminar innecesariamente el análisis de los continuos procesos de reafirmación de la autoridad estatal y la constante presencia de fenómenos de corrupción y rentismo que, por desgracia, han caracterizado a la mayoría de los procesos de liberación a nivel internacional^[99].

El Perú ha sido y es sacudido por el “caso Odebrecht”. En doce países logró esta empresa brasileña ganar licitaciones, financiar campañas electorales de varias fuerzas políticas coimeando a funcionarios públicos, a personajes del mundo empresarial y de la prensa: Angola, Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos de Norteamérica, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela.

Los sobornos están también presentes en los gobiernos subnacionales: regionales y locales. La voracidad del capital financiero y, en menor medida, industrial (como en los rubro farmacéutico y de construcción) han conducido a que la corrupción-que siempre ha existido-sea aún más fácil de extenderse. ”Los intereses siempre se han impuesto sobre las ideas y las instituciones”^[100].

Esta tendencia que Hall observaba, se ha agudizado encarnándose de diversas maneras en cada país. No hay país en el mundo (salvo que la violación del secreto, en ellos, sea peligroso) que esté exento de un aumento en los casos de corrupción de funcionarios por efecto de grandes grupos de interés.

Citaré solo algunos casos, todos recientes: Enron, Worldcom y Madoff en Estados Unidos de Norteamérica; Interbolsa y Foncolpuertos en Colombia; Viglioni, Blaksley en Argentina; HSBC, Fobaproa en México; Société Générale, Kerviel en Francia: MOP-Gate, caso “chispas” en Chile; Barclays Bank, Leeson-Barings en Reino Unido; BNDES-JBS, Petrobras en Brasil; Bankia, Gürtel, Bárcenas en España, etc. El caso de los “Panamá papers” involucró a personalidades de casi todo el mundo. Varios políticos y empresarios peruanos, aún no investigados, están entre ellos.

La absoluta liberalización y el recorte del Estado, la creciente competencia, son factores que explican en gran medida dicha tendencia.

Las reformas económicas son hoy, en estos tiempos de globalidad, un fenómeno esencialmente nacional basado en el interés. El flujo internacional de ideas ha tenido algún impacto, no hay razón para negarlo, pero esta influencia se reprocesa y se concreta en alianzas e intereses particulares de los que tienen el poder en el país^[101]. 

Que los intereses particulares pueden, en los tiempos actuales, obrar por encima del interés general como consecuencia del financiamiento de las campañas políticas fue observado por Susan Stokes:

Desde el otro extremo del debate se plantea que con el advenimiento de elecciones competitivas, se pueden generar incentivos para el aumento de la corrupción y el rentismo, ya que “la política del dinero” adquiere una mayor importancia en las campañas políticas, pero sobre todo, porque los intereses particulares de los representantes pueden llegar a predominar por encima del interés genera^[102].

El mercado en reemplazo del Estado, también ha desarrollado tendencias absolutistas, con la diferencia que este último puede morigerar su postura en ciertos casos, por la presión ciudadana. La capacidad de coerción por parte del mercado puede ser más opresiva y extensiva que la de los políticos déspotas que hoy ocupan algún puesto de mando como resultado de elección popular.

Ningún déspota antiguo hubiera soñado con penetrar de manera tan minuciosa y efectiva las vidas de sus súbditos -sus elecciones, preferencias, opiniones, y relaciones- como el mercado, cuyos imperativos de competencia y rentabilidad tienen una fuerza coercitiva suficiente para reducir todos los valores y relaciones sociales a mercancías^[103].

La fuerza coercitiva del mercado -algo que los tradicionales creado res del neoliberalismo entrevieron bajo el concepto de “orden liberal”- se sustenta en varios elementos. Uno de ellos, nada desdeñable, de naturaleza sociológica y antropológica, resulta de la combinación del individualismo, el “apoliticismo”, la “cosificación” de las personas, la disolución de lazos de solidaridad, la competencia inevitable de “todos contra todos”, y el “todo vale” para lograr un empeño individual. Emilia Castorina subraya, de este proceso de deterioro ciudadano, al menos tres niveles:

1.              El desplazamiento progresivo del ciudadano por el consumidor, donde el ciudadano se despolitiza y se desconecta del poder y la participación política.

2.              El modo en que pequeños ahorristas, trabajadores y consumidores en general se ligan perversa y jerárquicamente. Predomina la tendencia a individualizar los problemas sociales y las respuestas a los mismos, particularmente mediante políticas sociales focalizadas (y no universales) contra la pobreza.”^[104]A vincular el éxito o fracaso de las estrategias de valorización de los sectores más concentrados de capital bajo la forma de fondos privados de jubilación, pensión y/o inversión.

3.              Una interpretación individualista de la pobreza, los derechos sociales y el bienestar”. En otras palabras, el régimen neoliberal no es un retiro simple del Estado de su supuesto deber tuitivo o protector de los derechos del ciudadano.

¿Requiere el ciudadano circular por cierta vía? Paga peaje por el uso de la carretera que se construyó con sus impuestos y hoy, pues, debe pagar:su “derecho de paso”. Está controlado por un consorcio que desconoce, al cabo de un proceso en que el Estado concesionó sin su conocimiento ni consentimiento dicha carretera a una compañía desconocida, cuyas ganancias y el destino de dichas ganancias tampoco conoce. Cualquier día sube el precio del peaje y no sabe por qué.

¿Requiere el ciudadano prender la luz de su casa? Suma una deuda de consumo que va a parar al reciente accionista mayoritario de la empresa proveedora de electricidad, que obtuvo el derecho del anterior accionista mayoritario, que a su vez lo obtuvo por alguna venta que cierto Gobierno del Estado realizó del sistema de generación y distribución de electricidad sin que el ciudadano se enterase ni pudiera fiscalizar.

¿Requiere el ciudadano un balón de gas en su domicilio? Paga la suma que el distribuidor de balones de gas le indica, que es un distribuidor que no pertenece a la empresa de gas, pues esta ha “tercerizado” la distribución a otra empresa cuya razón social no conoce y que es diferente a otras empresas “tercerizadas” que llegan a proveer a los vecinos por desconocida razón por parte del ciudadano, que supone que todo ello algo tiene que ver, probablemente, con la oferta y la demanda de balones en determinada zona de la ciudad o del país, gas que probablemente sea importado o no, pues la existencia de gas en el subsuelo peruano (en este caso) no interesa para el precio que paga dicho ciudadano.

¿Se muere el ciudadano? Su familia tendrá que averiguar cuánto le corresponde cobrar de su dinero por el hecho de haber cotizado diferente a otros ciudadanos a una empresa administradora privada de pensiones, vinculada a capitales de riesgo en el extranjero y sujeta, por tanto, a los vaivenes, aciertos y errores de administradores anónimos y a otras contingencias del mercado. Esto es, si es que el ciudadano  ha cotizado a alguna Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), pues la mayoría no lo ha hecho.

La enorme cantidad de ejemplos que aquí puedo seguir mencionando apuntan a mostrar una sociedad atomizada, en la que el ciudadano se ha convertido en un simple consumidor en un Estado al servicio del mercado de capitales.

Mientras el capital corporativo está cada vez más organizado, la población está dispersa, se tienen miedo los unos de los otros, no pueden construir lazos solidarios y se fragmenta cada vez más^[105].

La dispersión y consiguiente “individualización ciudadana” difi culta y, en las más de las veces, torna imposible el reclamo colectivo. El ciudadano suele encontrarse solo frente a un Estado cómplice que no lo defiende. Por lo tanto, cuando puede hacerlo, el ciudadano responsabiliza de su indefensión a dicho Estado, denigra del Parlamento, no solo se siente, está muy lejos del poder. ¿Es Democracia lo que en ese trance define la sociedad de cada día? (demos, pueblo; kratías, gobierno).

El Estado se ha retirado, o está a punto de hacerlo, de cierto número de sectores de la vida social que le correspondían y de los que se responsabilizaba: la vivienda social, la televisión y la radio públicas, la escuela pública, la sanidad pública, etcétera (...), un Estado por lo menos, que garantizara el servicio público como servicio abierto y ofrecido a todos, sin distinciones (...). Lo que se describe como una crisis de lo político, un antiparlamentarismo, es, en realidad, una desesperación respecto al Estado como responsable del interés público^[106].

Junto a esa responsabilidad del Estado y de sus instituciones, visibles ante el ciudadano, también son visibles los políticos.

Se ha hablado mucho del silencio de los intelectuales. Lo que me sorprende es el silencio de los políticos. Carecen por completo de ideales movilizadores. Sin duda porque la profesionalización de la política y las condiciones exigidas de quienes quieren hacer carrera en los partidos excluyen cada vez más las personalidades inspiradas.(….) (Para la mayoría de los políticos) es mejor hablar de gestión que de autogestión y lo más conveniente, en cualquier caso, es asumir las apariencias (es decir el lenguaje) de la racionalidad económica. Prisioneros del estricto economicismo corto de vista de la visión del mundo del FMI, (…) todos esos aprendices en materia de economía omiten, evidentemente, tener en cuenta los costes reales, a corto y, sobre todo, a largo plazo, de la miseria material y moral que es la única consecuencia segura de la Realpolitik económicamente legítima: delincuencia, criminalidad, alcoholismo, accidentes de tráfico, etcétera. También en este caso la mano derecha, obsesionada por el problema de los equilibrios financieros, ignora lo que hace la mano izquierda, enfrentada a las consecuencias sociales, a menudo muy costosas, de las “economías presupuestarias”^[107].

El sociólogo Pierre Bourdieu (1930-2002) planteó sus ideas contra el neoliberalismo cuando en Francia se había acabado, hacía relativamente poco, el “Estado de Bienestar”, por el que los ciudadanos habían obtenido, luego de décadas de lucha, una sociedad que les permitía -con bastante regularidad- una vida asegurada. Las carencias y sometimientos del ciudadano de un país subdesarrollado lograban la comprensión  y la adhesión de intelectuales como él, pero no las había vivido en su propia sociedad, por lo menos en términos cuantitativos y cualitativos como en los países subdesarrollados. No obstante ello, sus agudas críticas a las consecuencias de lo que él denomina ”la invasión neoliberal” son válidas para nosotros.

El reinado conjunto del mercado y el consumidor, sustituto comercial del ciudadano, se ha apoderado del Estado; ha convertido el bien público en bien privado, la cosa pública, la República, en su cosa. Lo que está en juego, actualmente, es la reconquista de la democracia contra la tecnocracia: es preciso acabar con la tiranía de los “expertos”, estilo Banco Mundial o FMI, que imponen sin discusión los veredictos del nuevo Leviatán, “los mercados financieros”, y no quieren negociar, sino “explicar”; es preciso romper con la nueva fe en la inevitabilidad histórica que profesan los teóricos del liberalismo^[108].

La voracidad del capital transnacional y la lucha irracional por la conquista de mercados y por el dominio geopolítico a cualquier precio, está conduciendo a la humanidad al desastre ecológico.

El desarrollo se torna un horizonte inasible por la falta de perspec tivas razonables que le den sustento: el agotamiento de recursos vitales como el agua dulce por acción irracional proveniente de la producción de seis gases tóxicos; la destrucción irreversible de campos de cultivo por contaminación, erosión y deterioro del suelo cultivable; la paulatina pero relativamente rápida contaminación de los océanos; la irracional utilización de fuentes de energía no renovable y contaminante; la complicidad de las grandes potencias en la administración negligente y asesina de los factores que regulan el clima mundial; entre otros factores, son también una consecuencia desatada de la aceleración de la lógica neoliberal en las políticas económicas. Tomo nuevamente de Oswaldo de Rivero una parte de una reciente crónica relacionada con lo que afirmo:

91 científicos integran el Panel sobre Cambio Climático de la ONU. En efecto, coincidiendo con el desastre que sufrimos, este Panel de la ONU ha llegado a la conclusión de que si nuestra civilización urbana global no cambia su patrón de energía fósil, es decir, si no reemplaza, antes del año 2040, el uso del carbón, petróleo y gas por energías limpias como la solar, la eólica y otras, el clima de la Tierra se calentará 1,5 grados con consecuencias catastróficas para la especie humana.

Según los científicos del Panel de la ONU, el clima del planeta recalentado en 1,5 grados causará la desaparición de los glaciares de las montañas del mundo, y con ello una escasez de agua y alimentos para nuestra civilización, que en el año 2040 será urbana y global, puesto que más de las 2/3 de la humanidad vivirá en ciudades.

Al mismo, tiempo, el deshielo del Ártico, Groenlandia y de un trozo de la Antártida, originará una peligrosa alza del nivel de los océanos y la inundación de estuarios, playas y puertos y la desaparición de muchos pequeños Estados, que son islas. Todo esto causará millones de refugiados ecológicos. A pesar de que el Informe del Panel de la ONU coincide con el desastre de Carolina del Norte, Donald Trump sigue negando el cambio climático. El Presidente de los EEUU está contra la ciencia. En un acto insano; acaba de anular las normas que reducían las emisiones CO2 que ocasiona el uso del petróleo, gas y carbón. Si se suma a esto la reluctancia de China e India y de otros grandes países a reducir severamente sus emisiones de CO2, como lo piden los científicos del Panel de la ONU, estamos ya marchando hacia un desastre climático que provocará el colapso de nuestra insostenible civilización urbana global”(….), ”en el Perú pagaremos los destrozos de un cambio climático que no hemos producido, y que él dice que no existe” (…) “No hay duda, nuestros descendientes en el año 2040 enfrentarán un planeta con un clima letalmente hostil. En el Perú, hay que prepararse para niños cada vez más severos y para la desaparición de los glaciares andinos que causará una crisis nunca vista del agua^[109].

Trump es solo una pieza importante de una maquinaria: el capitalismo neoliberal globalizado.

Este maligno y crucial proceso de autodestrucción del planeta poco o nada tiene que ver con los deseos ciudadanos, con su cada vez más recortado poder de decisión en cada sociedad.

Los ideales democráticos, en mayor o menor medida realizados por algunos países, son absolutamente inalcanzables, en tanto se refieren a un “horizonte” en el que todo el pueblo tiene todo el poder. Pero hay sociedades donde dichos ideales se acercan o se distancian más de dichos ideales. La liberalización de la economía y su correlato en el subsecuente tejido de poderes fácticos tornan aún más difíciles y lejanos los ideales ciudadanos del poder del pueblo. Las democracias viven la peor crisis de realización desde que se intentó su construcción en la modernidad, digamos, desde la Revolución Francesa y la creación de los Estados Unidos de Norteamérica.

¿Qué relación hay entre el vaciamiento neoliberal de la democracia liberal contemporánea y la puesta en peligro de imaginarios democráticos más radicales? Las prácticas y las

instituciones democráticas liberales casi nunca llegan a cumplir su promesa y en ocasiones la invierten de modo cruel; sin embargo, los principios democráticos liberales contienen —y ofrecen— ideales de libertad e igualdad compartidas universalmente y de un gobierno político del pueblo y para él. La mayoría de las otras formulaciones de la democracia comparten estos ideales, los interpretan de modo distinto y suelen buscar su realización de modo más sustantivo de lo que el formalismo, el privatismo y el individualismo liberales, así como su complacencia hacia el capitalismo, hacen posible. No obstante, sí (….)  la razón neoliberal está despojando a las democracias liberales realmente existentes de estos ideales y deseos^[110].

La democracia, ciertamente, es una aspiración,  su concreción y las narrativas alrededor de ella en cada caso, difieran de manera radical. La opinión de Wendy Brown en este tópico, es muy lúcida:

Aceptar el significado abierto y debatible de la democracia es esencial, pues busca liberarla de su contención en cualquier forma particular, a la vez que insiste en su valor para connotar el autogobierno político del pueblo, sea quien fuere el pueblo. En esto, la democracia no sólo se opone a la tiranía y a las dictaduras, al fascismo o al totalitarismo, a la aristocracia, la plutocracia o la corporatocracia, sino también a un fenómeno contemporáneo en que, en el orden que produce la racionalidad neoliberal, el gobierno se transmuta en gobernanza y administración^[111].

La concentración de la riqueza en pocas manos es un fenómeno mundial que se ha agudizado en los últimos años, también mediante la deslocalización de grandes capitales (que se han trasladado a zonas del mundo con menores costos laborales) y la traslación del capital industrial a capital financiero, la “financiarización”(especulación, complejos instrumentos financieros, manipulación de divisas). El sector de privilegiados que ha resultado de ese proceso de concentración de capitales es denominado “plutonomía” por Noam Chomsky (quien toma el término del Citigroup). Chomsky coloca, al otro extremo de la escala de ingresos al “precariado”, señalando de paso que estos fenómenos se han agudizado recientemente.

Plutonomía y precariado. Citigroup, uno de los bancos más grandes que existen, publicó recientemente un estudio para sus inversores donde se identificaba una nueva categoría, “plutonomía”: aquellos que poseen una riqueza sustancial. Esta nueva clase es la principal impulsora de la economía-son los principales consumidores y allí es donde va a parar toda la riqueza-,por lo que Citigroup ha creado una “cartera de inversiones para la plutonomía” que existe desde mediados de los ochenta, cuando Reagan y Thatcher en Inglaterra impulsaron políticas que enriquecían a los más ricos y hacían sufrir al resto. Citigroup señala que dicha cartera de inversiones ha proporcionado unos beneficios muy superiores al mercado y urge a los inversores a que se concentren en ella. De manera que hay que centrarse en el pequeño porcentaje de la población que cada vez acapara más riqueza…y a olvidarse del resto^[112].

Utilizando la terminología de Chomsky, la aspiración por pertenecer a la “plutonomía” se ha convertido en objetivo para los tenedores de capital, predominantemente de origen financiero.

La “libertad” para acumular tiene algunas barreras, a pesar de la captura del Estado por el capital. Tiene que ver con los valores afines a la democracia, como la solidaridad. En la medida que algunos resortes de la democracia funcionen, los gobiernos se ven presionados a llevar a cabo acciones decididas o estimuladas por la población. Los movimientos de capital no requieren de las decisiones de la gente. Pero un gobierno puede ser permeable, en ciertos casos, a dichas decisiones.

 Está claro, entonces, que para la libre movilidad de los capitales, su acumulación y hasta su poder de influenciar en decisiones que afecten a los demás, la democracia y los gobiernos son, en cierta medida, un estorbo, una valla. Salvo en los casos de potencias financieras y militares, que requieren un Estado que pueda movilizar a los contribuyentes para que los rescaten o para solventar los gastos militares que sirven, finalmente, para asegurar el dominio de los intereses de los más fuertes. A esto último juegan también los neoliberales de ciertos países latinoamericanos, como Chile o Brasil.

El valor de la solidaridad se ha convertido en un valor subversivo en la ideología neoliberal. Dicho valor, al ser desdeñado, impide la educación gratuita, el acceso gratuito a los servicios de salud. En ese contexto deben ser entendidos los artículos 11 y 13 de la Constitución de 1993, por los que el Estado no garantiza ni la salud ni la educación, dando paso a la creciente privatización de ambos servicios básicos.

Una versión muy importante de la ideología neoliberal que ha cambiado radicalmente la relación Estado-ciudadano y, por ende, las obligaciones del Estado para con el ciudadano y los derechos que el ciudadano pueda reclamarle al Estado, es la conocida en el Perú como ideología del “emprendedurismo”, que está presente en muchos de los contenidos que se difunden en prensa escrita y TV, y forman parte de políticas de Estado.

La fuerte campaña por la que se promueve la formación de micro y pequeñas empresas en la que se exaltan los supuestos triunfadores en ese empeño están presentes por doquier. La solución al subdesarrollo, según Hernando de Soto, está en la formalización de millones de productores, comerciantes y emprendedores. Sus obras, como El otro sendero o El misterio del capital, han sido financiadas y difundidas en casi todos los países, desde antes de la dación de la Carta de 1993 .Luego, Hernando de Soto fue asesor de Fujimori. En los medios de comunicación, somos testigos, encontramos mensajes que asocian el “éxito” a asuntos como “perdí el miedo a emprender y ahora tengo ocho pizzerías”; “decidí arriesgarme a emprender y ahora tengo mi fábrica”; ”cuando empecé no sabía, pero me capacité y logré el éxito”.

El Estado ha abandonado sus responsabilidades. Si existe pobreza es culpa del ciudadano que no se atrevió a emprender, a capacitarse para algún emprendimiento individual. El ciudadano está dejando de existir: se ha convertido en consumidor y en aspirante a “emprendedor”.

Millones de pobres no tienen otra alternativa que inventar su propio trabajo. Es cierto que, abandonado a su suerte, el ciudadano tiene que sobrevivir como sea.

En el Perú es muy frecuente que sea taxista, mototaxista o pequeño comerciante informal. No tiene sueldo no tendrá pensión cuando la edad le impida seguir produciendo. En el Perú el Programa Prompyme (Centro de promoción de la pequeña y micro empresa) ayuda en capacitación y ha logrado que una pequeña parte de las compras estatales se hagan a las micros y pequeñas empresas. Dicho programa está adscrito al Ministerio de Trabajo.

Según datos aparecidos en el Diario Gestión^[113] más del 60% de los micros y pequeños emprendedores tienen dificultades por falta de liquidez y apoyo del Estado. Solo el 9.7% confía en la rentabilidad de su idea

En resumen, “El Estado, en su papel de facilitador de las condiciones de libre mercado, se enfoca en tal labor, dejando de lado la garantía de derechos para el ciudadano”^[114].

Precisamente los derechos que fueron eliminados en la Constitución de 1993 y que transcribimos de la Carta de 1978-1979.

 

caPítulo Vi

resumen correGido y aumentado

A partir de lo expresado, es claro que, en resumen, he afirmado:

1.-	La Constitución de 1993 fue la concreción del inicio de una nueva etapa histórica en el Perú: la de la estructuración de la economía de libre mercado y, por lo tanto, del inicio y formalización de la lógica neoliberal en el funcionamiento del Estado.
2.-	La imposición formal del neoliberalismo se inició antes del golpe del 5 de abril de 1992, mediante la dación de decenas de Decretos de Urgencia y Decretos Legislativos, en el lapso entre el 28 de julio de 1990 y el 5 de abril de 1992. La mayoría de dichos decretos se orientaron a generar las condiciones para imponer la lógica neoliberal en procesos económicos y políticos. En ese lapso se dieron 562 Decretos de Urgencia y 156 Decretos Legislativos. El Congreso bicameral dictó 140 leyes.[115] Entre 1990-2000 el Gobierno de Alberto Fujimori emitió 1655 Decretos de Urgencia, 303 Decretos Legislativos y el Congreso dictó 1373 leyes[116].
3.-	El golpe de Estado del 5 de abril de 1992 tuvo varias motivaciones. A mi juicio, la principal fue la de instalar una economía de mercado legitimada en una Constitución. Si bien es cierto en la Constitución de 1978-79, artículo 115, se formalizaba que “La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. El Estado estimula y reglamenta su ejercicio para armo-

nizarlo con el interés social”, hay varias diferencias de contexto que otorgan a la Carta de 1993 un carácter neoliberal que no tenía la anterior. No solamente porque, en sintonía con la concepción neoliberal la Carta vigente no hace en este ni en ningún artículo referencia al “interés social” o al “bienestar general”, formulaciones que abundan en la Carta de 1978-79 para fundamentar derechos, sino porque la Constitución de 1993 no solamente retira al Estado de decenas de compromisos de derechos de los ciudadanos (convirtiéndolos en consumidores), sino que sitúa al artículo 58, aquel que refiere: ”La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado.(…)”, en el contexto de los artículos 58 al 65, que pertenecen al Título III, Del Régimen Económico, Capítulo I, Principios generales.

 Los constituyentes del 93 crearon un Título para este rubro, lo cual es único en las constituciones del mundo. En otras cartas, si es que se menciona lo de la economía de mercado (que no aparece en la mayoría de las constituciones occidentales), no es en relación a cláusulas que refuerzan y desarrollan explícitamente los extremos del concepto.

4.-  En el artículo 60 del Título mencionado, se plantea que “solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional”. De esta manera, el Estado no puede desarrollar empresas, pues se supone que es un tópico reservado al sector privado.

 El Ministro de Economía de Alberto Fujimori, Carlos Boloña, se expresó en este sentido más de una vez, poniendo de manifiesto que era una postura ideológica. El principio de la subsidiariedad del Estado complementa y acota, en este caso, los principios enunciados en el artículo 58:”La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado”.

 En todo caso, si bien el artículo 60 se refiere solamente a la actividad empresarial del Estado, el contexto, las circunstancias y la realidad han conducido a un retiro del Estado de casi toda actividad económica no eludible, como lo es la elaboración del Presupuesto General de la República.

 Un Sistema Nacional de Planificación, como se denominó anteriormente al que existió en el Perú, es impensable. La Constitución de España, dice en su Artículo 131:

A.   El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución.

B.   El Gobierno elaborará los proyectos de planificación, de acuerdo con las previsiones que le sean suministradas por las Comunidades Autónomas y el asesoramiento y colaboración de los sindicatos y otras organizaciones profesionales, empresariales y económicas. A tal fin se constituirá un Consejo, cuya composición y funciones se desarrollarán por ley.

 La ortodoxia neoliberal en la Carta del 93 ha generado una “cultura del abstencionismo estatal” hasta en rubros estratégicos. La fabricación de repuestos para material de guerra, por ejemplo. Con mayor razón, en esa misma dirección, la producción de insumos y repuestos para el sector privado, incluidos el sector minero, pesquero o agrícola. Hasta un tornillo se debe importar. Hay un serio problema para la producción de medicamentos. Este último asunto se “resuelve” para el supuesto libre mercado mediante tratados comerciales, muchos de ellos llamados TLC, tratados que limitan aún más la soberanía, concepto reñido con las concepciones neoliberales.

 

5.-	El artículo 62 de la Carta de 1993 dice: ”Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase”. La absoluta seguridad al capital (sobre todo transnacional) condujo a esta formulación que, al ser parte de la Constitución, es regla inamovible, eterna, y por tanto, atentatoria contra la soberanía ciudadana, contra la democracia.
	Este artículo actúa en consonancia con los artículos 58 y 60, ya mencionados. Lo cierto es que la supuesta “regla inamovible” no lo es tal, si nos atenemos al hecho de que muchos términos contractuales han sido modificados por iniciativa de las empresas contratantes con el Estado, por supuesto, en su propio beneficio.
6.-	El artículo 63 de la Carta de 1993 dice: “La inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismas condiciones”. Es evidente que, salvo excepciones, la capacidad de inversión extranjera es bastante mayor que la nacional. Por ello, es fácil observar que la propiedad de los negocios mineros, gasíferos, eléctricos, bancarios, de seguros, AFP, portuarios, aeroportuarios, carreteros, agrícolas modernos, pesqueros, grandes tiendas comerciales y supermercados, ferrocarrileros, de comercialización de combustibles, etc., está en manos del capital transnacional, el cual ya está incursionando en parqueos, colegios, universidades, farmacias, construcción, gastronómicos, servicio de taxis, etc. La renta de esos negocios no está regulada, de manera que puede ser íntegramente extraída del país. La lógica que se impone a las inversiones especulativas-financieras es la misma que la que se impone a cualquier actividad económica.
	El artículo 63, además, solo se puede entender a cabalidad como complemento de los artículos 58, 0 y 62. El tenor del artículo 63 es único en el mundo, lo cual contribuye a que la Carta de 1993 sea la más neoliberal, si cabe el término, de América y Europa.
7:-	Uno de los supuestos en el cual se basa la construcción de un esquema rígidamente neoliberal, es el de favorecer la inversión

para facilitar el crecimiento. Siendo el crecimiento económico el objetivo que se persigue, y no el desarrollo ni el fortalecimiento y defensa de los derechos ciudadanos. La democracia se convierte en un rito vacío de contenido. El desarrollo es la mejora del nivel de vida de toda la población en un sentido constante. Hay la suposición entre los neoliberales de que el “chorreo” que resulte de las inversiones mejorará el nivel de vida; es decir, contribuirá al desarrollo. Pero la realidad muestra que las “ventajas comparativas” que sirven de base de legitimación para la apertura total de los mercados, se constriñen enormemente, a pesar de la disposición de minerales.

Ø  En primer lugar, porque la mayor parte de nuestras exportaciones son de eso: de minerales. No se propugna una real diversificación productiva. En muchos casos, no se puede propugnar.

Ø  En segundo lugar, porque los minerales son recursos no renovables.

Ø  En tercer lugar, porque la explotación minera es intensiva en capital y no en mano de obra, por lo que en vez de contribuir a resolver el grave problema del subempleo, contribuye a lo contrario.

Ø  En cuarto lugar, porque la explotación de minerales suele generar contaminación, y el Estado neoliberal es, por lo menos, muy débil y en muchos casos, cómplice.

Ø  En quinto lugar, porque el precio de los minerales no es controlable por el Perú, lo que nos hace vulnerables a la variabilidad de precios.

Ø  En sexto lugar, porque no hay regulaciones suficientes para evitar el daño que producen los pasivos mineros (PAM). Decir esto no me convierte en antiminero. Simplemente en un peruano contrario a la Constitución de 1993.

 

8.-	Los artículos 58, 60, 62 y 63 son, sin duda, el núcleo de la Constitución de 1993. El constitucionalista argentino Germán Bidart Campos, formuló el concepto de “cláusulas pétreas” o “contenidos pétreos” por primera vez. Se refería a cláusulas que “si bien pueden reformarse, no pueden alterarse, suprimirse o destruirse”, tal como ya he citado anteriormente. El concepto es, a mi juicio, no aceptable: su concepción atenta contra la soberanía popular, que puede cambiar, modificar o anular, lo que considere de una Constitución.
	Pues bien, a mi juicio los neoliberales, por su posición ideológica, han convertido en “cláusulas pétreas” los artículos mencionados, y seguramente algunos más. Nunca se ha debatido en medios de comunicación la Constitución de 1993 o este Título II.
9.-	El dilema sobre neoliberalismo y/o democracia es, a mi juicio, el más importante de las democracias modernas. A mi juicio, el neoliberalismo contradice la democracia, o la limita, la distorsiona y, en última instancia, la impide, trabando las instituciones estatales, contribuyendo a que la lógica de la oferta y la demanda se introduzca como criterio de asignación de recursos por parte del Estado, sustituyendo el concepto y la práctica de servicio por la del lucro, y, a la vez, a la mayor corrupción en las instituciones estatales en nombre de una supuesta democracia.
	La lógica excluyente del mercado se contradice con la lógica incluyente de la democracia. La reducción del papel público en la economía, la disminución de los gastos sociales, las privatizaciones, la reforma fiscal favorable al capital, la desregulación del mercado laboral, el abandono de aspectos fundamentales de la soberanía de los Estados, la supresión de los controles de cambio, la desregulación de los intercambios comerciales para el favorecimiento de las economía más fuertes, el impulso a las operaciones bursátiles, y otras medidas que devienen en anticiudadanas y antidemocráticas, configuran lo que Wendy Brown denuncia como un ordenamiento que “más que sólo saturar el significado y el

contenido de la democracia con valores del mercado, el neoliberalismo ataca los principios, las prácticas, las culturas, los sujetos y las instituciones de la democracia entendida como el gobierno del pueblo”.^[117]

 El neoliberalismo, de acuerdo a la misma autora, es considerado como “algo más que un conjunto de políticas económicas, una ideología o una reconfiguración de la relación entre el Estado y la economía. Más bien, como un orden normativo de la razón que, a lo largo de tres décadas, se convirtió en una racionalidad rectora amplia y profundamente diseminada”.^[118]Coincido totalmente con ella.

10.-  En el presente trabajo se intenta mostrar algunos hilos conductores del pensamiento liberal-económico de algunos precursores, como Mandeville, Gournay, Quesnay, Turgot, Adam Smith, Locke, David Ricardo, Jean-Baptiste Say y H.Spencer, con la instauración formal de la ideología neoliberal, en 1947, por los teóricos y pensadores reunidos en Mont Pèlerin (Vevey, Suiza) creadores de la Mont Pèlerin Society y del Grupo ORDO, como Walter Eucken, Alfred Müller-Armack, Wilhem Röpke, Fritz Machlup, Ludwig Von Mises, Friedrich Von Hayek, Karl Popper y Milton Friedman.

 Ideas principales son que la búsqueda del pleno empleo es incompatible con la economía de mercado, que aquella política presupuestaria y monetaria que pretende conseguir la ocupación total produce inflación, que la introducción de controles en la vida económica es nociva. Uno de ellos, Friedrich von Hayek, sostiene que en un mercado puedan existir formas monopolistas (Economía de mercado y política económica). La idea central que subraya el inventor del concepto “economía social de mercado”, Alfred Müller-Armack, en el sentido que es lo mismo “economía de mercado” que “economía social de mercado”. Planteamientos de Walter Eucken, son reconocer que la presencia del neoliberalismo implica no garantizar derechos fundamentales y se pregunta, con pertinencia: “¿Cómo ha modificado el ordenamiento jurídico “el derecho creado por la economía misma?”

 Uno de los ideólogos fundacionales del neoliberalismo, quizá el más ortodoxo, Ludwig von Mises, llegó a considerar al mercado como lo único que podía conducir a mejorar la condición de vida de las poblaciones. Por tanto, toda limitación o regulación del mercado era nociva. La búsqueda del bien común o de la solidaridad como objetivos, las consideró vallas para para mejorar el nivel de vida.

11.- Algunos fracasos de los primeros intentos neoliberales en América Latina acicatearon al FMI, el BM y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de Norteamérica, a coincidir en Washington alrededor de un documento de John Wolfenson que se denominó el Consenso de Washington (CW), consistente en diez recomendaciones de política económica para América Latina. Es este el documento que en Washington le entregaron y explicaron al presidente electo, Alberto Fujimori, para que lo aplique en el Perú desde su asunción de mando, asunto que efectivamente hizo.

 El CW no es sino la búsqueda de la consolidación de un consistente rumbo neoliberal. Todas las políticas económicas y sociales aplicadas desde antes de la dación de la Constitución de 1993, así como el texto de dicha Constitución, tendieron a la legitimación de la aplicación de nuevas direcciones económicas, sociales, políticas y culturales, que fueron y siguen siendo inspiradas en el CW y en sus antecedentes teóricos y políticos neoliberales.

 La continuación de la vigencia de dicha Constitución indica que la orientación de las políticas de Estado hasta hoy, en el Gobierno de Vizcarra, es la misma. Lo que quiero afirmar es que los Gobiernos de Toledo, García, Humala, Kuczynski y Vizcarra no solamente han gobernado con dicha Constitución vigente, sino que han aplicado sus mandatos. Esa es también la opción de varios movimientos políticos en el Congreso o con la expectativa de gobernar a partir del 2021: Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Peruanos por el Kambio, APRA, Acción Popular, Partido Popular Cristiano, Todos por el Perú o Partido Morado, dirigido por Julio Guzmán.

 Están en desacuerdo con la Constitución vigente las izquierdas parlamentarias como Frente Amplio y Nuevo Perú, así como las no-parlamentarias, como Perú Libertario, Fuerza Social, Partido Comunista Peruano, Partido Comunista del Perú (Patria Roja), Democracia Directa y otros colectivos, así como algunas personalidades políticas, como Yonhy Lescano de Acción Popular y agrupaciones no inscritas como la Democracia Cristiana.

 La Constitución de 1993 también ha sido, recientemente, objeto de análisis crítico por la Escuela de Antropología de la  Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Percibo que el cuestionamiento a la Constitución de 1993 es creciente. El reclamo de un sector significativo del pueblo: “cierre del Congreso”, suele asociarse con la elaboración de una nueva Constitución.

12.-  El neoliberalismo se ha expandido rápidamente en el mundo. Son los países más desarrollados los que más capacidad tienen de imponerlo a otros, pero, a la vez, de limitar su expansión interna mediante múltiples medidas políticas y económicas, como barreras arancelarias, imposición de condiciones a través de TLC, subvenciones a varios de sus rubros de producción, planificación de sus recursos y políticas a mediano y largo plazo, etc. El neoliberalismo no es un fenómeno “externo” a los Estados: los ha permeado convirtiéndolos en herramientas de su lógica de expansión. En ese mismo sentido, ha permeado y desfigurado la democracia y el ejercicio ciudadano. “La apropiación neoliberal de la idea de democracia tiene que ver con expandir el mercado y llamarlo Democracia”.

13.-  Los resultados económicos y sociales de la aplicación de políticas neoliberales en América Latina son visibles: crecimiento económico esporádico dependiente del precio de los commodities y consolidación de una enorme desigualdad, que es la mayor del mundo. Un informe conjunto de la CEPAL y el PNUD sobre el estado de la región en relación con las metas del milenio destaca que “en todos los países de América Latina, sin excepción, los coeficientes Gini (que miden la desigualdad en la distribución de los ingresos) superan los promedios internacionales y de la OCDE.

 El Banco Mundial en su informe sobre desigualdad plantea que “América Latina sufre de una enorme desigualdad (...). Se trata además de un fenómeno invasor que caracteriza a cada aspecto de la vida, como el acceso a la educación, la salud y los servicios públicos; el acceso a la tierra y a otros activos; el financiamiento de los mercados de crédito y laborales formales y la participación e influencia política”.^[119]

14.-  En una visión de conjunto, las ideas liberal-económicas de los siglos XVII-XIX fueron la base en la cual se fundamentaron varias de las propuestas más organizadas y ambiciosas de los fundadores del neoliberalismo en 1947.

 La acción del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional así como la puesta en operación del Consenso de Washington impulsaron la enorme y rápida intensificación y extensión de las políticas de libre mercado con sus subsecuentes consecuencias.

 La corriente neoliberal de pensamiento traza una línea de continuidad entre las ideas que desde Friedrich von Hayek, pasando por Milton Friedman, llegan hasta el denominado “Consenso de Washington”.

 No obstante, la pérdida de injerencia del Estado frente al mercado en la regulación de los procesos sociales no ha cumplido la promesa de crear un modelo de crecimiento económico exitoso, ni ha reducido la brecha entre ricos y pobres por el llamado efecto “derrame”, que se suponía la acumulación de riqueza iba a generar ni, a un nivel político, ha eliminado la corrupción y fortalecido las democracias de la región. Más bien, el resultado de estas políticas de liberalización parece indicar todo lo contrario, puesto que los niveles de crecimiento registrados han sido iguales o inferiores en muchos casos a la etapa histórica que precedió al neoliberalismo: la concentración de la riqueza aumentó en una escala sin precedentes y la confianza en las instituciones democráticas se vio seriamente afectada.

 Pero sólo si consideramos que la “intención” manifiesta de las políticas de ajuste fue la de promover el crecimiento y la modernización de los países de la región podemos hablar de un “fracaso” Si entendemos que su propósito consistió en buscar una salida rentable para la especulación del capital financiero internacional, entonces no hubo ningún “fracaso”, aquellas políticas obtuvieron un “éxito” indiscutible^[120].

 La visión de conjunto que tiene Matías Cristobo nos induce a citarlo en su versión sobre la mundialización del neoliberalismo:

Ante la crisis de legitimidad sufrida por el Estado de Bienestar, la lógica mercantil comienza a regir el conjunto de las relaciones sociales en un contexto signado por el desplazamiento de los capitales desde el sector productivo hacia el sector financiero. En cuanto a su alcance éste ha sido reducido, ya que sólo fue implantado en los países anglosajones y América Latina, lo cual no impide que ideológicamente fuese hegemónico a nivel mundial constituyéndose en el sentido común de la época.

Finalmente, en cuanto a sus efectos, el neoliberalismo no sólo

no redujo las desigualdades sociales, sino que aumentó las ya existentes al punto de conformar una sociedad “dual” de integrados y excluidos^[121].

15.  El Papa Francisco hace una crítica profunda al neoliberalismo. Desde la perspectiva católica es una voz importante que, a mi juicio, ha sido silenciada cuando se refiere a este tópico. Cuestiona la lógica de la competitividad como un “juego” que conduce a la desigualdad creciente, a la opresión, a la explotación y a la exclusión. Critica la falsa suposición de que el “derrame”(que también suele denominarse “chorreo”) generado por el afán de crecimiento pueda lograr equidad.

Hoy todo entra dentro del juego de la competitividad y de la ley del más fuerte, donde el poderoso se come al más débil. Como consecuencia de esta situación, grandes masas de la población se ven excluidas y marginadas: sin trabajo, sin horizontes, sin salida. Se considera al ser humano en sí mismo como un bien de consumo, que se puede usar y luego tirar. Hemos dado inicio a la cultura del “descarte” que, además, se promueve. Ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y de la opresión, sino de algo nuevo: con la exclusión queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive, pues ya no se está en ella abajo, en la periferia, o sin poder, sino que se está fuera. Los excluidos no son “explotados” sino desechos, “sobrantes” (…). En este contexto, algunos todavía defienden las teorías del  “derrame”, que suponen que todo crecimiento económico, favorecido por la libertad de mercado, logra provocar por sí mismo mayor equidad e inclusión social en el mundo. Esta opinión, que jamás ha sido confirmada por los hechos, expresa una confianza burda e ingenua en la bondad de quienes detentan el poder económico y en los mecanismos sacralizados del sistema económico imperante.

 Francisco denomina con acierto “ideología” a las ideas neoliberales que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especula-

ción financiera y defiende el derecho de los Estados a velar por el bien común: “Mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. Este desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera. De ahí que nieguen el derecho de control de los Estados, encargados de velar por el bien común.

 Se instaura una nueva tiranía invisible, a veces virtual, que impone, de forma unilateral e implacable, sus leyes y sus reglas. Finalmente, considero remarcable que Francisco vincule directamente este sistema con la destrucción del medio ambiente: “En este sistema, que tiende a fagocitarlo todo en orden a acrecentar beneficios, cualquier cosa que sea frágil, como el medio ambiente, queda indefensa ante los intereses del mercado divinizado, convertidos en regla absoluta”^[122].

16.- En el marco de una crítica radical a la actual “democracia liberal” no es posible soslayar la contradicción que se da entre el modelo capitalista neoliberal y la democracia parlamentaria. Al respecto Cristian Guille opina:

Uno de los problemas ideológicos centrales que enfrenta el modelo capitalista neoliberal, es el lograr legitimar la democracia parlamentaria en el marco de un proceso de concentración creciente del poder económico y político. En la democracia liberal, cuyos fines como la “libertad” y la “igualdad” se deprecian cada vez más debido a una pobreza en aumento y a que las posibilidades de encontrar un empleo estable se desvanecen. La igualdad de oportunidad económica se ha convertido en un mito y la libertad de los que no cuentan con recursos resulta ser una simple burla^[123] (…) La democracia representativa se ha convertido progresivamente en un simple mecanismo de mercado: los votantes son los consumidores, y los políticos los empresarios^[124].

17.-  Un asunto fundamental para los que negamos el neoliberalismo como alternativa política útil y democrática es el de poseer una correcta visión frente al rol de un Estado alternativo al estado neoliberal. No se trata de defender el estatismo. Se trata de postular un modelo de Estado basado en la solidaridad y no en la subsidiariedad, como señala el artículo 60 de la Constitución de 1993.

Debemos comprender el significado del mercado y su relación con un Estado de nuevo tipo; aunque, ciertamente, no con el modelo de Estado que los neoliberales nos atribuyen. Frente al efecto negativo de estas políticas debemos plantearnos varios problemas. En primer lugar, la cuestión misma del aparato estatal. Nosotros no defendemos un modelo de Estado corrupto. Defendemos una concepción política en la cual, efectivamente, la intervención estatal debe basarse en la solidaridad social. Es decir, en la disminución de las desigualdades y no solamente en la mera eficacia económica. Por otro lado, debemos preguntamos cuáles son los objetivos éticos de ese Estado, cuál es el proyecto de sociedad que él implica. Creo que, frente al desastre, enormemente. Sin embargo, los efectos de las políticas neoliberales no concluyen ahí. Todavía más grave es que las desigualdades han crecido entre los mismos pobres. Nos enfrentamos a un proceso nuevo: la pauperización de la pobreza^[125].

18.-  A los pretendidos “contenidos pétreos” que señalé en el acápite 8 del presente resumen (artículos 58,60, 62 y 63), es preciso añadir artículos de la Constitución de 1993 que se desarrollan “en sinto-

nía” con los mencionados. Son artículos que aluden a cuestiones sociales. El artículo 11 dice:

El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones, a través de entidades públicas, privadas o mixtas. Supervisa asimismo su eficaz funcionamiento.

 De acuerdo a la lógica que se prescribe, cada ciudadano es “libre” de acercarse a una clínica privada o a un hospital estatal. En la práctica, el Estado no cubre las necesidades para los hospitales a su cargo: presupuestos insuficientes, corrupción tolerada y generalizada; ausencia de planificación, de seguimiento, de rendición pública de cuentas y de participación ciudadana;  en fin, de una adecuada política de prevención y atención de salud, generan carencias graves que se muestran en la ausencia de infraestructura suficiente y conveniente, ausencia de producción y provisión de medicamentos así como de personal adecuadamente pagado.

 Todo ello explica las carencias graves que derivan en una organización desacertada y, sobre todo, en la incapacidad de atender fluidamente a la ciudadanía, la que se ve obligada a aceptar plazos muy largos para recibir servicios de toda índole (sobrecarga de pacientes). Ello atenta contra los Derechos Humanos de la población mayoritariamente pobre, y obliga a una parte de esa población pobre a buscar atención en clínicas privadas. El camino indicado por el artículo 11 estimula la privatización de los servicios de salud y convierte en “letra muerta” el inicio del artículo 7 de la misma Constitución: ”Todos tienen derecho a la protección de su salud”.

 Lo mismo ocurre con la formulación del artículo 13, que en su segundo párrafo señala: “El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza”. No dice que garantiza la enseñanza o la educación, por último. Así que el ciudadano es “libre” de buscar instituciones educativas privadas o públicas, solo que a las públicas (sean estas escuelas, colegios, universidades o centros de educación superior) no les otorga el presupuesto requerido y, por parecidas razones a las señaladas en el caso de la salud pública, la educación pública ha decaído ostensiblemente.

 El esfuerzo mal remunerado de profesores y catedráticos salva en algunos casos el déficit pero es notoria la carencia de infraestructura adecuada, de materiales educativos, de implementos para el desarrollo del arte, de la educación deportiva, de laboratorios para la investigación, y también de facilidades para la formación de profesores y catedráticos. Desde la dación de la Constitución de 1993 han proliferado cadenas de colegios que pertenecen a capitales transnacionales y más de 115 universidades privadas, que con sus filiales (puesto que “la iniciativa privada es libre”) se acercan a 600 universidades privadas en todo el Perú, de las cuales, solo una pequeña minoría cumple con ciertos estándares educativos convenientes. También se ha desarrollado una iniciativa perversa: la de los “colegios emblemáticos”, que gozan de ciertos privilegios con respecto a los demás, lo cual es antidemocrático y demagógico.

 En términos generales, embebidos en el afán de educar a sus hijos, muchos ciudadanos pobres se esfuerzan por colocar a sus hijos en los colegios o universidades privadas, lo cual estimula la privatización de la educación. Las universidades-empresa han resultado un negocio rentable que sirve para catapultar muchos vicios, como los títulos profesionales productos de plagio o la provisión de políticos que se encargan de mantener y desarrollar este régimen nocivo.

19.-  El retiro del Estado en muchas de sus obligaciones anteriores y la baja capacidad de solventar inversiones en rubros básicos como salud y educación también se explican por la baja presión tributaria (cociente entre el PBI y la masa tributaria). Las exoneraciones tributarias al gran capital, la evasión así como la elusión tributaria, dan como resultado, este año 2018, una presión tributaria de 13.9%. En América Latina, el promedio es 22.7%, en los 36

países que conforman la OCDE es 34.3%, en la Unión Europea es 45% y en países como Noruega, Suecia y Finlandia (donde la educación pública es gratuita y de calidad), que suelen estar siempre entre los cinco primeros lugares del mundo en “índice de desarrollo humano”, las cifras oscilan entre 53% y 55%.

	Es evidente que el Estado corrupto es, además, un Estado al servicio de los grandes capitales. Eso le impide tener recursos mínimos.
20.-	El “orden mundial liberal” que pedía Wilhelm Röpke -fundador del neoliberalismo en 1947- en un artículo que escribió en 1952, se ha instalado. En el texto hemos señalado la enorme cantidad de acuerdos multilaterales y bilaterales elaborados en la lógica neoliberal.
	La Constitución de 1993 es una pieza ortodoxa, extremista, en ese “orden”.  El análisis de dicha Constitución nos ha demostrado que también es muy importante para comprender lo que no dice: los derechos ciudadanos que cercena, el rol del Estado que deriva de sí misma, un Estado sumiso y herramienta del capital y el mercado, un ciudadano aislado y, de esa manera, impotente de decidir, una democracia,por tanto, restringida, tergiversada y anulada.
21.-	El análisis económico-político del texto precedente nos conduce y compromete a abordar la elaboración de un nuevo texto, que en la línea de lo expuesto, plantee “elementos de base” para una nueva Constitución.
	No tengo duda de que van a surgir varias iniciativas en ese sentido, que merecerán un debate nacional. En el planteamiento, por supuesto, se deberán incluir elementos de juicio relacionados con propuestas que le hacen a una nueva estructura del Estado, asunto que esta vez estuvo ausente.

 

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Noviembre 2018 Lima - Perú

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[1] Castorina, Emilia, “Neoliberalismo democrático: una nueva forma de poder”, en Revista Question, Vol. 1, Nº 53, Instituto de Altos Estudios Sociales, Universidad San Martín, Universidad de Buenos Aires; Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Buenos Aires, 2017, p. 21.

[2] Sostengo que la Constitución del 1993 no es, como opinan algunos, un “copia” de la mayor parte de la de 1979, sino que es una innovación en todo lo fundamental y una anulación de lo principal de la Carta de 1979.

[3] Planas, Pedro; “La Constitución peruana de 1993 ¿Es una Constitución de consenso?”; Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, 1999, Konrad-Adenauer-Stiftung, CIEDLA, Buenos Aires, p. 558.

[4] Fernández, Roberto; Llatas, Soledad; & Benza Pflücker, Manuel; El Parlamento, Fondo Editorial de los Diputados, La Paz, 2001, p. 4.

[5] Planas, Pedro; op. cit., pp. 558 y 559.

[6] Bernales Ballesteros, Enrique; La Constitución de 1993, Análisis comparado; con la colaboración de Alberto Otárola Peñaranda, Editora RAO, Quinta Edición, set. 1999, p. 65.

[7] Palomino Manchego, José; “Problemas escogidos de la Constitución peruana de 1993”, en Constitucionalismo latinoamericano del Siglo XXI; coordinadores: Valadés,

Diego, & Carbonell, Miguel; UNAM, p. 286. (El resaltado es mío)

[8] Bernales Ballesteros, Enrique; “El desarrollo de la Constitución de 1993 desde su pro-

[9] Benza Pflücker, Manuel; Nueva estructura del Estado peruano, Talleres Gráficos Precisa, Lima, 1993, p. 85.

[10] Bidart Campos, Germán; Manual de la Constitución perforada; Tomo I, Ediar, Buenos Aires, 2007, p. 489. Dice: “Se habla, así, de tres «generaciones» de derechos por

[11] Bidart Campos, Germán; op. cit., p. 879.

[12] Müller-Armack, Alfred; Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft (Conducción de la economía y economía de mercado), Universität Münster, 1946, pp. 55 y 76.

[13] La apelación al “interés general” o al “bienestar general” está presente en varias constituciones de países democráticos. Se trata de tomar en cuenta dicho interés general como fórmula que contradice el afán por el interés individual, propio del pensamiento económico liberal clásico y del neoliberalismo actual, que considera al interés individual como el núcleo fundamental que debe ser garantizado por el Estado.

[14] Delgado Taboada, Bruno; La Constitución económica peruana de 1993 como cláusula pétrea: ¿constitucionalización del desarrollo o menoscabo de la Democracia?; PUCP, Lima, 2008, p. 9.

[15] Benza Pflücker, Manuel; op. cit., p. 85.

[16] García-Trevijano, Carmen, “El reverso de la Utopía. Actualidad de «La Fábula de las abejas de Bernard de Mandeville», Universidad Complutense, Revista Psicología Política, 9, Madrid, 1974, p. 7.

[17] Mandeville, Bernard de; citado por García-Trevijano, op. cit., p. 10.

[18] García-Trevijano, Carmen, op. cit, p. 11.

[19] Escartín González, Eduardo; Historia del pensamiento económico, Universidad de Sevilla, 1999, p. 140.

[20] Escartín González, Eduardo; op. cit., p. 135.

[21] Escartín González, Eduardo; op. cit., p. 137.

[22] Turgot, Jacques; citado por Escartín González, Eduardo, op. cit., p. 151.

[23] Smith, Adam; Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones; Fondo de Cultura Económica, México, 1958, p. 620.

[24] Borón, Atilio; “La sociedad civil después del diluvio neoliberal”, en La Trama del neoliberalismo. Mercado, crisis y exclusión social, CLACSO, Buenos Aires, Eudeba, 2003, p. 60.

[25] Say, Jean-Baptiste; Tratado de Economía Política o Exposición sencilla del modo con que se forman, se distribuyen y se consumen las riquezas, Tomo primero, traducción por Juan Sánchez Rivera, imprenta de Fernando Villalpando, Madrid, 1821, p. 252.

[26] Say, Jean-Baptiste; op. cit, p. 252.

[27] Martín, Victoriano; La equivocada distinción entre liberalismo político y liberalismo económico; Universidad Complutense, Madrid, 1999, p. 3.

[28] Montagut, Eduardo; “La división de poderes de Locke y Montesquieu”; nuevatribuna.es, 7 de agosto de 2017.

[29] Fuentes, Claudia; “Montesquieu: teoría de la distribución social del poder”, Universidad Diego Portales, Revista de Ciencia Política, vol. 31, 1, Santiago, 2011, p. 3.

[30] Fuentes, Claudia, op. cit., p. 4.

[31] Brown, Wendy; op. cit., p. 1.

[32] Engels, Federico; Anti-Dühring, Editorial Hemisferio, Buenos Aires, 1956, p. 107.

[33] Entre los miembros de los altos cargos de la administración del Gobierno de EUA y grupos de expertos del sector privado financiero cercanos a dicha administración, hay que mencionar, por ejemplo, al secretario del Tesoro norteamericano de entonces, Robert Rubin, proveniente de Wall Street, al igual que los anteriores secretarios, Roger C. Altman y Nicholas Brady, bajo la Administración Bush. Todos estuvieron o están trabajando en sociedades de inversión. Ernest Stern, antiguo presidente del Banco Mundial, era en ese momento el director del banco de inversión J.P. Morgan, al igual que el presidente actual de dicho banco James Wolfensohn, que trabajó antes en un banco de inversión. No puedo asegurar que Pedro Pablo Kuczynski peruano-norteamericano y luego presidente del Perú, haya participado en la elaboración de este documento, pero lo menciono aquí, porque elaboró años después el segundo Consenso de Washington con el autor principal del primero, John Williamson. Varios de los datos expresados aquí los he tomado de Jagdish Bhagwati, hindú-EUA, economista.

[34] Batista Polo, Johanna; El condicionamiento al capital externo como instrumento para la implementación de reformas neoliberales en América Latina: la aplicación del Consenso de Washington en Argentina, Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Bogotá, 2009, p. 2.

[35] Batista Polo, Johanna, op. it., p. 12.

[36] Stiglitz, Joseph; “Knowledge for Development: economic science, economic policy and economic advice”. The World Bank. Annual World Bank Conference on Develop-

[37] Ocampo, José Antonio; Más allá del Consenso de Washington: una agenda de desarrollo para América Latina, CEPAL, Naciones Unidas, México, 2005, p. 8.

[38] Martínez Rangel, Rubí y Soto Reyes Garmendia, Ernesto; “El Consenso de Washington: la instauración de políticas neoliberales en América Latina”, Política y Cultura, México, 2012, p. 53.

[39] Ocampo, José Antonio; op. cit., p. 11

[40] Williamson, John; “Visión general. Una visión para relanzar el crecimiento y las reformas”, en Kuczynski, Pedro Pablo y John Williamson, Después del Consenso de Washington. Relanzando el crecimiento y las reformas en América Latina, UPC, 2015, Lima, p. 26.

[41] Williamson, John; Una visión para relanzar el crecimiento y las reformas, op. cit., p. 28.

[42] Martínez Rangel, Rubí y Soto Reyes Garmendia, Ernesto; op. cit, p. 55.

[43] Ocampo, José Antonio; op. cit., p. 14

[44] Rubio, Marcial; Para conocer la Constitución peruana, Mesa Redonda Editores, Lima, 1983, p. 7.

[45] Héctor Cornejo Chávez, citado por Acosta Iparraguirre, Vicente; La Constitución económica del Perú en el derecho comparado, UNMSM, Lima, 2003, p. 189.

[46] Valadés, Diego; El control del poder, UNAM, México D.F., 1998, p. 180.

[47] Betancourt, Carlos Emilio, Gramsci y el concepto del Bloque Histórico, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1988, pp. 6 - 9.

[48] Rubio, Marcial; op. cit., p. 70.

[49] Castorina, Emilia; op. cit., p. 3.

[50] Los Gobiernos regionales y locales (municipios provinciales y distritales) son también receptores de tributos del canon y regalías por parte de ciertas concesiones mineras y de hidrocarburos, montos que dependen de las ganancias declaradas por dichas empresas, todas ellas privadas.

[51] Martínez Rangel, Rubí y Soto Reyes Garmendia, Ernesto; op. cit., p. 49.

[52] Von Mises, Ludwig; La acción humana, Unión Editorial, Madrid, 1986, p. 1208.

[53] Von Mises, Ludwig, op. cit., p. 1212.

[54] Tantaleán Odar, Christian; “Análisis e interpretación del régimen económico de la Constitución del Estado”, Revista Derecho y cambio Social, Año 2, Nº 3, Lima, p. 1.

[55] La eliminación del Artículo 2, inciso 20, sub-inciso L de la Carta de 1979, facilitó posteriormente la instalación por el régimen de Fujimori y al amparo de la carta de 1993, el juzgamiento por parte del Tribunal de Justicia Militar (TJM) de civiles. Tal error fue observado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lo que condujo a que se vuelva a juzgar a los sentenciados por el TJM en tribunales civiles.                                                 

[56] Se  destina a salud en el presente año, 2018, un 10% del presupuesto. Esto equivale a un 2.1% del PBI  total. En Argentina es del 5.4 % y en Brasil 5.0%.

[57] Este artículo de la Carta de 1979 (Art. 15) fue sustituido por el artículo 11 de la Carta de 1993, que, al plantear que el Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones a través de entidades públicas, privadas o mixtas, genera las condiciones a la creciente privatización de los servicios de salud. Ya no se proclama el derecho a la protección de salud integral sino el “libre acceso” a prestaciones, sean privadas o públicas. La experiencia demuestra que se han reducido, relativamente, los presupuestos para salud pública y han proliferado los negocios privados en salud. Se ha sustituido un derecho fundamental por el criterio del lucro.

[58] La eliminación de este articulado ha contribuido al caos de precios de productos farmacéuticos y a la desaparición o menoscabo de los medicamentos genéricos. También a la desaparición de las farmacias (y su sustitución por boticas sin farmacéuticos) así como a la desaparición de farmacias de turno nocturno.

[59] Lo destinado a educación en el presente año 2018 es del 17.5% del Presupuesto Nacional. Esto significa el 3.6 % del Producto Bruto Interno, PBI, mientras Bolivia destina el 6.9% de su PBI. El Acuerdo Nacional fija en 6% del PBI el mínimo de inversión que debe hacerse en educación en el Perú.

[60] Obviamente, la estabilidad en el trabajo, como la salvedad por la que el trabajador solo puede ser despedido por causa justa, ha desaparecido. “La deconstrucción del derecho del trabajo que no constituye sino en desactivar el andamiaje jurídico laboral construido y sustentado en virtud, no solamente al influjo de la doctrina y jurisprudencia laboral, sino de las conquistas laborales logradas a lo largo de muchas décadas. Recientemente se ha difundido la sentencia del Tribunal Constitucional emitida en la STC 01647-2013-PA/TC, según la cual la estabilidad laboral absoluta no encuentra asidero en nuestro ordenamiento constitucional y, por tanto, en ningún caso podrá utilizarse la vía del amparo para tutelar un inexistente derecho a la estabilidad en el trabajo o reposición laboral”. Toledo Toribio, Omar; “El Tribunal Constitucional y la deconstrucción del derecho a la estabilidad en el trabajo”, Revista Diálogo con la jurisprudencia, Lima, 2017, 227, p. 294.

[61] Participar en las utilidades de la empresa más no en la gestión, fue reconocido por la Constitución de 1993, artículo 29. La participación en la gestión, utilidades y parte de la propiedad de la empresa fue llevada a la Constitución de 1979. El Estado reconoció el derecho de los trabajadores a participar en la gestión y utilidad de la empresa, y en la propiedad cuya naturaleza jurídica no lo impide (las estatales, por ejemplo) derecho que había sido conquistado por las comunidades industriales, pesqueras y mineras durante el Gobierno de Juan Velasco Alvarado.

[62] “No hay, no existe y al parecer no existirá por ahora un «ambiente constituyente» ni «pre-constituyente» que permita la vuelta a la Constitución de 1979 o la convocatoria a una constituyente. Siendo la política el arte de lo posible, y la Constitución el fruto de una decisión política, es obvio que las cosas seguirán así. Lo más sensato es, pues, dejarlas como están”. García Belaunde, Domingo; “La Constitución peruana de 1993: sobreviviendo a todo pronóstico”, Tribunal Constitucional, Revista peruana de Derecho Constitucional, Lima, 2013,  p. 32.

[63] La búsqueda de la formación de una Comunidad latinoamericana de Naciones ha sido abandonada. Los lazos históricos, étnicos y sociales evidentes, han sido reemplazados por acuerdos económicos entre los que aceptan los TLC. El número de países que no aceptan la lógica de la globalización neoliberal está disminuyendo.

[64] En consecuencia con el punto 2 del “Programa Máximo” del APRA, Por la unidad política de América Latina, la Asamblea Constituyente de 1978-1979 incluyó este texto. Hoy ya no es postulado que defiendan desde las posiciones neoliberales adoptadas por Alan García y sus seguidores.

[65] ”Es indispensable que el plan sea compulsivo en todo lo esencial e indicativo o concertado en lo accesorio o secundario”. Héctor Cornejo Chávez, líder de la Democracia Cristiana peruana en el debate de la Constituyente de 1979, citado por Acosta Iparraguirre, Vicente;  op. cit., p. 189.

[66] La planificación “es una herramienta que, bien utilizada, produce grandes beneficios al desarrollo, especialmente, de los países subdesarrollados como el nuestro”; Rubio Correa, Marcial; Para conocer la Constitución peruana, op. cit., p. 104.

[67] “Otro de los puntos a resaltar en la Constitución de 1993, no por su presencia sino por su ausencia, es la planificación. Se suprime toda alusión a la misma, aún en el caso de la del tipo indicativo, a contracorriente de un moderno constitucionalismo”(…) Lo cierto es que dentro de la lógica de economía de mercado adoptada en la Constitución de 1993, no se admite ningún asomo de planificación, (….), a nuestro ver estamos frente a un modelo ortodoxamente liberal”; Acosta Iparraguirre, Vicente, La Constitución económica en el Perú y en el derecho comparado, op. cit., p. 201.

[68] Sánchez Albavera, Fernando; Constitución política, Acuerdo nacional y planeamiento estratégico en el Perú, CEPAL, Santiago, 2003, p. 2. ”La disolución del Sistema nacional de Planificación tuvo más una connotación de carácter ideológico (...) se trataba de reducir el margen de intervención del Estado (…) lo que quedó plasmado en la Constitución de 1993.

[69] Se constata fácilmente que las empresas autogestionarias han desaparecido y que las comunales han disminuido, además que muchas se han desvirtuado. Las empresas estatales que quedan, como Petroperú, son agredidas. Petroperú no puede retomar su integración vertical: explotación, refinación y comercialización, lo que alentaría la competencia y beneficiaría al consumidor. Esta desventaja solo se puede explicar por razones ideológicas: el neoliberalismo ortodoxo se aplica en el Perú.

[70] La consideración de bienes o servicios estratégicos, que por tal condición deben ser reservados al Estado, ha desaparecido.

[71] Los Pasivos Ambientales Mineros (PAM), según el MINEM, son más de 8,600 en 21 departamentos del Perú, de los cuales más de la mitad son de alto riesgo.

[72] De acuerdo a informes de diversas fuentes, la deforestación en nuestra selva se produce a un ritmo no menor de 150,000 hectáreas al año. Entre sus principales causas están la expansión de la minería aurífera y la gran explotación de la palma aceitera, además de la pequeña y mediana explotación agrícola y ganadera.

[73] En la Carta de 1993 los derechos de la naturaleza y, específicamente, la lucha contra la contaminación ambiental y todo lo que ello implica, denominados por algunos autores como derechos de tercera o cuarta generación, se sacrifican para otorgar validez a “cláusulas pétreas” en los artículos 58 y 60, que consagran el libre mercado y el rol subsidiario del Estado.

[74] Esta afirmación no se puede dar en la Carta de 1993 por las mismas razones señaladas en el punto anterior.

[75] Rubio Correa, Marcial; “El modelo del Proyecto Constitucional del Congreso Constituyente y Democrático”, en Revista del Foro, Colegio de Abogados de Lima, LXXXI, 1, enero-junio 1993, p. 11, citado por Fernández Segado, Francisco; “El nuevo ordenamiento constitucional del Perú: aproximación a la Constitución de 1993”, Revista de estudios políticos 84, Nueva Época, 1994, Madrid, pp. 37-38.

[76] Sánchez Albavera, Fernando; op. cit., p. 4.

[77] Conscientes del error, los congresistas han aprobado en los primeros días de octubre del 2018 la bicameralidad, que debe ser sometida a referéndum el 9 de diciembre. 130 Diputados y 50 Senadores. Un error que, de ser enmendado, lo sería el año 2021, 28 años después de haber sido generado. Ad portas de la realización del referéndum la pregunta sobre la bicameralidad ha perdido aceptación por haber sido aprobada con la adición de restarle capacidad al Poder Ejecutivo para disolver el Parlamento.

[78] En efecto, el concepto “economía social de mercado” fue acordado por el APRA y el PPC. Mi hipótesis es la siguiente: las fundaciones Friedrich Ebert Stiftung y la Konrad-Adenauer-Stiftung, que apoyaron al APRA y al PPC, respectivamente, son fundaciones alemanas que coinciden en postular dicho concepto.

[79] Fernández Segado, op. cit., p. 3

[80] Papa Francisco; Exhortación apostólica Evangelii gaudium, Tipografía Vaticana, 2013, p. 43.

[81] Ibid, op. cit., pp. 46-47.

[82] Ibid, p. 48.

[83] Ibid, p. 53.

[84] Ibid, p. 56.

[85] Rossi, Cecilia Brenda; “¿El descentramiento teórico del mundo del trabajo como forma de resistencia al neoliberalismo?”, en Theomai, 23, Red de Estudios sobre Sociedad, Naturaleza y Desarrollo, Proyecto “Modos de acumulación y conflictos sociales”. Buenos Aires.

[86] Ortiz Gómez, María Guadalupe; “El perfil del ciudadano neoliberal: la ciudadanía de la autogestión neoliberal”, en Sociológica, año 29, 83, México, 2014, pp. 165-200

[87] Röpke, Wilhelm; “Sistema económico y orden internacional”, En La Economía de Mercado, Tomo I, Sociedad de Estudios y Publicaciones, 1963, Madrid, p. 207.

[88] Röpke, Wilhelm, op. cit., p. 192.

[89] Röpke, Wilhelm; Balance provisional de la integración económica europea. Examen crítico, en La Economía de Mercado, Tomo II, Sociedad de Estudios y Publicaciones, Madrid, 1963, p. 168.

[90] Ibid, p. 180.

[91] Anderson, Perry; “Neoliberalismo: un balance provisorio”. En Emir Sader y Pablo Gentili (compiladores), La trama del neoliberalismo. Mercado, crisis y exclusión social.

CLACSO, Editorial Universitaria de Buenos Aires, 2003, p. 37.

[92] Von Hayek, Friedrich; “Historia económica y pensamiento político”, en La Economía de Mercado, Tomo II, op. cit., p. 36.

[93] Sader, Emir; “La trama del neoliberalismo. Mercado, crisis y exclusión social”, Capítulo VI. En Emir Sader y Pablo Gentili (compiladores), La trama del neoliberalismo. Mercado, crisis y exclusión social. CLACSO, Editorial Universitaria de Buenos Aires op. cit., p. 160.

[94] De Rivero, Oswaldo, “Rebelión global de estudiantes de economía”, Diario Uno, Lima, 15 de mayo de 2014.

[95] De Rivero, Oswaldo; “Como el crash del 2008 transformó al mundo”, Diario Uno, Lima, 15 de mayo de 2014.

[96] Von Hayek, Friedrich; op. cit., p. 43

[97] Therborn, Göran; La trama del neoliberalismo, op. cit., p. 95.

[98] Sandoval, Irma, “Economía política del neoliberalismo: ideas, intereses y reversibilidad”, en Revista Argumentos, Vol. 20,  54, UNAM, Instituto de Investigaciones Sociales, México, 2007, p. 1.

[99] Sandoval, Irma, op. cit., p. 2 (Nota: Ahí donde dice “liberación” lo entendemos mejor como ”liberalización del capital”).

[100] Hall, Peter; The Political Power of Economic ideas: Keynesianism across Nations, Princeton University Press, Princeton, 1989, p. 19.

[101] Sandoval, Irma, op. cit., p. 64.

[102] Stokes, Susan; Mandates and Democracy: Neoliberalism by Surprise in Latin America, Cambridge University Press, Cambridge, p. 159.

[103] Castorina, Emilia, op. cit., p. 30.

[104] Castorina, Emilia, op. cit., p. 28.

[105] Castorina, Emilia, op. cit., p. 32.

[106] Bourdieu, Pierre; Contrafuegos, reflexiones para servir a la resistencia contra la invasión neoliberal, Editorial Anagrama, Barcelona, 2000, p. 13.

[107] Bourdieu, Pierre, op. cit., p. 16.

[108] Bourdieu, Pierre, op. cit., p. 40.

[109] De Rivero, Oswaldo, “El cambio climático en carne propia”, 2018, Diario Uno, Lima, 31 de octubre.

[110] Brown, Wendy; El pueblo sin atributos. La secreta revolución del neoliberalismo, op.

cit., p.7.

[111] Brown, Wendy, op. cit., p. 8.

[112] Chomsky, Noam; Réquiem por el sueño americano, Los diez principios de la concentración de la riqueza y el poder, Editorial sexto piso, Madrid, 2017, pp. 55-56.

[113] Diario Gestión, 08.11.2018.

[114] Ortiz Gómez, María Guadalupe, op. cit., p.19.

[115] Landa, César; “Los decretos de urgencia en el Perú”, en Pensamiento Constitucional, año IX, 9, Lima, 2003, p. 132.

[116] Landa, César, op. cit., p. 140.

[117] Brown, Wendy, Ibid.

[118] Brown, Wendy, Ibid.

[119] Kliksberg, Bernardo; “América Latina: la región más desigual”, en Democracia/Estado/Ciudadanía: Hacia un Estado de y para la Democracia en América Latina, 2007, Lima, PNUD, p. 60.

[120] Cristobo, Matías; “El neoliberalismo en Argentina y la profundización de la exclusión y la pobreza”, en Revista Margen, 55, Córdova, 2009, p. 2.

[121] Cristobo, Matías, op. cit., p. 5.

[122] Papa Francisco; Exhortación Apostólica Evangelii gaudium, Tipografía vaticana, 2013, pp. 44-51.

[123] Guillén, Cristian; Cómo superar el neoliberalismo, alternativa emancipadora, Editorial Horizonte, Lima, 2006, p. 193.

[124] Guillén, Cristian, op. cit., p.195.

[125] Salama, Pierre; “La trama del neoliberalismo: mercado, crisis y exclusión social”, Capítulo IV. En Emir Sader y Pablo Gentili (compiladores), La trama del neoliberalismo. Mercado, crisis y exclusión social. Buenos Aires: CLACSO, Editorial Universitaria de Buenos Aires,  pp. 96-97.